Un proyecto de vivienda congelado es mucho más que un terreno baldío; es un motor social apagado, un grupo de obreros sin sustento y una promesa constitucional incumplida. Hoy, el debate habitacional en Colombia exige abandonar las consignas ideológicas para volver a mirar la realidad del suelo, de las regiones y de la gente.
Por: Jaime Peña Robles | El derecho a una vivienda digna en Colombia, consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política de 1991, sigue siendo una promesa incompleta para millones de ciudadanos. Aunque tradicionalmente se ha visto el acceso a un techo propio como un logro patrimonial, la realidad es que un hogar adecuado constituye la base misma de la estabilidad social, emocional y de la dignidad humana. En un país marcado por profundas brechas de desigualdad, la vivienda no puede seguir entendiéndose como una simple mercancía; debe asumirse como un derecho fundamental habilitante de una verdadera paz. Sin embargo, la gestión del saliente gobierno transformó esta bandera de justicia social en una severa crisis sectorial, donde la toma de decisiones ideológicas provocó una parálisis estructural en el aparato edificador.
El balance de la política habitacional de la saliente administración se estructura bajo el desmantelamiento de la Vivienda de Interés Social (VIS). Según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción, las iniciaciones de vivienda VIS acumularon caídas consecutivas superiores al 20%, mientras que los desistimientos de compra en proyectos aumentaron un 15,4%. Al eliminar el programa tradicional Mi Casa Ya, reduciendo drásticamente el presupuesto para priorizar de forma casi exclusiva subsidios rurales y de autoconstrucción comunitaria, cerca de 45.000 familias de clase media y popular que tenían ahorros comprometidos quedaron desamparadas por el Estado al perder la posibilidad de lograr su cierre financiero. Esta hostilidad contra el sector productivo y las propuestas de control de precios por decreto restaron viabilidad financiera a los proyectos, ahuyentando de forma definitiva la inversión privada.
El costo humano de este freno al sector de la construcción se tradujo en una destrucción masiva de empleo sectorial en la base de la pirámide socioeconómica. La construcción, históricamente el mayor motor de mano de obra no calificada del país, pasó a ser el sector con mayor desempleo del mercado laboral, registrando una tasa de desocupación cercana al 12,2%. El balance anual consolidado reveló que la parálisis habitacional destruyó 136.000 empleos directos, afectando en más de un 70% a obreros, oficiales de obra y ayudantes de construcción con bajos niveles de escolaridad. Asimismo, la contracción acumulada provocó la desaparición de 425 empresas edificadoras, rompiendo la cadena productiva nacional y arrastrando la contratación en subsectores industriales clave como la producción de cemento, acero, madera y acabados.
Esta crisis nacional se profundizó con severidad en el análisis territorial de regiones como el departamento de Santander y, de manera particular, el distrito de Barrancabermeja. En el Área Metropolitana de Bucaramanga, las alertas de Camacol Santander coincidieron con el freno en seco de proyectos de expansión en Floridablanca, Girón y Piedecuesta, donde se concentraba la oferta de vivienda a bajo costo. Por su parte, en el Puerto Petrolero, el incipiente accionar de la administración nacional se limitó de manera marginal a la entrega de algunos títulos de propiedad en el asentamiento vulnerable conocido como el 22 de Marzo, legalizado gracias a los esfuerzos de la administración distrital. Si bien la legalización formalizó la tenencia, se ignoró por completo la urgente necesidad de construir nueva infraestructura habitacional en una ciudad que arrastra un déficit histórico estructural, provocando una oleada de cancelaciones de proyectos urbanos y acrecentando los fenómenos locales de informalidad.
Ante este panorama de parálisis sectorial, las expectativas frente a las promesas del gobierno entrante son tan amplias como desafiantes. Su propuesta de una “revolución de vivienda” basada en otorgar créditos habitacionales con una tasa de interés del 2% anual a 30 años para estratos 1, 2 y 3 despierta un optimismo inmediato en los gremios, que ven en esta inyección la única vía rápida para recuperar el millón de empleos perdidos. No obstante, los analistas alertan sobre el inminente peligro de sembrar una falsa expectativa popular. Sostener una tasa real de esa magnitud exige un volumen de subsidios a la cobertura de proporciones colosales, una utopía fiscal para una nación que se recibe con un déficit fiscal estimado en el 6,6% del PIB. De consolidarse como una ilusión irrealizable por falta de presupuesto del Estado, el país enfrentará una profunda frustración social y una nueva parálisis sectorial.
En Barrancabermeja por su parte, el débil tejido constructor local observa este nuevo plan de reactivación nacional con un estricto pragmatismo técnico. Para las resilientes agremiaciones del Magdalena Medio, las expectativas reales no admiten discursos grandilocuentes, sino el cumplimiento de tres demandas urgentes: la sincronización efectiva de subsidios concurrentes entre el Gobierno Nacional, las cajas de compensación y el esfuerzo de los gobiernos departamental y local; la provisión de suelo urbanizable a partir del POT, que atraiga a los inversionistas; y la consolidación de la construcción de vivienda formal como el verdadero amortiguador laboral frente a las fluctuaciones de la industria petroquímica.
Romper el ciclo de desconfianza heredado exige reglas de juego claras. De lo contrario, el país corre el riesgo de quedarse atrapado en un modelo de vivienda marchito por el efecto rebote de una injustificada postura ideológica que terminó castigando a las familias de nuestro país.
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*Arquitecto, especialista en gerencia de proyectos, especialista en gestión de la planificación urbana y regional y magister en ordenamiento territorial.
