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Detectan irregularidades en la campaña de Roldolfo Hernández

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez y a su esposa, Socorro Oliveros, por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial del exfuncionario.

De acuerdo con el ente acusador, el posible aporte de recursos indebido se hizo de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

Para entonces, la esposa del exalcalde fungió como su gerente de campaña.

“La investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que la gerente de la campaña permitió que el excandidato presidencial realizara aportes en dinero a su propia campaña, a pesar de haber sido acusado penalmente en mayo de 2021″, precisó el ente acusador en un comunicado.

Socorro Oliveros habría permitido que Rodolfo Hernández aportara dinero a su propia campaña a pesar de que estaba acusado penalmente – crédito Campaña Rodolfo Hernández

El dinero que habría ingresado a la campaña de manera irregular corresponde a $127 millones, aportados directamente por el candidato, siendo él una fuente prohibida para dicho fin. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó a los procesados el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Por su parte, Rodolfo Hernández fue acusado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

La condena contra Rodolfo Hernández

El excandidato presidencial afrontó otro proceso penal por el caso Vitalogic revelado por Corrillos y por el cual ya fue condenado.

El exalcalde de Bucaramanga fue acusado de haber cometido el delito de interés indebido en la celebración de contratos y, en consecuencia, sentenciado a una pena de más de cinco años de casa por cárcel. También quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por 88 meses.

“Toda vez que Rodolfo es una persona mayor de 79 años y se le concede el beneficio de detención domiciliaria con la pena de 64 meses y una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes”, explicó el juez durante la audiencia.

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