Written by 10:26 am ANÁLISIS

Victorias y derrotas: reformas del gobierno Petro en el Congreso

El Gobierno sacó adelante la reforma pensional, pero naufragaron las reformas a la salud y a la educación. La reforma laboral se salvó, pero debe superar tres debates más para convertirse en ley.

El presidente Gustavo Petro llegó al poder con cuatro grandes promesas de campaña: cambiar de raíz el sistema de salud, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los ciudadanos y garantizar una pensión básica para millones de adultos mayores pobres.

Hoy, cuando se cumple el segundo de los cuatro años legislativos de su mandato, el balance de su cumplimiento es agridulce. El presidente ha conseguido una victoria histórica, pero ha sufrido dos derrotas y arañado un empate.

El Congreso de la República aprobó su reforma pensional, pero hundió las de salud y la educación. La reforma laboral se salvó a última hora, y aún debe superar tres debates antes de convertirse en ley.

Los últimos meses de las sesiones, el ambiente se enrareció por el gran escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que los exdirectivos Sneyder Pinilla y Olmedo López han acusado a los presidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara de Representantes, Andrés Calle, de recibir multimillonarios sobornos para acelerar el trámite de las reformas.

Tras una parálisis de varias semanas, la ausencia de pruebas contundentes contra los congresistas permitió que las reformas siguieran su curso.

La aprobación de la reforma pensional por la plenaria de la Cámara de Representantes el viernes anterior es el mayor cambio que se ha hecho en los últimos 30 años al sistema de seguridad social colombiano. Esa victoria del Gobierno aleja la acusación del presidente y varios de sus cercanos de que el Congreso se oponía de plano a cualquier transformación, de que realizaba un bloqueo institucional.

El presidente Petro lo reconoció desde Suecia, tras conocer el resultado de la votación en la Cámara: “Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo. Dos millones de personas que dieron su vida trabajando recibirán un bono pensional digno en su tercera edad. Es un hecho histórico y se hizo con el Congreso de la República. La posibilidad de un gran acuerdo nacional revive”, escribió en su cuenta de X el primer mandatario de izquierdas en la historia moderna de Colombia.

El proyecto, que busca fortalecer el fondo público de pensiones y aumentar las personas en edad de pensión que tienen una jubilación, de alrededor del 25% a un 75%, entrará en vigencia en julio de 2025.

El trámite de esta reforma, liderado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, muestra que los acuerdos son claves para que las reformas avancen en un Congreso sin mayorías claras ni del oficialismo ni de la oposición.

Ramírez y los congresistas ponentes del Pacto Histórico, la coalición del presidente, priorizaron los pactos con las bancadas independientes, incluso por encima de los deseos del presidente. La reforma logró el apoyo de las mayorías de congresistas de los partidos Liberal, la U y Conservador, al mantener el umbral hasta el cual los ciudadanos deberán contribuir al fondo público Colpensiones en 2,3 salarios mínimos.

El presidente prometió en campaña, e insistió durante el trámite en el Congreso, en que debería ser de 4 salarios mínimos. El Gobierno también cedió en la petición de los partidos tradicionales e independiente para que el dinero ahorrado para las pensiones no fuera administrado por Colpensiones, una entidad cuya cabeza define el Ejecutivo, sino una junta directiva conformada por los ministros de Hacienda y Trabajo, el director de Planeación Nacional y cuatro expertos seleccionados por el Banco de la República, una entidad independiente.

Esta actitud de conciliación se repitió con éxito en la salvación a última hora de la reforma laboral, que logró las mayorías en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en la última semana de legislatura.

La bancada de Gobierno logró que se aprobaran artículos importantes para recuperar los derechos individuales de los trabajadores formales, a costa de hundir los derechos sindicales y colectivos que incluía la reforma original. Esta decisión, ceder en una de las columnas vertebrales del proyecto, permitió que los congresistas de partidos independientes apoyaran el proyecto. Aunque aún le faltan tres debates para ser ley, el hecho de que no se haya hundido evita una derrota de Petro.

Entre los principales puntos aprobados están el aumento de dos horas de la jornada nocturna, que con la reforma empezará a las 7pm en lugar de las 9pm actuales; el pago del 100% por el trabajo en el día de descanso obligatorio, que hoy es del 75%; y el pago del 100% del salario mínimo a los y las aprendices del SENA. La reforma, además, establece el contrato a término indefinido como regla en la contratación laboral, por encima de la prestación de servicios y la tercerización; aumenta la licencia de paternidad de dos a seis semanas; y garantiza un contrato y un jornal agropecuario, un beneficio para más de un millón de campesinos que hoy en día están en la informalidad.

Ese triunfo histórico y el empate en la laboral, contrastan con la profunda derrota que sufrió el Ejecutivo en la mitad del periodo legislativo, cuando la Comisión Séptima del Senado hundió por mayoría absoluta su reforma a la salud, la que el mismo presidente había priorizado. Esa caída ha sido el fracaso político más duro que ha sufrido Petro en lo que va de su Gobierno, pues la fallida reforma fue durante varios meses su obsesión.

La insistencia en cambiar de raíz un sistema con problemas y logros le generó la primera gran crisis en el gabinete, que devino en la salida de los ministros más moderados: Alejandro Gaviria de Educación, Cecilia López de Agricultura y José Antonio Ocampo de hacienda, y en la decisión del presidente de romper una coalición legislativa mayoritaria que le aprobó una ambiciosa reforma tributaria.

La reforma a la salud que pretendía, entre otras cosas, eliminar la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que el dinero pasara directamente del Estado a las clínicas y hospitales, se hundió en parte por la intransigencia del Gobierno y por la actitud de confrontación de los ministros de Salud, primero Carolina Corcho y en su recta final Guillermo Alfonso Jaramillo.

La caída de la reforma a la educación fue otro golpe duro para el presidente, sobre todo porque hasta hace pocas semanas era el proyecto que parecía tener más apoyos. Incluso, en el tercer debate en el Senado, logró un acuerdo sin precedentes con la oposición para que el proyecto pasara por unanimidad. Sin embargo, ese logro fue el germen de su naufragio.

Los cambios incorporados por el Pacto con el uribista Centro Democrático y el centroderechista Cambio Radical generaron el rechazo inmediato del sindicato de maestros, Fecode.

“Fue a espaldas de nosotros, a puerta cerrada y por asalto”, dijo en su momento Martha Rocío Alfonso, secretaria de Relaciones Internacionales y portavoz de una de las bases de poder del presidente y de la izquierda en general. Para los maestros, algunas cosas eran innegociables: menciones al sector privado y un “sistema mixto”, evaluaciones de docentes con base en el desempeño de los estudiantes, definiciones de la educación como un “servicio público esencial” y la inclusión de la “educación terciaria”.

Al final, el proyecto que buscaba garantizar la educación como un derecho fundamental para todos los ciudadanos se hundió en el Congreso.

El presidente enfrenta el reto, en la próxima legislatura, de sacar adelante las dos reformas que se hundieron y una al sistema de justicia. El panorama, sin embargo, no es alentador. En el tercer año de mandato siempre es difícil que los Gobiernos logren aprobar sus proyectos de ley, pues se acercan las elecciones siguientes.

En este caso, habrá un escollo adicional: el Partido Conservador ya anunció oficialmente que el próximo presidente del senado será Efraín Cepeda, uno de los mayores opositores que tiene el Gobierno en la tradicional formación de derecha. Además, es probable, que la vicepresidente de esa corporación sea la uribista Paloma Valencia. Con esa mesa directiva, más la puja en la Cámara entre varios congresistas de la variopinta bancada verde, las reformas que aún no se han aprobado enfrentan un panorama complejo.

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