En los últimos días el MEN publicó un proyecto de modificación del decreto 1075 reglamentario del sector educativo. Entre las modificaciones se incluye la facilidad de contratar a terceros (privados) por parte del Estado para la prestación del servicio educativo. Entre el proyecto político que defiende el presidente De la Espriella, y las afectaciones del reciente terremoto, me pregunto cuál va a ser el lugar de la educación en este gobierno.
Por: Cristian Sandoval Bueno | El próximo 30 de noviembre se cumplen 47 años de la publicación de The Wall, undécimo álbum de estudio de la mítica banda Pink Floyd. Este álbum explora los conceptos de aislamiento y abandono por medio de la figura de un muro. El principal sencillo promocional, The Wall, realiza una crítica al sistema educativo inglés y exclama en su coro: “We don’t need no education (no necesitamos educación). El gobierno nacional parece tomarse tomarse en serio esta máxima, pero dándole la vuelta.
En los últimos días se ha publicado un proyecto de modificación al decreto 1075 reglamentario del sector educativo colombiano, el cual sostiene:
Además de las modalidades de contratación de la prestación del servicio educativo que se ejecutan en el marco del artículo 27 de la Ley 715 de 2001, las entidades territoriales certificadas podrán celebrar contratos en virtud de los cuales continúen prestando el servicio educativo, apoyándose para ello en particulares, comunidades organizadas u otras entidades para la administración del respectivo establecimiento educativo, bajo sus lineamientos, dirección, vigilancia y parámetros (artículo 2.3.1.3.1.2)
El decreto abre la puerta de manera más amplia para que, en las circunstancias en que las secretarías de educación departamentales y municipales consideren que no cuentan con la infraestructura y talento humano para garantizar el derecho a la educación a su población, podrán hacerlo a través de la contratación de terceros privados. Esta salida, por supuesto, no es azarosa. El actual gobierno nacional responde a la lógica liberal o Neoliberal que está tomando fuerza en el globo, y representada de forma explícita y caricaturesca en nuestra región por el presidente Javier Milei. Desde esta lógica, el Estado es visto como un aparato represor de las libertades individuales, corrupto en el manejo de los recursos del contribuyente y torpe en la prestación de los servicios, ya que no teme a quebrarse ni quedarse sin recursos.
Desde esta cosmovisión, los ideólogos sueñan con volver a la forma de Estado policial o gendarme de la Europa del siglo XIX, el cual solo se encarga de la seguridad y la protección del derecho a la propiedad privada, dejando todo lo demás a la regulación del mercado.
La lógica de esta visión es bastante simple y por ello atractiva: el sector privado, en tanto lanzado a la competencia, tiene incentivos para ofrecer servicios de mayor calidad y al menor precio posible, de otra manera sus competidores le sacarán del mercado. El motor de esta operación es el ánimo de lucro. No obstante, ¿qué pasa cuando servicios que constituyen un derecho del ciudadano se mueven por el lucro? ¿Qué pasa cuando el privado decide que no es rentable autorizarte la insulina para tu diabetes? ¿O qué pasaría si el privado decide cerrar la escuela de tu vereda porque 7 estudiantes no son suficientes para hacer su operación rentable?
En cualquier sociedad desarrollada, el sector público y el sector privado se necesitan mutuamente, ningún empresario grande defiende las ideas del libre comercio, saben que necesitan de un Estado activo en política pública para ser prósperos. La agenda privatizadora, en esencia, busca gobiernos útiles que, desde el manejo del Estado, empeoren la calidad de los servicios públicos en busca del hartazgo de la ciudadanía. Una vez que estos servicios caen al punto más bajo de popularidad, es el escenario ideal para venderlos, desmantelarlos y entregarle su operación a agentes privados los cuales, usualmente, hacen parte de la financiación de las campañas del gobierno de turno. No se confundan, el objetivo no es mejorar la calidad de los servicios, si no asegurarse el ingreso de los recursos que salen del presupuesto público.
El pasado 10 de agosto vivimos uno de los sismos más devastadores de las últimas décadas. De acuerdo con reportes de El Tiempo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- confirmó la afectación de 2.486 centros educativos en su infraestructura, de los cuáles muchos no están en condiciones para seguir prestando el servicio. Con la emisión de esta modificación en la contratación de servicios educativos me pregunto, ¿el gobierno realizará el esfuerzo por reconstruir y fortalecer su red de sedes educativas? ¿O, por el contrario, se entregará todo de manera indefinida a los contratistas privados? ¿Cuál es la visión hacia la educación pública que tiene el gobierno firme por la patria? ¿Más Sergio Arboleda y menos Universidad Nacional?
Necesitamos una robusta oferta de instituciones educativas públicas garantes de acceso al servicio educativo a cualquier niño, niña, adolescente o joven para construir su proyecto de vida. Esa es la experiencia de la OCDE y países de alto desarrollo humano con los del norte de Europa.
—
*Trabajador Social, docente de ciencias sociales y estudiante de maestría en docencia.
Bluesky: @anomianormal.bsky.social
Facebook: Cristian Sandoval
Esta columna encierra el pensamiento del autor, en ningún caso es la posición de Río Grande.
—
Referencias
Estas son las ciudades y municipios de Colombia donde suspendieron las clases tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó miles de damnificados. El Tiempo.
Proyecto de decreto por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015 en relación con la prestación y administración del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas y se dictan otras disposiciones. Sucop.
Terremoto en Colombia: 2.486 sedes educativas afectadas y seis niños muertos por colapso de infraestructura escolar. El Tiempo.
