Diez años después de firmado el contrato, la PTAR San Silvestre sigue sin cumplir la promesa de transformar el saneamiento de Barrancabermeja. Ahora, el posible siniestro contractual abre una nueva etapa: determinar responsabilidades, proteger los recursos públicos y establecer si todavía es posible salvar una obra inconclusa.
La historia de la PTAR San Silvestre ya no puede explicarse únicamente como un proyecto retrasado. Lo que hoy aparece sobre la mesa es una combinación de problemas contractuales, financieros, técnicos y administrativos que han impedido que una obra concebida para resolver buena parte del problema de vertimientos de Barrancabermeja entre finalmente en operación.
El punto clave está en el Contrato de Obra Pública 134 de 2016. El proyecto fue concebido para diseñar, construir, suministrar equipos electromecánicos, poner en marcha y operar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre. El valor inicial superaba los $115.000 millones, pero las modificaciones y aportes posteriores llevaron la inversión del proyecto a más de $180.000 millones.
El objetivo tampoco era menor. La PTAR pretende tratar cerca del 90% de las aguas residuales de Barrancabermeja y reducir los vertimientos que afectan el río Magdalena, las ciénagas Miramar y Juan Esteban, las quebradas Las Camelias, Pozo Siete, Las Lavanderas y La Paz, además de los humedales San Silvestre, Palmira, San Judas y El Castillo.
Pero una década después de la firma del contrato, el proyecto continúa sin funcionar.
Los números permiten dimensionar la magnitud del problema. Al 31 de julio de 2026, el avance físico ejecutado y verificado era de 64,57%, mientras el cronograma establecía que debería estar en 98,18%. La diferencia era de 33,61 puntos porcentuales.
Es decir, no se trata simplemente de que la obra esté atrasada unos meses. La brecha entre lo que debía estar construido y lo realmente ejecutado muestra un proyecto que ha perdido capacidad para cumplir sus propios hitos contractuales.
La situación resulta todavía más compleja porque el contrato fue formalmente reiniciado el 5 de noviembre de 2025, después de varios meses de suspensión. La nueva interventoría comenzó labores el 30 de octubre de ese año, luego de que el Concejo Distrital aprobara más de $3.400 millones para financiarla. Sin embargo, el reinicio administrativo no se tradujo en una reactivación física efectiva de las obras.
La paradoja es evidente: se consiguió una nueva interventoría para vigilar la ejecución, pero la obra que debía ser vigilada continuó prácticamente detenida.
La PTAR San Silvestre avanza entre obras, estructuras y grandes movimientos de tierra.
El posible siniestro cambia el escenario contractual
La novedad más importante conocida en septiembre de 2026 es que Aguas de Barrancabermeja estudia la posible ocurrencia de un siniestro relacionado con el contrato de obra.
La situación se originó en los requerimientos de la Unión Temporal PTAR BCA, actual interventoría. Según los documentos incorporados a una respuesta de Aguas a un derecho de petición, desde el inicio de su labor, el 30 de octubre de 2025, la interventoría había enviado once comunicaciones al Consorcio PTAR San Silvestre 2016 solicitando la reactivación física, un Plan Detallado de Trabajo y una programación que permitiera continuar efectivamente la ejecución.
La respuesta institucional es particularmente relevante porque confirma que el posible siniestro no surge de una denuncia política o de una interpretación de un veedor, sino de un análisis contractual sustentado en documentos de la entidad contratante.
Aguas de Barrancabermeja señaló que, mediante oficio del 7 de julio de 2026, solicitó a la interventoría información destinada a establecer el estado actual de avance y cumplimiento del Contrato 134 de 2016, específicamente para estudiar una posible ocurrencia de siniestro amparado por la póliza de cumplimiento vigente.
Aquí existe una precisión jurídica fundamental: estudiar un siniestro no equivale todavía a declararlo.
Tampoco significa automáticamente que la obra quede terminada o que una aseguradora deba pagar una indemnización. Como explicó Raúl Eduardo Barba Rueda, coordinador de la Veeduría Lupa Ciudadana, una eventual determinación deberá someterse al procedimiento establecido en las garantías y en el régimen contractual para establecer si procede hacer efectivas las pólizas.
Sin embargo, para los veedores el momento exige una decisión.
“Primero, pues se celebra uno que se tomen decisiones de fondo. Sin embargo, están demorados. Llevamos meses sin actividad, sin avance de obra”, afirmó Barba, quien considera que una eventual declaratoria podría abrir una salida para salvar lo que todavía puede rescatarse del proyecto.
La interventoría ya había solicitado en julio estudiar la declaratoria de siniestro de las garantías contractuales, después de más de ocho meses de seguimiento sin conseguir el reinicio efectivo. En esa oportunidad, advirtió que correspondía al contratante adoptar decisiones para garantizar la ejecución o determinar las consecuencias contractuales.
La Procuraduría también ha elevado el nivel de vigilancia. En junio de 2026 realizó una visita técnica e inspección a la PTAR para verificar avance físico, ejecución de recursos y dificultades técnicas y contractuales. El Ministerio Público informó que su actuación se produjo en medio de denuncias sobre presuntos retrasos, posibles sobrecostos, manejo de anticipos y demoras contractuales.
La Procuraduría fue explícita en su propósito: salvaguardar el patrimonio público y verificar la correcta destinación de los recursos del Sistema General de Regalías.
La infraestructura incluye tanques circulares y modernas instalaciones para tratamiento de aguas residuales.
El dinero, los proveedores y los equipos forman otra crisis
La discusión contractual no puede separarse de la crisis financiera que arrastra el proyecto.
En abril de 2026, la interventoría y los actores que participan en el seguimiento conocieron un panorama especialmente preocupante: al menos 41 equipos presentaban riesgo crítico y existían dificultades relacionadas con infraestructura, almacenamiento, suministro y condiciones de algunos componentes instalados.
Uno de los puntos más delicados es la Estación de Bombeo de Aguas Residuales, EBAR. Un informe técnico estableció una restricción para no desaguarla completamente debido al riesgo de socavación o inestabilidad del terreno.
A esto se sumaron las obligaciones con proveedores.
En marzo de 2026, representantes de empresas que participaron en el proyecto denunciaron facturas vencidas y falta de respuestas. Cristian Ribón, representante de Agua Fresca Centenario, aseguró: “Nosotros los proveedores venimos afectados con ese proyecto hace más de dos años. Hay facturas con más de año y medio de vencidas”.
La crisis llegó incluso a los accesos de Aguas de Barrancabermeja, donde proveedores y trabajadores protestaron para reclamar pagos y respuestas.
Posteriormente, una mesa de seguimiento estableció que las obligaciones con proveedores superaban los $3.000 millones y que existían procesos ejecutivos y medidas cautelares que afectaban el flujo financiero del contrato.
El propio contratista reconoció que los procesos judiciales promovidos por proveedores habían derivado en medidas cautelares sobre recursos vinculados al contrato, afectando el flujo financiero necesario para continuar las actividades.
En paralelo apareció otra solicitud que terminó siendo determinante: un anticipo superior a $20.000 millones.
El 20 de febrero de 2026, el Consorcio PTAR San Silvestre solicitó un pago anticipado de $20.627 millones. Aguas de Barrancabermeja concluyó posteriormente que no era viable concederlo porque no estaban acreditadas las condiciones técnicas, financieras y contractuales requeridas.
El proyecto ocupa una amplia zona estratégica, rodeada de vegetación y urbanizaciones cercanas.
El problema, entonces, parece tener dos caras.
Por un lado, el contratista sostiene que necesita recursos para retomar la obra. Por el otro, la entidad contratante debe demostrar que cualquier nuevo desembolso tiene respaldo técnico, financiero y jurídico suficiente.
En abril, las entidades habían establecido que la viabilidad del anticipo estaba condicionada a que el contratista demostrara que esos recursos permitirían alcanzar, como mínimo, un 80% de avance físico. El proyecto, sin embargo, permanecía alrededor del 65%.
Así aparece uno de los dilemas centrales de la investigación: ¿debe inyectarse más dinero a un contrato que no ha cumplido sus metas o debe activarse el mecanismo de garantías para buscar una salida contractual?
Ecopetrol, Distrito y ciudadanía enfrentan la misma pregunta
La PTAR San Silvestre no es exclusivamente una obra de Aguas de Barrancabermeja. Su estructura institucional involucra al Distrito y a Ecopetrol, además de recursos públicos y del Sistema General de Regalías.
La propia documentación de Aguas registra el proyecto dentro del convenio entre el municipio, Ecopetrol y la empresa de servicios públicos. En informes institucionales, la entidad ha reportado valores actualizados superiores a $188.000 millones para el proyecto y ha identificado como propósito central la descontaminación de los cuerpos hídricos del Distrito.
Ecopetrol, por su parte, ha incluido la PTAR San Silvestre dentro de sus proyectos relacionados con acceso a agua y saneamiento básico. En su información corporativa señala que la construcción de la planta forma parte de los proyectos destinados a mejorar las condiciones de saneamiento.
La dimensión ambiental también explica por qué el fracaso de la PTAR tendría consecuencias que van más allá de una controversia contractual.
La ciénaga San Silvestre es un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua de Barrancabermeja. De hecho, Ecopetrol, junto con otras instituciones, puso en marcha en 2025 un laboratorio vivo para conservación y transformación socioambiental precisamente alrededor de este ecosistema.
Por eso, resulta difícil separar el futuro de la PTAR de la discusión sobre seguridad hídrica del Distrito.
La Contraloría ya había advertido años atrás sobre las dificultades del proyecto. Un documento de auditoría incorporado por Ecopetrol registró que habían transcurrido años desde los aportes para el diseño y puesta en marcha de la planta sin avances de obra, en medio de indefiniciones técnicas.
La advertencia de los veedores también ha sido persistente. En 2026, Raúl Barba sostuvo que la PTAR corre el riesgo de convertirse en un “elefante blanco” si no se resuelven los problemas técnicos, administrativos y contractuales.
El defensor ambiental Óscar Sampayo fue todavía más contundente en julio, al considerar que una eventual declaratoria de siniestro podría activar las pólizas y permitir que se adopten decisiones contractuales más fuertes.
“Si se declara el siniestro de las garantías contractuales, ello significaría que la entidad encontró configurado un incumplimiento grave por parte del contratista”, explicó Sampayo.
La Procuraduría, entretanto, ha advertido que continuará vigilando la destinación de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
La ciudadanía, por su parte, espera algo mucho más elemental: que la obra termine.
La PTAR San Silvestre avanza entre obras, estructuras y grandes movimientos de tierra.
Aguas de Barrancabermeja ya aceptó convocar una nueva mesa de seguimiento solicitada por Lupa Ciudadana. La reunión fue propuesta para el 8 de octubre de 2026 y contempla la participación de la Alcaldía, Secretaría de Infraestructura, Personería, Procuraduría, Ecopetrol, contratista e interventoría.
La pregunta ya no es únicamente cuánto falta para terminar la PTAR. La pregunta de fondo es cuánto más puede costar esperar.
Después de diez años, más de $180.000 millones comprometidos, un avance físico del 64,57%, proveedores con obligaciones pendientes, equipos sometidos a riesgos, solicitudes de nuevos recursos y un posible siniestro contractual en estudio, Barrancabermeja enfrenta una decisión que ya no admite aplazamientos indefinidos.
La PTAR San Silvestre comenzó como una promesa ambiental. Hoy es también una prueba de capacidad institucional. Y el posible siniestro contractual puede terminar definiendo si la historia continúa como una obra inconclusa o si, finalmente, se abre el camino para rescatarla.
