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Senado aprueba la reforma pensional pese a las marchas contra Petro

Con votos liberales y de La U, la plenaria le da el visto bueno a la reforma del Gobierno que busca cambiar de raíz el sistema de pensiones. Al proyecto le faltan dos debates en la Cámara de Representantes para ser ley.

El Senado de la República ha aprobado en la noche de este martes la reforma pensional propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. Las marchas multitudinarias del domingo contra el presidente y sus políticas no lograron el efecto concreto en el Congreso que buscaba la oposición.

Aunque hubo críticas y voces de protesta en la discusión de este lunes y martes, los votos no cambiaron. Una mayoría integrada por 9 de los 13 senadores liberales y 7 de los 10 del Partido de la U, más las bancadas del oficialista Pacto Histórico, la Alianza Verde, Comunes y En Marcha, se mantuvo firme en el apoyo al proyecto de ley que busca transformar de raíz el sistema de jubilación para millones de colombianos.

Algunos senadores del Partido Conservador votaron en contra, pero fueron claves para lograr el cuórum decisorio. Al final, el Gobierno logró sumar 49 votos positivos contra 4 negativos. Esta es hasta ahora la mayor victoria política de Petro en el Congreso desde finales de 2022, cuando tenía una coalición más amplia y más fija, que aprobó una ambiciosa reforma tributaria.

Para convertirse en ley, el proyecto que pretende fortalecer el fondo público de pensiones y cambiar el sistema actual por uno de pilares tiene que ser aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y después en la plenaria.

El problema, ahora, es el tiempo. Los dos debates deben haber terminado con éxito antes del 20 de junio, cuando se acaba el periodo legislativo, en menos de dos meses.

El Gobierno, sin embargo, puede convocar a sesiones extras por otro mes y en la Cámara le es más fácil conseguir las mayorías. Allí Petro ya logró que le dieran el visto bueno a su controvertida reforma a la salud, que el Senado tiene prácticamente hundida. Lo esperable es que con la pensional, que ha logrado más consensos en distintos sectores de la sociedad, no haya inconvenientes.

El presidente ha insistido en el impacto social que busca el proyecto: “Si se aprueba la reforma pensional, 2.500.000 de personas tendrán un bono pensional de 223.000 pesos”, dijo en su cuenta de X antes de la votación.

La decisión de la plenaria del Senado de avalar la reforma pensional llega en un momento difícil para el Gobierno. Le da un respiro a un Petro que parecía arrinconado por las marchas del domingo, las derrotas en el Legislativo, las investigaciones de financiación ilegal de su campaña y los señalamientos de corrupción contra familiares y funcionarios cercanos.

La aprobación de los congresistas a una de sus tres grandes reformas sociales también significa que no hay un bloqueo del Legislativo contra sus iniciativas, como ha argumentado el presidente a raíz de la caída de su reforma sanitaria. Demuestra, además, que ceder en puntos importantes de sus proyectos permite lograr acuerdos.

Una de las claves del éxito con esta reforma ha sido la capacidad de negociación de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la habilidad del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para volver a acercar a senadores que se habían alejado del Gobierno. El acuerdo con los liberales y miembros de La U fue definitivo para revivir unas mayorías que fueron esquivas durante todo 2023, y partía del hecho de que el esquema que plantea la propuesta no era visto en sí mismo con malos ojos.

Hoy en día en Colombia conviven dos sistemas para pensionarse, con reglas distintas. En uno se cotiza a un fondo público y el monto de la pensión es un promedio de los últimos años de aportes, lo que implica un subsidio estatal para llegar a esa cifra. En otro, la persona envía sus ahorros a un fondo privado, donde tiene una cuenta individual, y se pensiona a partir de todo lo que haya ahorrado.

El resultado es confusión, y pocas pensiones: 3 de cada 4 personas en edad de jubilarse no tienen pensión. La propuesta del Gobierno es que todos aporten al fondo público hasta cierto tope, y a partir de allí ahorren en los fondos privados, lo que aclara el esquema y libera recursos públicos para dar auxilios a los adultos mayores sin pensión.

El debate, y el acuerdo, se logró especialmente en dos grandes puntos.

El primero fue bajar el umbral de cotización al fondo público de 3 salarios mínimos, como proponía el Gobierno, a 2,3 salarios, como querían los liberales y los de la U; eso deja más juego y negocio para las empresas que administran los fondos privados, y reduce los subsidios públicos.

El segundo fue determinar que el dinero ahorrado para las pensiones futuras no lo administrará Colpensiones, el fondo público cuya cabeza define el Gobierno de turno, sino una especie de junta directiva conformada por los ministros de Hacienda y Trabajo, el director de Planeación Nacional y cuatro expertos seleccionados del Banco de la República.

La reforma pensional, que debe empezar su trámite en la Cámara en 15 días, busca solucionar la falta de protección a los dos millones y medio de adultos mayores pobres que no tienen acceso a la pensión. El proyecto que fue aprobado este martes tendrá un único sistema, administrado por Colpensiones, y tres pilares: el solidario, el semicontributivo y el contributivo.

El viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, explica que en el pilar solidario estarán los colombianos en edad de pensionarse que estén en estado de vulnerabilidad.

“Van a recibir una transferencia económica no condicionada de 223.000 pesos mensuales”, dijo.

Así, se mejoraría la cobertura en protección a la vejez, que hoy ronda el 24% de las personas en edad de jubilación, y se reduciría la pobreza extrema. La cifra de 223.000 pesos de la llamada renta solidaria es el valor de la línea de pobreza por persona en Colombia para 2024. Se proyecta que a este pilar ingresarán, desde el inicio, 2,7 millones de adultos mayores.

El segundo pilar, el semicontributivo, está dirigido a quienes han cotizado al sistema, pero no lograron los requisitos necesarios para recibir una pensión de jubilación. Estas personas recibirán una renta vitalicia, calculada a partir de sus ahorros más intereses del 3% anual, y un subsidio estatal del 20% en el caso de los hombres y del 30% en el caso de las mujeres.

Con la puesta en marcha de estos dos pilares se espera que en el primer año de aplicar la reforma, la cobertura llegue al 53.73% de las personas en edad de jubilarse (4.662.000 personas aproximadamente) y que para 2052 llegue al 87% (más de 13.700.000 personas).

El tercer pilar, el contributivo, establece que quienes están cotizando deberán hacer un aporte obligatorio al fondo público por sus ingresos hasta 2,3 salarios mínimos, más o menos 2,9 millones de pesos, y lo restante lo llevarán a los privados. Con esta medida, se garantiza un aumento del recaudo del fondo público y se reducen los subsidios estatales a las pensiones altas, sin eliminar los fondos privados.

Para los críticos, la reforma reduce los ingresos y los afiliados de los fondos hasta el punto de que pueden ser insostenibles, una situación menos aguda con el acuerdo que salvó la reforma. Si finalmente el proyecto de ley se aprueba en la Cámara, entrará en vigencia desde el 1 de julio de 2025.

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