La Contraloría General de Santander asumió la vigilancia sobre el proyecto Arena Bonita en Girón, Santander, tras detectar presuntas irregularidades en la adjudicación de 114 mil millones de pesos. El proceso, marcado por la intermediación de fondos mixtos y contratistas cuestionados, genera gran incertidumbre.
En el corazón de Girón, sobre los cimientos de lo que alguna vez fue su plaza de toros, se proyecta el Centro de Eventos Arena Bonita, una obra que prometía ser el referente cultural y turístico del departamento de Santander. Sin embargo, lo que debió ser un hito de infraestructura se ha transformado en un expediente de alta prioridad para los entes de control nacional. La Contraloría General de Santander ha decidido intervenir de manera contundente, desplazando la competencia de las autoridades locales tras hallar indicios de anomalías que comprometen recursos del erario público por un valor de $114 mil millones.
Esta intervención no es casual. Se fundamenta en una maniobra legal y financiera conocida como el «fuero de atracción por cofinanciación». Según los documentos oficiales analizados, el proyecto, denominado formalmente como la «Adecuación del escenario multipropósito del Departamento de Santander», cuenta con una estructura de financiamiento donde el 55,74% de los recursos (unos $63.965.880.000) provienen del Sistema General de Regalías (SGR). Al tratarse de fondos de naturaleza nacional que superan el umbral del 50%, la Contraloría departamental de Santander determinó que «carecía de competencia prevalente» y trasladó el caso a Bogotá.
Uno de los puntos más críticos de la investigación fiscal radica en cómo se entregó el dinero. La Gobernación de Santander, bajo la administración de Juvenal Díaz Mateus, optó por transferir los millonarios recursos al Fondo Mixto de Desarrollo de Colombia (Fodecol). Este movimiento ha sido calificado por expertos como una estrategia para utilizar al fondo como un «contratadero» o intermediario, evitando así el rigor de una licitación pública abierta que fomentara la competencia de firmas con mayor prestigio.
En lugar de un proceso transparente, se facilitó un esquema de tercerización. La Contraloría investiga el «presunto ocultamiento de información» por parte de Fodecol. En los portales oficiales de contratación, la identidad de los beneficiarios de los $114.000 millones se mantuvo bajo un velo de opacidad, identificando a los ganadores simplemente con un número de consorcio. Esta práctica impidió que la ciudadanía conociera a tiempo quiénes estaban detrás de la Unión Temporal CEO, el único oferente que se presentó y resultó favorecido con el contrato FON-006-2026.
Contratistas con pasados turbulentos
Al desglosar la composición de la Unión Temporal CEO, los hallazgos son alarmantes. Está integrada por dos firmas cuyos antecedentes generan dudas razonables sobre su idoneidad para ejecutar una obra de tal magnitud. Por un lado, figura Discep SAS, propiedad de Héctor González Gómez. Esta empresa es señalada en los documentos como una vieja conocida en los pasillos de la Gobernación, pero por las razones equivocadas: forma parte de la Unión Temporal que dejó a medio construir la sede del Colegio Integrado Lucas Caballero en Suaita, un proyecto que hoy se considera un «proyecto fallido» y está a punto de convertirse en un «elefante blanco».
La otra integrante es Insuobras GCS SAS, una firma constituida en Valledupar con fuertes nexos en la región Caribe. Al igual que su socia, arrastra un historial de quejas por «deficiencias e incumplimientos» en diversas obras de infraestructura tanto en Santander como en la Costa. El hecho de que empresas con estos antecedentes sean las encargadas de levantar el Arena Bonita ha encendido todas las alarmas sobre la viabilidad técnica y financiera del escenario.
La obra de Arena Bonita ha enfrentado críticas no solo por su contratación, sino por el impacto ambiental y urbanístico en el casco antiguo de Girón. La comunidad local ha expresado temor de que la estructura se convierta en otro monumento a la ineficiencia, siguiendo los pasos de otros proyectos inconclusos en el departamento.
La decisión del subcontralor para el Control Fiscal de Santander, Jorge Enrique González Bohórquez, de remitir las diligencias a la dirección de Jorge Eliécer Laverde en la CGR, marca un punto de no retorno. El documento de la Contraloría es tajante al citar el Artículo 29 del Decreto 403 de 2020, el cual estipula que la vigilancia y control fiscal de los recursos nacionales transferidos a entidades territoriales debe ser ejercida de manera prevalente por la Nación cuando hay cofinanciación mayoritaria.
En el texto técnico del Pronunciamiento del Equipo Auditor, se lee con claridad: «se evidencia que el proyecto… fue financiado en un 55,74% con recursos provenientes del Sistema General de Regalías… mientras que el 44,26% restante corresponde a recursos de crédito interno del Departamento». Esta distribución financiera es la que le quita el sueño a los actuales ejecutores, pues ahora deberán responder ante la lupa nacional por cada peso invertido.
Facsimil del informe de auditoría de la Contraloría de Santander.
Un futuro incierto para la megaobra
En el marco de la controversia por el proyecto Arena Bonita, diversos sectores políticos y de opinión en Santander han manifestado su rechazo al uso de figuras jurídicas que, a su juicio, debilitan la transparencia. Las críticas se centran en que la Gobernación haya delegado la responsabilidad en un tercero, permitiendo que el fondo actuara como un «intermediario o “contratadero”». Según se desprende de las denuncias recolectadas por los entes de control, esta maniobra permitió eludir una «licitación pública que permitiera la competencia abierta de firmas con experiencia y prestigio», prefiriendo en su lugar un «esquema que permitió la tercerización de la obra».
Asimismo, la dirigencia política ha cuestionado con severidad el hermetismo con el que se manejaron los nombres de los ejecutores del millonario presupuesto. Se ha señalado un «presunto ocultamiento de información» por parte de Fodecol, bajo el argumento de que en las plataformas oficiales se identificó al contratista únicamente con un número de consorcio. Esta falta de claridad fue interpretada por los críticos como una táctica para evitar que la sociedad «conociera de manera oportuna la identidad y los antecedentes de los contratistas beneficiados con los $114.000 millones».
El debate político ha escalado debido al historial de las empresas seleccionadas, las cuales han sido calificadas como «viejas conocidas» en la administración regional, pero no por su eficiencia. Líderes de oposición han enfatizado que es un riesgo entregar recursos del Sistema General de Regalías a firmas involucradas en un «proyecto fallido» que está «a punto de convertirse en un “elefante blanco”», como ocurre con el colegio de Suaita. La indignación radica en que, a pesar de los «escándalos de corrupción en Santander y el Caribe» que rodean a los integrantes de la Unión Temporal CEO, se les haya adjudicado un contrato de esta envergadura.
La investigación fiscal no solo busca determinar si hubo un favorecimiento indebido a la Unión Temporal CEO, sino también entender por qué se permitió la «denuncia de idoneidad» de un único oferente con antecedentes tan cuestionables. La sociedad santandereana se pregunta si los $114 mil millones terminarán convertidos en concreto y cultura, o si Arena Bonita se sumará a la lista de promesas incumplidas.
Por ahora, el proceso avanza bajo el estricto control de la Contraloría General, mientras la sombra de los escándalos de corrupción en Santander que rodean a los contratistas sigue creciendo. El destino de la antigua plaza de toros de Girón pende de un hilo judicial y fiscal que apenas comienza a desenredarse.
