Hay heridas que no sangran y, sin embargo, permanecen abiertas durante años. Una de ellas es la espera de una víctima que ya tiene reconocido un derecho, pero todavía no puede convertirlo en alivio para su familia.
Por: Elbert Vargas Cubides | En Colombia hay más de diez millones de víctimas registradas. La Unidad para las Víctimas reportó 10.279.191 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas y señaló que durante 2025 destinó $2,5 billones para indemnizaciones administrativas de 220.533 beneficiarios. Son cifras enormes, necesarias para entender la dimensión del conflicto y los esfuerzos del Estado. Pero detrás de cada número existe una historia que no cabe en una estadística.
Yo prefiero contar una de esas historias.
En la vereda Lisboa, en Lebrija, una mujer campesina espera. No quiero convertir su nombre en titular ni su intimidad en espectáculo. Quiero protegerla porque detrás de los documentos hay una familia, hay hijos, hay necesidades y hay una vida que ha tenido que aprender a resistir después del desplazamiento forzado.
Su historia comenzó mucho antes de que yo conociera su caso. Comenzó cuando la violencia obligó a una familia a abandonar su tierra y a reconstruir la vida lejos de aquello que alguna vez llamó hogar. Pasaron los años. Llegaron reconocimientos institucionales. Aparecieron documentos que confirmaban derechos. Pero una cosa es que el Estado reconozca una reparación y otra, muy distinta, que esa reparación llegue a las manos de quien la necesita.
En 2022, un acto administrativo reconoció el derecho a una indemnización administrativa para esta familia víctima del conflicto. Sobre el papel, el derecho estaba allí. En la vida cotidiana, la espera continuaba.
Una resolución no llena una despensa.
Un reconocimiento no paga una deuda.
Un documento no compra los alimentos de mañana.
Esa es la distancia que muchas veces no vemos cuando hablamos de reparación desde una oficina, un informe o una cifra presupuestal. Para quien administra los recursos, una indemnización puede aparecer como un número dentro de una relación de beneficiarios. Para una familia campesina, puede representar comida, transporte, educación, una necesidad médica, una reparación de la vivienda o simplemente unos días de tranquilidad después de tantos años de incertidumbre.
En enero se intentó nuevamente abrir una puerta administrativa. Se presentó una solicitud para conocer el estado del proceso y buscar una respuesta. No se estaba pidiendo un privilegio. No se estaba reclamando un favor. Se estaba preguntando por un derecho que ya había sido reconocido.
Después llegaron los meses.
Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio.
El Estado puede contar los días de un trámite.
La familia cuenta los días sin solución.
El expediente puede conservar documentos.
La familia conserva esperanza.
No hago esta pregunta para desconocer los esfuerzos institucionales. Sería injusto hacerlo. La propia Unidad ha informado que en 2025 se alcanzó una inversión histórica y que durante ese periodo se avanzó de manera significativa en la entrega de indemnizaciones administrativas. Es justo reconocerlo.
Pero una cosa no contradice la otra.
Un Estado puede avanzar y, al mismo tiempo, tener personas que continúan esperando.
Puede entregar miles de indemnizaciones y todavía encontrar familias para las cuales la reparación sigue siendo una promesa.
Puede mostrar resultados generales y, al mismo tiempo, tener una historia particular que necesita ser escuchada.
Y aquí aparece el giro que Colombia no puede seguir evadiendo.
Mientras miles de víctimas continúan esperando la reparación, el país vuelve a colocar la seguridad militar y la confrontación en el centro del debate nacional. El nuevo Gobierno ha definido públicamente la seguridad como un eje fundamental y ha planteado una respuesta más contundente frente a los grupos armados.
No se trata de defender al gobierno anterior ni de condenar al actual. Se trata de hablar de prioridades. Y de historia.
Colombia lleva más de seis décadas atravesada por el conflicto armado. Después de tantos años, la pregunta no debería ser solamente cuánto dinero destinamos a combatir a quienes empuñan las armas, sino cuánto estamos dispuestos a invertir para que las nuevas generaciones no tengan que convertirse en nuevas víctimas.
Un país puede ganar operaciones militares y seguir perdiendo vidas.
Puede aumentar su presupuesto de seguridad y seguir enfrentando nuevas víctimas.
Puede reconocer derechos y seguir dejando personas esperando.
Por eso la pregunta que deja Lisboa debe seguir vigente dentro de veinte años:
¿Puede Colombia volver a gastar enormes esfuerzos en apagar la guerra sin descuidar a quienes llevan décadas esperando que la reparación les permita reconstruir la vida?
La seguridad y la reparación no deberían competir por Colombia. Una necesita de la otra.
Sin seguridad, no hay reparación sostenible. Sin reparación, no hay paz que se sostenga. Sin memoria de las víctimas, no hay futuro que no repita la historia.
En julio de este año, el proceso comunitario del que hoy hace parte RADDES cumplió 28 años. Comenzó en 1998, cuando familias desplazadas de Santander tuvieron que organizarse para pedir ayuda. Desde entonces hemos aprendido que acompañar a una víctima significa caminar a su lado cuando la respuesta no llega.
Veintiocho años después, seguimos encontrando historias parecidas.
Eso debería hacernos pensar.
Si Colombia no consigue equilibrar seguridad, justicia, reparación, prevención y construcción de paz, dentro de veinte años podríamos estar contando una nueva generación de víctimas con las mismas preguntas de Lisboa.
Por eso, en este caso, después de insistir por las vías administrativas, fue necesario acudir a la acción de tutela. Ahora corresponde a la autoridad judicial competente determinar lo que en derecho corresponda.
Mientras tanto, la mujer de Lisboa sigue esperando.
Y eso es precisamente lo que no quiero que perdamos de vista.
Diez millones pueden convertirse en una cifra imposible de imaginar.
Una mujer esperando frente a una puerta que no termina de abrirse sí podemos comprenderla.
El río Sogamoso continúa pasando junto a Lisboa.
No espera una resolución. No necesita un radicado. Simplemente avanza.
El agua avanza. La vida avanza. Los años avanzan.
Lo único que no debería quedarse detenido es el derecho.
Porque después de sobrevivir al desplazamiento, una víctima no debería tener que sobrevivir también a la espera de su reparación.
Y porque detrás de cada número hay una persona que todavía espera que Colombia no solamente recuerde su dolor, sino que también cumpla su promesa de dignidad.
Presidente de la Asociación Nacional Raíces de Dignidad y Desarrollo Sostenible, RADDES. Periodista comunitario y columnista de Río Grande.
Nota: Este texto nace del acompañamiento comunitario a una familia víctima del desplazamiento forzado en la vereda Lisboa, Lebrija, Santander. Se omiten datos personales para proteger su intimidad y seguridad. Los hechos corresponden a información conocida durante dicho acompañamiento. La acción de tutela es un mecanismo constitucional de protección de derechos fundamentales; corresponde a la autoridad judicial competente determinar lo que en derecho proceda.
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*Presidente Asociación Nacional Raíces de Dignidad y Desarrollo Sostenible (RADDES), periodista comunitario – Voz con Dignidad.
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