El Estado social de derecho frente al cambio de rumbo político en Colombia. La reforma agraria no nació con el gobierno de Gustavo Petro. Tampoco terminaría jurídicamente con el cambio de gobierno. Esa es la primera precisión constitucional que conviene hacer en medio de la intensa polarización política que vive Colombia.
Por: María Velásquez | El gobierno de Gustavo Petro convirtió el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016 en uno de los ejes de su administración, acelerando la compra de tierras, fortaleciendo algunos mecanismos de restitución y formalización de la propiedad rural y reactivando compromisos asociados a la Reforma Rural Integral prevista en el Punto 1 del Acuerdo. Aunque los avances han sido objeto de debate por su alcance y ejecución, sí hubo un impulso institucional respecto de años anteriores.
La llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella, con su propuesta denominada “Patria Milagro”, introduce incertidumbre sobre la orientación futura de esas políticas. Su programa ha privilegiado la seguridad, la defensa de la propiedad privada, la reducción del Estado y el desmonte de varias iniciativas del gobierno saliente, aunque no plantea expresamente revertir las sentencias de restitución de tierras. La pregunta, entonces, no es si un nuevo gobierno puede “devolver la tierra a los despojadores”. La respuesta constitucional es mucho más compleja.
Las sentencias de restitución de tierras proferidas por los jueces especializados tienen fuerza de cosa juzgada. Son decisiones judiciales protegidas por la independencia de la Rama Judicial y por el artículo 228 de la Constitución. Un presidente no puede anularlas mediante decreto ni por decisión política.
Lo mismo ocurre con los derechos ya consolidados de las familias campesinas que recibieron sus predios mediante decisiones judiciales. Esos derechos están protegidos por el debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, existe otro escenario distinto.
Los procesos que aún están en trámite, las compras de tierras por parte del Estado, la asignación presupuestal, la implementación de programas productivos, la formalización de predios y el ritmo de ejecución de la Reforma Rural Integral sí dependen, en buena medida, de las prioridades políticas y fiscales del gobierno de turno. Allí es donde podría producirse un cambio de rumbo.
No necesariamente mediante la derogatoria de derechos ya reconocidos, sino mediante una desaceleración administrativa, menores recursos o una redefinición de prioridades institucionales. En otras palabras, el riesgo constitucional no radica tanto en deshacer lo ya fallado, sino en detener aquello que aún está inconcluso.
Para miles de campesinos cuyos expedientes permanecen en etapa administrativa o judicial, la principal preocupación no debería ser la pérdida inmediata de sus derechos, sino el eventual aumento de la demora para hacerlos efectivos.
En un Estado Social de Derecho, la implementación del Acuerdo de Paz constituye una política pública respaldada por compromisos constitucionales e internacionales. No obstante, los gobiernos conservan un margen para modificar la forma en que ejecutan esas obligaciones, siempre que respeten la Constitución y las decisiones judiciales.
Por ello, el verdadero debate político no consiste en afirmar, sin pruebas, que la tierra volverá automáticamente a manos de quienes despojaron a las víctimas. Esa afirmación excede lo que hoy permite concluir el derecho colombiano.
La discusión de fondo es otra: ¿seguirá siendo la redistribución de la tierra una prioridad del Estado o será reemplazada por una agenda centrada principalmente en la seguridad, el crecimiento económico y la defensa de la propiedad privada? Los primeros anuncios del presidente electo sugieren un giro hacia este último enfoque, aunque el alcance real de ese cambio solo podrá evaluarse con sus decisiones de gobierno.
La historia constitucional colombiana demuestra que la paz no se construye únicamente silenciando los fusiles. También exige resolver las desigualdades históricas en el acceso a la tierra.
Si esa deuda vuelve a postergarse, Colombia no solo enfrentará un debate jurídico. Enfrentará, una vez más, el viejo dilema que ha acompañado su historia republicana: decidir si el campo será escenario de ciudadanía y derechos o continuará siendo el territorio donde la exclusión alimenta nuevos ciclos de conflicto.
…
*Socióloga, periodista, líder social, derechos humanos, comunal, política, feminista, progresista y animalista.
Facebook: María Velásquez
Tiktok: @mariavelasquez4498
Instagram: mariavelasquez165
X: Adalgiza52V
