La política pública ambiental internacional, debe ser real, que influya en Colombia para superar las barreras que impiden avanzar en la conservación de la biodiversidad.
Por: Alexander Mateus Rodríguez | Después de la segunda guerra mundial se fortaleció la idea de creación de instituciones supranacionales para favorecer la cooperación entre estados. Siguiendo ese mismo pensamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció el derecho a un medio ambiente saludable como «fundamental para la existencia de la humanidad»[1]. Cuando hablamos de existencia, inmediatamente involucramos la importancia de proteger el derecho a la salud, integridad y vida de las personas. Por ello, insistimos en la necesidad de construir sistemas supranacionales para la protección del ambiente, Tribunales internacionales que resuelvan oportunamente los conflictos relacionados con la degradación ambiental.
La Supranacionalidad[2] constituye un imperativo en la lucha contra la degradación ambiental[3]. Por ello, se ha conceptuado que el concepto de supranacionalidad implica que los estados miembros transfieran, a un organismo internacional, determinadas atribuciones nacionales que permiten que el órgano supranacional expida normas con vocación de integrar el derecho interno de cada uno de los países miembros «C.C Sentencia C-331 de 1996».
Lo anterior, nos permite entender que contamos con diversos instrumentos para superar los conflictos ambientales que se encuentran sin solución, como se exige en estos temas, ser determinados en asumir posturas anticipadas que detenga la degradación ambiental. Sin embargo, estos problemas -que constituyen notables inconvenientes de salud pública- no son abordados con la agilidad, eficiencia, eficacia y no se emplean los recursos destinados para conjurar la crisis que representan cada pasivo ambiental.
Especialmente en Santander Colombia, la protección del medio ambiente, de la vida, del recurso hídrico, la calidad del aire y la ausencia de cuidado de las especies en vía de extinción. Además, existe un déficit injustificado en la protección del medio ambiente o salvaguarda de ecosistemas estratégicos.
La realidad ambiental de Barrancabermeja, tampoco se escapa de la mora judicial en temas ambientales. Particularmente desde el 2015, se han promovido diversas acciones constitucionales, que van desde el mecanismo de tutela por vertimientos ilegales en cuerpos de agua, acciones de grupo contra la hidroeléctrica de Sogamoso, Santander, hasta medios de control de nulidad contra las licencias otorgadas por la Corporación Autónoma de Santander, que autorizaron la construcción y operación dos rellenos sanitarios en zonas de alta importancia ecológica; y con todo ese activismo judicial no se han obtenido buenos resultados, el agua destinada para el consumo humano continúa con altos niveles de metales pesados.
Los derrames de crudo sobre los cuerpos de agua, se han convertido en noticias habituales, que nadie investiga, ni se establecen medidas que impidan la prolongación y repetición del evento ocurrido entre el 2 y el 3 de marzo de 2018, durante el proceso de mantenimiento del Pozo Lizama 158, donde no se activó oportunamente el correspondiente plan de contingencia, produciendo las consecuencias conocidas actualmente. Los vertimientos diarios de productos derivados del petróleo en los cuerpos de agua de nuestra ciudad.
Contamos con instrumentos internacionales, que pueden hacer efectiva la protección del Medio Ambiente, entre ellos se encuentra la Declaración de Estocolmo para la Preservación y Mejoramiento del Medio Humano de la Conferencia de las Naciones Unidas de 1972. La Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas de 1982, y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptado en 1987, firmado por 196 participantes.
También se cuenta con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas de 1992. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992. El Protocolo de Kyoto de las Naciones Unidas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 1997. La Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de 2000. Y el Acuerdo de Copenhague de 2009, que permiten obtener resultados oportunos en materia ambiental.
Virtuosamente la Corte Europea de Derechos Humanos, en fallos relativos a la protección del ambiente y su conexidad con la salud pública, ha enseñado:[4]
5.5.1. En el caso Oneryildiz vs. Turquía[5], dicha Corte Europea determinó que “la obligación de respetar los derechos incluía el deber positivo de actuar para asegurar el resguardo de los derechos de las personas bajo su jurisdicción”. Oneryildiz, basurero en Estambul, generó una explosión de metano que afectó a una población adyacente, causando la muerte de 39 personas. Esa Corte señaló que las empresas responsables del manejo de los detritos, tenían la obligación de adoptar pasos apropiados para salvaguardar la vida de las personas, más aún cuando se trate de “actividades industriales, que por su propia naturaleza son peligrosas”.
5.5.2. En el caso López Ostra vs. España[6], las autoridades permitieron la instalación de una planta contaminante en tierras propiedad del municipio de Lorca (Murcia), con subsidios del Estado. Aunque las autoridades relocalizaron sin costo a los residentes y suspendieron parcialmente ciertas operaciones de la planta, se permitió su funcionamiento por años, afectando a los peticionarios. (….)
5.5.3. En el caso Fadeyeva vs. Rusia[7], la Corte Europea determinó que el Estado ruso, a pesar de no haber causado de manera directa las violaciones contra derechos de pobladores de la ciudad de Cherepovets, generadas por una fábrica allí ubicada, si estaba en posibilidad de conocer que la contaminación se estaba produciendo. (…)
5.5.4. Frente al caso Taskin y otros vs. Turquía[8], la Corte Europea estableció responsabilidad del Estado en violación de derechos humanos, al no considerar los posibles peligros a los que se exponía a la población al permitir actividades mineras (carboníferas), aún sin que se haya comprobado daños a la salud o a los hogares de los demandantes.
(…)
5.5.5. Otro caso relevante es Dubetska y otros vs. Ucrania[9], que versó sobre la contaminación procedente de una mina y una planta de procesamiento de carbón, de propiedad del Estado. Los demandantes, residentes en una zona rural muy cercana a dichas instalaciones, fueron expuestos durante años a un alto riesgo de padecer cáncer y enfermedades renales y respiratorias, según los estudios de autoridades nacionales y de diversas entidades privadas, “debido no sólo a la presencia de elevados niveles de concentración de sustancias peligrosas en el aire, sino también a la contaminación de las aguas subterráneas, proveniente de las infiltraciones en las escombreras. Al mismo tiempo, los habitantes sufrían también inundaciones y hundimientos del suelo”[10]. (…)
5.6. Otro caso relevante en el derecho trasnacional fue resuelto por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos[11], al encontrar a Nigeria responsable de violaciones a derechos padecidas por comunidades de Ogoniland, causadas por el vertimiento al ambiente de desechos tóxicos, por parte de la empresa Shell, sin que se tomaran las medidas necesarias para impedir la afectación de las aldeas. Dicha contaminación generó complicaciones de salud, incluyendo afecciones en la piel y complicaciones gastrointestinales y reproductivas (…)”
En materia de internacionalización de las relaciones ecológicas (artículo 226 superior) y la degradación ambiental, la Corte ha señalado que: “La protección del medio ambiente, dentro del derecho internacional, se ha intensificado paralelamente con el desarrollo de la legislación interna de la mayoría de los países, como respuesta a la creciente degradación del mismo y las amenazas de una evidente degradación futura”.
También ha dicho la corte que: “Estas actividades, desarrolladas especialmente desde el siglo anterior, cuando los procesos industrializados y la población mundial se aceleraron tan abruptamente, ejercidas sin un criterio de sostenibilidad, generan un impacto negativo sobre los recursos naturales y el ecosistema global. Dichos impactos sobre el medio ambiente son evidentes: polución terrestre, aérea y marina, lluvia ácida, agotamiento de la capa de ozono, calentamiento global, extinción de especies de fauna y flora, degradación de hábitats, deforestación, entre muchos otros” -Cft. Sentencia C-750 de 2008.
Para la Corte: «la soberanía de los Estados implica su autodeterminación y la consecuente defensa de intereses particulares, enmarcados dentro del límite de sus fronteras políticas, la degradación del medio ambiente, al desbordar estas fronteras, se convierte en un problema global. En consecuencia, su protección se traduce en un propósito conjunto de todos los Estados, que a su vez se preparan para enfrentar un futuro común.»[12]
De lo anterior se concluye que es necesario establecer acciones afirmativas que protejan la naturaleza, el medio ambiente, y la ecología, que se encuentran indisolublemente ligados al derecho a la vida en condiciones dignas, salud, trabajo, e Interés Superior del Ambiente Sano para la Subsistencia de la Humanidad, a través de la aplicación de criterios o estrategias de desarrollo económico sostenible.
El litigio internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se contempla como el medio judicial más eficaz para la protección del medio ambiente. Contamos con innumerables decisiones emanadas de altos tribunales, donde reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, que tiene derechos propios, fundamentales, que pueden ser exigidos de forma autónoma, pero realmente no vemos los resultados que deben producir los pronunciamientos de los jueces constitucionales.
Dentro de las distintas acepciones jurídicas del concepto responsabilidad, resulta inaplazable determinar la responsabilidad civil, penal y administrativa de las entidades públicas y privadas que han permitido, tolerado y generado los grandes pasivos ambientales que afronta la nación. Los sectores que propenden por la preservación del medio ambiente, se encuentran en mora de pasar del contexto local a la defensa internacional del Medio Ambiente, para garantizar a las futuras generaciones mejores condiciones de vida.
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*Abogado especialista en Derecho Administrativo, egresado de la Universidad Santo Tomas, Seccional Bucaramanga. Funcionario de la Rama Judicial.
E-mail: alexandermateusrodriguez@gmail.com.
Esta columna encierra el pensamiento del autor, en ningún caso es la posición de Río Grande.
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Opinión consultiva oc-23/17. Ver.
[2]La Supranacionalidad deriva de la combinación de dos voces, “supra”, adverbio latino que significa sobre, arriba, más allá, y “nacionalidad”, que significa pertenencia permanente y pasiva de un individuo a un Estado.
[3] Aldo Servi, Protección del Ambiente y Supranacionalidad. Ver.
[4] Análisis destacado en la Sentencia T-154 de 2013. Los casos fueron tomados por la Corte Constitucional del sitio web.
[5] Sentencia de noviembre 30 de 2004, aplicación N° 48939/99, párr. 71 & 89.
[6] Sentencia de noviembre 23 de 1994, aplicación N° 16798/90.
[7] Sentencia de junio 9 de 2005, aplicación N° 55723/00.
[8] Sentencia de noviembre 10 de 2004, aplicación N° 46117/99.
[9] Sentencia de febrero 11 de 2011, aplicación N° 30499/03.
[10] Jurisprudencia al día. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Contaminación industrial. Ver.
[11] Comisión Africana, Comunicación N° 155-96 (2001), Social and Economic Rights Action Centre and the Centre for Economic and Social Rights v. Nigeria.
[12] Sentencia C-671 de 2001. Cft. C-750 de 2008.
