El terremoto del 10 de agosto y los incendios forestales que aún consumen vastas regiones han expuesto la fragilidad del país frente a la naturaleza y la política. Más allá de las cifras de víctimas, la emergencia revela un Estado que improvisa, comunidades que resisten y un futuro que exige reconstrucción con justicia.
Por: Letty Fabiola Carranza | La madrugada del 10 de agosto quedará marcada en la memoria nacional como una fecha de dolor y desconcierto. El terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó sacudió no solo la tierra, sino también las certezas de un país que se creía preparado para enfrentar desastres naturales. Las cifras son contundentes: más de 287 muertos, cerca de 4.000 heridos y más de 56.000 familias afectadas. A la tragedia sísmica se sumaron los incendios forestales que, como lenguas de fuego, devoran bosques en Tolima, Cundinamarca y Nariño. La doble emergencia ha puesto a prueba la capacidad institucional, la solidaridad ciudadana y el liderazgo político.
El primer aspecto que merece reflexión es la respuesta estatal. El presidente Abelardo de la Espriella asumió la vocería única de la crisis, centralizando la comunicación y rechazando ayuda internacional. Este gesto, presentado como defensa de la soberanía, ha sido interpretado por muchos como un acto de orgullo político que antepone la imagen personal a la urgencia humanitaria. En un país donde las instituciones locales carecen de recursos, negar cooperación externa puede significar prolongar el sufrimiento de miles de damnificados. La política del personalismo, tan arraigada en nuestra historia, vuelve a mostrar sus límites cuando la realidad exige pragmatismo y apertura.
La gestión del riesgo es otro punto crítico. Colombia cuenta con planes, leyes y organismos dedicados a la prevención de desastres, pero la tragedia demostró que la preparación es insuficiente. Las alertas tempranas no llegaron a todas las comunidades, los simulacros son escasos y la infraestructura sigue siendo vulnerable. El terremoto no solo derrumbó viviendas, también derrumbó la confianza en un sistema que debería protegernos. Los incendios forestales, por su parte, evidencian la falta de políticas ambientales robustas: la deforestación, el cambio climático y la expansión agrícola sin control han convertido vastas zonas en polvorines listos para arder.
Sin embargo, en medio del caos, emergen historias de resiliencia comunitaria. En Chocó, vecinos organizaron brigadas improvisadas para rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros. En Nariño, campesinos se unieron para contener las llamas con herramientas rudimentarias. Estas acciones, aunque insuficientes frente a la magnitud del desastre, muestran que la solidaridad sigue siendo un recurso invaluable. La sociedad civil se convierte en protagonista cuando el Estado titubea. La pregunta es si esa energía comunitaria será reconocida y fortalecida en los procesos de reconstrucción, o si quedará relegada a la anécdota.
La dimensión económica de la emergencia no puede ignorarse. Reconstruir viviendas, carreteras y hospitales requerirá miles de millones de pesos. Algunos sectores ya hablan de un “Plan Marshall criollo” que movilice recursos nacionales e internacionales para levantar al país de las ruinas. Pero la economía colombiana enfrenta sus propios desafíos: inflación persistente, desempleo juvenil superior al 20% y un Congreso dividido que dificulta aprobar reformas estructurales. La reconstrucción, entonces, no será solo un reto técnico, sino también político y financiero. ¿Cómo garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan y no se pierdan en la maraña de la corrupción?
La dimensión ambiental es igualmente urgente. Los incendios forestales no son fenómenos aislados; son síntomas de un modelo de desarrollo que ha ignorado la sostenibilidad. Cada hectárea perdida significa menos oxígeno, menos biodiversidad y más vulnerabilidad frente al cambio climático. La tragedia debería ser un punto de inflexión para repensar nuestra relación con la naturaleza. No basta con apagar las llamas; es necesario prevenirlas con políticas de reforestación, educación ambiental y control efectivo de la deforestación. La emergencia nos recuerda que la tierra no es un recurso infinito, sino un organismo vivo que reclama respeto.
En el plano político, la crisis ha abierto un debate sobre el liderazgo presidencial. La figura de De la Espriella, polémica desde su campaña, se enfrenta ahora a la prueba más dura: demostrar que puede gobernar más allá de la retórica. Su decisión de monopolizar la comunicación y rechazar ayuda externa ha generado críticas dentro y fuera del país. Algunos lo ven como un líder firme que defiende la soberanía; otros lo acusan de anteponer su ego a la vida de los ciudadanos. La columna vertebral de la democracia es la rendición de cuentas, y en este momento la ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas.
La memoria histórica también juega un papel en esta reflexión. Colombia ha enfrentado tragedias naturales y sociales a lo largo de su historia: avalanchas, inundaciones, desplazamientos forzados. Cada evento deja cicatrices y aprendizajes, pero también revela patrones de improvisación y olvido. La columna de opinión no puede limitarse a describir el dolor; debe insistir en que la memoria se convierta en motor de cambio. Recordar no es un acto pasivo, es una práctica política que exige transformar las estructuras que perpetúan la vulnerabilidad.
La dimensión social de la emergencia es quizás la más profunda. Los damnificados no son cifras, son personas que han perdido hogares, familiares y proyectos de vida. La reconstrucción no puede reducirse a ladrillos y cemento; debe incluir acompañamiento psicológico, fortalecimiento comunitario y garantías de derechos. La tragedia desnuda las desigualdades: quienes viven en zonas rurales, en viviendas precarias, son siempre los más afectados. La justicia social debe ser el eje de cualquier plan de reconstrucción. De lo contrario, el país corre el riesgo de repetir la historia de exclusión y abandono.
En este contexto, no basta con señalar errores; es necesario imaginar soluciones. Entre ellas:
- Crear un fondo nacional de emergencias con participación ciudadana para garantizar transparencia.
- Fortalecer la educación en gestión del riesgo desde la escuela primaria.
- Establecer alianzas internacionales para la reconstrucción, sin que ello implique pérdida de soberanía.
- Impulsar políticas ambientales que reduzcan la deforestación y promuevan energías limpias.
- Reconocer y apoyar las iniciativas comunitarias como actores centrales en la reconstrucción.
La tragedia del terremoto y los incendios forestales es un espejo que refleja nuestras debilidades, pero también una oportunidad para reinventarnos como nación. Colombia está entre ruinas y llamas, pero también entre la posibilidad de repetir errores o construir un futuro distinto. La decisión está en nuestras manos, en la capacidad de exigir a los gobernantes responsabilidad y de asumir como sociedad un compromiso real con la vida, la justicia y la naturaleza.
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*Topógrafa, Trabajadora Social en formación, Defensora de Derechos Humanos.
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