Algunos medios de comunicación parecen haber confundido su función social con el poder de gobernar. En lugar de informar, investigar y contrastar, pretenden imponer agendas a alcaldes y gobernadores, presionarlos políticamente y convertir la opinión en instrumento de confrontación. Barrancabermeja representa un caso que merece reflexión.
Por: Juvenal Bolívar | El periodismo es indispensable para la democracia. Sin medios de comunicación libres, críticos e independientes, la sociedad perdería una de sus principales herramientas para vigilar el poder, denunciar la corrupción y exigirles resultados a quienes administran los recursos públicos. Precisamente por esa importancia, preocupa que algunos medios pretendan ir más allá de sus responsabilidades y terminen comportándose como actores políticos que buscan determinar el rumbo de los gobiernos locales.
Una cosa es ejercer el periodismo crítico y otra muy distinta es intentar gobernar desde una página web, un micrófono o una sala de redacción. La primera conducta constituye una responsabilidad democrática; la segunda puede convertirse en una distorsión del oficio cuando se pretende sustituir la voluntad popular por los intereses, las preferencias o las presiones particulares de quienes controlan un medio.
Los alcaldes y gobernadores no son infalibles. Pueden equivocarse, incumplir promesas, tomar decisiones inconvenientes y cometer errores que merecen cuestionamientos públicos. Tienen, además, la obligación de responder por sus actuaciones y someterse a los controles legales e institucionales. Pero ninguna de esas responsabilidades significa que deban gobernar conforme a los deseos de un periodista, las exigencias de un portal informativo o la línea editorial de un medio que pretende atribuirse una representación política que no tiene.
La Constitución y las leyes establecen las reglas de la democracia colombiana. Los mandatarios locales llegan al poder mediante elecciones y ejercen sus competencias dentro de los límites constitucionales y legales. No reciben un mandato para satisfacer a los medios, sino para cumplir un programa de gobierno, atender las necesidades ciudadanas y responder ante los organismos de control y la sociedad.
Barrancabermeja y el chantaje de opinión
En Barrancabermeja, esta discusión adquiere especial relevancia ante el comportamiento de algunos medios virtuales que, en lugar de contribuir al debate público mediante información verificada y contextualizada, parecen privilegiar la confrontación permanente con el gobierno municipal. La crítica es legítima; lo cuestionable es convertirla en una estrategia sistemática para presionar al mandatario o condicionar sus decisiones.
Cuando la información se utiliza para intimidar políticamente, cuando las publicaciones parecen responder más a una disputa de intereses que a una investigación periodística y cuando la crítica pierde el equilibrio necesario para comprender los hechos, surge una práctica que podría describirse como chantaje de opinión. No se trata de afirmar que toda denuncia incómoda sea una presión indebida, ni que un medio crítico actúe necesariamente por intereses particulares. Se trata de advertir que la libertad de prensa también exige responsabilidad y que las actuaciones concretas deben examinarse con pruebas, contexto y rigor.
La preocupación aumenta cuando el protagonismo del medio parece importar más que el interés público. Algunos comunicadores pueden terminar creyendo que su influencia consiste en obligar al alcalde a responder a cada publicación, modificar sus prioridades ante cada cuestionamiento o someter su gestión a las exigencias editoriales de quienes se presentan como guardianes exclusivos de la moral pública.
¿Desde cuándo una sala de redacción tiene la facultad de establecer las prioridades de una administración municipal? ¿En qué momento la capacidad de publicar una denuncia se convirtió en una supuesta autorización para decidir cómo debe gobernarse una ciudad?
Los medios tienen derecho a cuestionar, investigar y denunciar. Lo que no pueden reclamar es una autoridad política que no les ha sido conferida por los ciudadanos. Y si existen indicios de que una publicación busca obtener dádivas, beneficios o ventajas particulares mediante presiones, corresponde investigar esos hechos y establecer responsabilidades con evidencias, no reemplazar la prueba por sospechas ni convertir una acusación en condena.
La crítica es necesaria, la manipulación no
El periodismo no está obligado a ser complaciente. Tampoco tiene que repartir elogios y cuestionamientos en cantidades idénticas para aparentar imparcialidad. Una investigación sobre corrupción no necesita inventar argumentos favorables al funcionario investigado para cumplir con la ética profesional. Lo que exige es verificar los hechos, contrastar las versiones pertinentes, presentar las evidencias disponibles y distinguir entre información, interpretación y opinión.
El equilibrio informativo no consiste en concederles a todas las partes el mismo espacio de manera automática. Consiste en ofrecer a la audiencia elementos suficientes para comprender los acontecimientos, escuchar las respuestas relevantes y evaluar la solidez de las afirmaciones. Un periodista puede ser severo con un gobernante si los hechos lo justifican. Lo que no resulta aceptable es presentar como verdad comprobada lo que apenas constituye una sospecha, ocultar deliberadamente información relevante o utilizar titulares y publicaciones para inducir a la audiencia a una conclusión previamente decidida.
La ética periodística también exige reconocer los conflictos de interés. Si un medio tiene diferencias personales, económicas o políticas con un mandatario, debe evitar que esas circunstancias contaminen la información. Si recibe beneficios que comprometen su independencia, debe enfrentar las consecuencias éticas y, cuando corresponda, legales. La credibilidad no puede convertirse en moneda de cambio.
En este punto, conviene recordar algo elemental: un medio de comunicación no es un partido político, aunque sus periodistas tengan opiniones y preferencias electorales. La libertad de expresión ampara esas convicciones, pero no las convierte automáticamente en información ni autoriza a disfrazar una estrategia de oposición con el lenguaje de la investigación periodística.
La sociedad necesita medios capaces de incomodar al poder sin convertirse ellos mismos en un poder arbitrario. Necesita periodistas que pregunten, documenten, investiguen y denuncien, pero que también estén dispuestos a reconocer errores, rectificar información falsa y publicar hechos que contradigan sus propias convicciones.
Una lección para los futuros periodistas
Como docente universitario, me preocupa que los estudiantes de Comunicación Social puedan observar estos comportamientos y llegar a la conclusión equivocada de que ejercer el periodismo significa confrontar permanentemente al gobernante, imponerle una agenda o medir el éxito profesional por la capacidad de generar escándalos y obligar a los funcionarios a reaccionar.
Esa no es la esencia del oficio. Un periodista no se gradúa para convertirse en adversario automático de un alcalde, así como tampoco para ser su defensor, relacionista público o instrumento de propaganda. Se forma para comprender la realidad, investigar los acontecimientos, verificar la información, escuchar a las fuentes y entregar a la ciudadanía elementos confiables para interpretar lo que sucede.
El verdadero poder del periodista no está en lograr que un mandatario obedezca sus preferencias, sino en revelar hechos que la sociedad necesita conocer. Su mayor aporte no consiste en conseguir que un funcionario cambie una decisión por presión mediática, sino en demostrar, mediante argumentos y evidencias, por qué esa decisión perjudica o beneficia a la comunidad.
Los lectores, oyentes y televidentes tienen la capacidad de formar su propio criterio. No necesitan que un comunicador les imponga una conclusión ni que una publicación convierta una diferencia política en una verdad incuestionable. Necesitan información suficiente, verificable y comprensible para decidir qué pensar y qué posición asumir.
Por supuesto, los medios pueden fijar temas en la agenda pública. Esa capacidad forma parte de su influencia social y puede resultar valiosa cuando permite visibilizar problemas ignorados por las autoridades. Pero identificar un asunto de interés público no es lo mismo que imponerle al gobernante una decisión determinada. Una cosa es exigir explicaciones sobre el estado de un hospital, la ejecución de una obra o el manejo de los recursos; otra, pretender que el mandatario actúe según las conveniencias de quien publica la crítica.
Quien tenga aspiraciones de orientar el destino político de su municipio puede participar en los espacios democráticos disponibles. Puede organizarse, presentar propuestas, vincularse a una colectividad y, si cumple los requisitos legales, aspirar a un cargo de elección popular. Si un periodista decide dar ese paso, deberá asumir las responsabilidades propias de la política y someter sus ideas al juicio de los ciudadanos.
No tiene sentido convertir el medio de comunicación en una plataforma de presión permanente mientras se reclama para sí una autoridad que solo las urnas pueden conferir a los representantes políticos.
La democracia no admite dueños de la opinión
Un alcalde puede ser bueno o malo; un gobernador puede acertar o equivocarse. La ciudadanía tiene el derecho de evaluar sus resultados, y los medios, la obligación de examinar su gestión sin concesiones indebidas. Pero la libertad de gobernar dentro de la Constitución y la ley no puede confundirse con la obligación de obedecer a los intereses editoriales de quienes ejercen la crítica pública.
Barrancabermeja necesita periodismo serio, no una competencia por ver qué medio consigue mayor protagonismo enfrentándose al gobierno de turno. Necesita investigaciones que expliquen los problemas de la ciudad, revelen las responsabilidades cuando existan pruebas y contribuyan a que la ciudadanía comprenda las consecuencias de las decisiones públicas. Lo que menos necesita es que la información se convierta en un campo de batalla donde los intereses particulares se confundan con las causas colectivas.
La pregunta de fondo no es si los periodistas deben criticar a los mandatarios. Por supuesto que deben hacerlo cuando los hechos lo ameriten. La pregunta es si están dispuestos a respetar los límites éticos que hacen legítima esa crítica y a reconocer que su función no consiste en reemplazar la voluntad democrática.
Porque cuando un medio deja de investigar para presionar, deja de contrastar para condenar anticipadamente y deja de informar para imponer, no está fortaleciendo la democracia: está debilitando la confianza pública en el periodismo.
El periodismo no puede convertirse en una oposición política sin votos, ni en un mecanismo de presión al servicio de intereses particulares. Su misión es vigilar el poder, no apropiarse de él. Y quienes formamos a las nuevas generaciones de comunicadores tenemos la obligación de enseñarles que la independencia no consiste en estar siempre contra el gobernante, sino en no estar sometidos a nadie. Ni al alcalde, ni al gobernador, ni a los empresarios, ni a los partidos, ni a las propias ambiciones de protagonismo. Cuando el periodista olvida esa frontera, la sociedad pierde mucho más que una noticia: pierde una garantía esencial para su democracia.
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*Comunicador Social, MBA con concentración en Marketing Digital, Doctorante en Educación, Diplomado en Marketing Político y docente universitario.
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