La intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia reabrió la controversia por sus antiguas críticas contra Bogotá. Mientras sus seguidores defienden una apuesta descentralizadora, analistas advierten que la iniciativa mezcla simbolismo político, complejidad constitucional y elevados costos administrativos.
Mucho antes de llegar a la Presidencia, Abelardo de la Espriella ya había dejado clara su distancia con Bogotá. En una entrevista concedida a la periodista Eva Rey afirmó que no le gustaba la capital, que llevaba cerca de dos años sin visitarla y que la consideraba una ciudad “muy densa y muy compleja”. Añadió que se encontraba en una etapa de su vida en la que prefería realizar únicamente aquellas actividades que le resultaban agradables.
Aquellas declaraciones, que durante la campaña presidencial fueron utilizadas por sus contradictores para cuestionar su disposición de gobernar desde la capital del país, volvieron a cobrar vigencia tras el anuncio de presentar un acto legislativo para convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia.
Durante el empalme regional, el mandatario electo afirmó que uno de sus primeros proyectos será reconocer constitucionalmente a Barranquilla como sede alterna del Ejecutivo.
“Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista. Un hijo de esta tierra se sentará en unos días en el solio de Bolívar”, dijo.
La propuesta forma parte de su promesa de gobernar desde las regiones y de reducir el denominado “bogocentrismo”, concepto que utilizó reiteradamente durante la campaña para cuestionar la concentración del poder político y administrativo en Bogotá.
Sin embargo, el anuncio generó un debate inmediato: ¿la iniciativa responde exclusivamente a una estrategia de descentralización o también está influenciada por la percepción negativa que el hoy presidente electo ha expresado públicamente sobre Bogotá?
Aunque De la Espriella no ha vinculado ambas posiciones de manera explícita, la coincidencia entre sus declaraciones de campaña y la decisión de impulsar una capital alterna alimentó una controversia política que probablemente acompañará el trámite del proyecto en el Congreso.
Una reforma constitucional con alto costo político
La propuesta enfrenta un primer desafío jurídico de gran magnitud. La Constitución Política establece que Bogotá es la capital de la República, de manera que cualquier modificación exige una reforma constitucional mediante un acto legislativo, procedimiento que debe superar ocho debates distribuidos en dos legislaturas consecutivas.
Paradójicamente, la iniciativa aparece cuando el propio Gobierno ha manifestado que impulsará una agenda de reformas relativamente limitada, circunstancia que convierte este proyecto en una de las primeras grandes pruebas políticas de la administración entrante.
El Gobierno sostiene que la descentralización permitirá acercar el Estado a las regiones y dinamizar la toma de decisiones. Bajo esa lógica también anunció sedes alternas de la Presidencia en Medellín y Cali, además del traslado de la sede principal de ProColombia hacia Medellín. No obstante, la discusión ya supera el plano constitucional.
Expertos en administración pública señalan que una sede alterna implica inversiones permanentes en infraestructura, logística, transporte, seguridad, comunicaciones y funcionamiento administrativo, además del eventual desplazamiento constante de funcionarios de alto nivel.
El debate también incorpora interrogantes sobre la eficiencia institucional. La mayor parte de ministerios, organismos de control, altas cortes, embajadas, agencias estatales y entidades nacionales continuará funcionando desde Bogotá, lo que obligaría al Presidente y a su equipo a mantener una operación paralela entre distintas ciudades.
Un debate económico, político y geográfico
Para el profesor universitario y analista político Juvenal Bolívar, la propuesta posee un enorme valor simbólico en materia de descentralización, pero presenta dificultades prácticas que podrían terminar superando sus beneficios.
“El país necesita avanzar hacia una verdadera descentralización administrativa y fiscal, pero convertir a Barranquilla en capital alterna no necesariamente resuelve ese problema estructural. Existe el riesgo de crear una figura altamente simbólica, costosa y con limitados efectos sobre la autonomía territorial”, señala.
El analista considera que la inconveniencia del proyecto puede analizarse desde tres dimensiones.
En el plano económico, advierte que mantener varias sedes presidenciales incrementaría considerablemente los costos de operación del Estado.
“No solamente habría que adecuar infraestructura presidencial. También sería necesario trasladar periódicamente equipos de seguridad, personal administrativo, logística, comunicaciones, transporte y coordinación interinstitucional. Todo ello representa un gasto permanente que deberá justificarse frente a otras prioridades nacionales”, afirma.
Desde la perspectiva política, Bolívar sostiene que el proyecto podría abrir una discusión innecesaria durante el comienzo del nuevo gobierno.
“El Ejecutivo tendrá que invertir un importante capital político para sacar adelante una reforma constitucional cuya utilidad práctica será objeto de debate. Ese esfuerzo podría restar margen para impulsar reformas económicas o sociales de mayor impacto.”
Finalmente, el profesor plantea un argumento geográfico e institucional.
“La centralidad de Bogotá no obedece únicamente a una decisión política; también responde a la concentración histórica de las instituciones nacionales. La Presidencia puede despachar temporalmente desde cualquier ciudad sin necesidad de modificar la Constitución. Otra cosa muy distinta es crear jurídicamente una capital alterna cuando las demás ramas del poder público seguirán funcionando en Bogotá.”
A juicio del académico, fortalecer las regiones exige avanzar en mayor autonomía fiscal, descentralización presupuestal, fortalecimiento de gobernaciones y alcaldías y traslado de competencias, más que modificar el concepto constitucional de capital.
El Congreso tendrá la última palabra
Mientras en Barranquilla autoridades, gremios y dirigentes políticos celebran la iniciativa, el proyecto apenas inicia un largo recorrido institucional.
El gobernador Eduardo Verano manifestó que la presencia permanente de la Presidencia impulsaría el desarrollo regional y reduciría el histórico centralismo. “Desde todo punto de vista es una gran oportunidad para nosotros como región… Llevamos 200 años teniendo que viajar a Bogotá para tramitar licencias, permisos y autorizaciones”, sostuvo.
En la misma línea, el alcalde Alejandro Char calificó la decisión como “una muestra de confianza” hacia Barranquilla y un reconocimiento al papel de las regiones dentro del desarrollo nacional.
El sector empresarial también respaldó la propuesta. Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico, aseguró que la presencia constante del Presidente y sus ministros generaría nuevas oportunidades económicas para la ciudad y fortalecería los encadenamientos productivos.
Sin embargo, el apoyo regional no garantiza el éxito legislativo. La iniciativa deberá superar ocho debates constitucionales, enfrentar el escrutinio de expertos y responder interrogantes sobre su impacto financiero, administrativo y jurídico. En ese escenario, también continuará presente la controversia originada por las declaraciones del propio De la Espriella sobre Bogotá.
Aunque el mandatario electo sostiene que su objetivo es gobernar desde las regiones y acercar el Estado a los ciudadanos, sus críticas pasadas a la capital alimentan la percepción de que la propuesta podría estar influenciada, al menos en parte, por una visión personal sobre Bogotá. Esa interpretación será uno de los elementos que acompañará el debate político durante los próximos meses, mientras el Congreso define si Colombia está dispuesta a modificar su organización constitucional para incorporar una figura inédita: una capital alterna de la República.
