El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional del primer decreto que aumentó el salario mínimo en 23% para 2026, por lo que continuará vigente mientras se resuelve la demanda de nulidad. La decisión no define la legalidad del acto, pero mantiene sus efectos actuales.
El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional del primer decreto mediante el cual el Gobierno fijó el incremento del salario mínimo para 2026 en un 23%, decisión que permitirá que la norma continúe produciendo efectos mientras el alto tribunal adopta una decisión definitiva sobre su legalidad.
La determinación fue adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver un recurso de súplica presentado por el Gobierno nacional contra la medida cautelar que había suspendido temporalmente el Decreto 1469 de 2025.
Con este fallo, el tribunal aclaró que la revocatoria de la medida cautelar no significa que el decreto haya sido declarado legal o ajustado a la Constitución. Lo que se decidió fue permitir que el acto administrativo permanezca vigente mientras avanza el proceso judicial de nulidad.
En un comunicado, la corporación explicó que el decreto expedido en diciembre de 2025 seguirá aplicándose hasta que exista una sentencia definitiva que establezca si fue expedido conforme a la ley.
Como consecuencia de esta decisión, continuará vigente el salario mínimo fijado por el Gobierno, equivalente a dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, incremento que representó un aumento del 23 % frente al año anterior.
El Consejo de Estado explicó que la suspensión inicial se sustentó en una aparente falta de motivación del decreto, especialmente en lo relacionado con el análisis técnico de los criterios legales para determinar el incremento salarial.
Sin embargo, al estudiar el recurso de súplica, la corporación concluyó que no se demostró la existencia de un perjuicio concreto derivado de la aplicación del decreto que justificara mantener la medida cautelar.
Según el alto tribunal, el examen sobre la legalidad del acto administrativo deberá realizarse durante el estudio de fondo de la demanda y no en la etapa preliminar del proceso.
El origen de la controversia jurídica
La discusión comenzó porque un magistrado del Consejo de Estado había considerado que el Gobierno no explicó de manera suficiente cómo ponderó los factores económicos exigidos por la legislación para fijar el salario mínimo.
La ley establece que, cuando no exista concertación entre el Gobierno, los empresarios y las organizaciones sindicales, el Ejecutivo debe fundamentar el incremento con base en variables técnicas como la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la contribución de los salarios al ingreso nacional y otros indicadores macroeconómicos.
En la decisión que suspendió inicialmente el decreto, el magistrado sostuvo que el Gobierno no desarrolló una motivación suficiente sobre la incidencia de cada uno de esos parámetros, razón por la cual consideró que existían dudas sobre la legalidad del acto administrativo.
Posteriormente, el Gobierno expidió un nuevo decreto que mantuvo exactamente el mismo incremento del 23%, pero esta vez respaldado por un acuerdo alcanzado entre representantes del Ejecutivo, los empleadores y las organizaciones de trabajadores.
Ese nuevo escenario fue uno de los elementos analizados por el Consejo de Estado para concluir que mantener suspendido el primer decreto no evitaba un daño concreto ni modificaba la realidad jurídica existente.
La demanda continuará hasta una decisión definitiva
El Gobierno, al presentar el recurso de súplica, argumentó que la suspensión provisional representaba un “desbordamiento del poder cautelar”, pues consideró que el análisis realizado por el magistrado anticipaba conclusiones propias de la sentencia definitiva.
La Sección Segunda compartió parcialmente esa preocupación al señalar que la medida cautelar debe limitarse a prevenir un daño mientras se desarrolla el proceso y no sustituir el análisis integral que corresponde a la decisión final.
No obstante, el Consejo de Estado reiteró que el proceso de nulidad continuará su trámite y que será en esa etapa cuando se determine si el decreto cumplió todos los requisitos constitucionales y legales para fijar el salario mínimo.
En consecuencia, el incremento salarial del 23% permanecerá vigente durante los próximos meses, ofreciendo estabilidad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores, mientras el alto tribunal adopta una decisión definitiva sobre la validez del decreto que dio origen a una de las mayores alzas del salario mínimo registradas en los últimos años.
