En días pasados quedé perplejo al ver a un hombre trasplantado del corazón, amarrado a la puerta de un dispensario de una EPS para exigir los medicamentos que necesita para vivir. Esa imagen, imposible de olvidar, retrata con absoluta crudeza un sistema de salud que parece haber perdido toda humanidad y sensibilidad.
Por: Adriano Contreras Uribe | Luis Antonio Arias Meneses no estaba pidiendo un privilegio. No reclamaba un tratamiento experimental, ni un lujo médico, ni un favor. Exigía algo tan elemental como los medicamentos inmunosupresores que le permiten conservar el corazón que recibió hace dos años gracias a un acto de inmensa generosidad: la donación de órganos. Sin esas medicinas, un trasplante deja de ser un milagro científico para convertirse en una cuenta regresiva hacia el rechazo del órgano y, posiblemente, hacia la muerte.
La escena me resultó insoportable. Un ciudadano obligado a atarse con una cuerda a una reja para que alguien escuche un derecho que la Constitución ya le reconoce. ¿En qué momento la dignidad dejó de ser suficiente y hubo que exhibir el sufrimiento para que las instituciones reaccionaran?
Lo más preocupante es que este caso no constituye una excepción. Es apenas el rostro visible de una crisis que padecen miles de colombianos todos los días. La misma historia se repite con pacientes oncológicos, personas con enfermedades huérfanas, diabéticos, hipertensos y adultos mayores que recorren ventanillas, hacen filas interminables y regresan a casa con la misma respuesta: “No hay medicamento”, “vuelva la próxima semana” o “el sistema aún no autoriza la entrega”.
Las cifras confirman que el problema dejó de ser anecdótico hace mucho tiempo. Solo durante 2025, la Superintendencia Nacional de Salud recibió más de 1,6 millones de reclamaciones relacionadas con la prestación de los servicios de salud, un aumento cercano al 23% frente al año anterior. Cerca del 30% de esas quejas estuvieron relacionadas con barreras en el acceso a medicamentos, procedimientos y tecnologías en salud. Detrás de cada número hay una historia similar a la de Luis Antonio: personas cuya enfermedad no espera los tiempos de la burocracia.
Pero cuando esta realidad se observa desde las regiones, el panorama resulta aún más doloroso.
En Barrancabermeja conocemos demasiado bien lo que significa peregrinar para reclamar un derecho. Durante los últimos años, usuarios de diferentes EPS han protagonizado plantones frente a dispensarios farmacéuticos y sedes administrativas denunciando retrasos en la entrega de medicamentos para cáncer, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. No son hechos aislados; son manifestaciones de una inconformidad acumulada durante años.
La situación se agrava para quienes viven en corregimientos o municipios vecinos como Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cimitarra, Yondó, San Pablo o el sector de Puente Sogamoso. Para muchos pacientes, reclamar una fórmula médica implica invertir entre dos y cuatro horas de viaje, pagar transporte que en ocasiones supera los cincuenta mil pesos y perder un día completo de trabajo. Paradójicamente, el costo de ir por el medicamento termina siendo casi tan pesado como la enfermedad misma.
En el caso de Luis Antonio, la denuncia revela otra práctica difícil de justificar. Aunque los médicos formulan tratamientos para varios meses, las entregas se hacen de manera mensual, obligando al paciente a repetir el recorrido una y otra vez. Es una decisión administrativa que desconoce completamente la condición clínica del usuario.
Resulta imposible no preguntarse qué lógica existe detrás de esta fragmentación. ¿Es realmente un mecanismo para controlar inventarios? ¿Una estrategia financiera? ¿O simplemente una muestra de que quienes toman esas decisiones jamás han tenido que escoger entre comprar un pasaje o comprar el almuerzo?
Más preocupante aún es la normalización de la tutela como mecanismo cotidiano para acceder a un derecho básico. Colombia creó esta herramienta constitucional para proteger derechos fundamentales en situaciones excepcionales. Hoy, en cambio, parece convertirse en el requisito previo para reclamar una caja de medicamentos.
Cuando un paciente necesita presentar acciones judiciales repetidamente para obtener un tratamiento ya ordenado por su médico, el problema dejó de ser jurídico y se convirtió en ético.
No deja de sorprender también el silencio institucional. Mientras el país observa las imágenes de un hombre amarrado a una puerta, las respuestas oficiales llegan tarde o simplemente no llegan. Ese silencio comunica tanto como cualquier comunicado: transmite indiferencia.
Sin embargo, limitarse a señalar culpables tampoco resolverá la crisis. La salud colombiana enfrenta dificultades financieras, problemas de cartera, desabastecimiento de algunos medicamentos, demoras en la cadena logística y profundas tensiones entre aseguradores, gestores farmacéuticos y el Estado. Pero ninguna de esas explicaciones puede justificar que el costo termine recayendo sobre quien menos responsabilidad tiene: el paciente.
Las consecuencias de seguir normalizando estas situaciones pueden ser devastadoras.
Primero, aumentará la mortalidad por enfermedades que podrían controlarse con tratamientos oportunos. Segundo, crecerán las complicaciones clínicas, haciendo mucho más costosa la atención hospitalaria. Tercero, continuará deteriorándose la confianza ciudadana en las instituciones públicas y privadas del sistema de salud. Cuarto, aumentarán las protestas, bloqueos y acciones judiciales, congestionando aún más un sistema ya sobrecargado. Finalmente, corremos el riesgo de acostumbrarnos a que la humillación sea parte del proceso de atención médica.
Y esa quizás sea la consecuencia más grave de todas: perder la capacidad de indignarnos.
Barrancabermeja ha demostrado históricamente que sabe organizarse cuando la dignidad está en juego. Lo hizo durante las luchas obreras, en defensa del empleo, del agua y del territorio. Hoy esa misma capacidad de solidaridad debería extenderse hacia quienes libran batallas silenciosas contra enfermedades crónicas. La salud no distingue ideologías, estratos sociales ni colores políticos.
La solución tampoco parece imposible. Es indispensable implementar sistemas de dispensación diferenciada para pacientes de alto riesgo, permitiendo entregas de medicamentos para varios meses cuando la formulación médica así lo indique. Debe fortalecerse la supervisión sobre gestores farmacéuticos, establecer sanciones efectivas para quienes incumplan órdenes médicas o judiciales y desarrollar mecanismos de entrega domiciliaria para pacientes trasplantados, oncológicos y personas con movilidad reducida. Al mismo tiempo, se requiere una articulación real entre EPS, dispensarios y autoridades sanitarias para que la continuidad de los tratamientos deje de depender de la insistencia del usuario.
Un país no puede medir el funcionamiento de su sistema de salud por la cantidad de hospitales que inaugura, sino por la tranquilidad con la que un paciente puede recibir el medicamento que necesita.
Porque cuando un hombre tiene que amarrarse a una puerta para seguir viviendo, la cuerda no está sujetando únicamente a un paciente desesperado. Está amarrando nuestra conciencia colectiva y recordándonos que el verdadero órgano que necesita un trasplante urgente no es el corazón de Luis Antonio, sino el corazón moral de un sistema que hace demasiado tiempo dejó de latir al ritmo de la dignidad humana.
—
*Realizador audiovisual, estudiante de Comunicación Social, camarógrafo de TV y secretario general de junta nacional de SintraONGS.
Instagram: ananocontreras
Tik Tok: @alucontreras2314
Esta columna encierra el pensamiento del autor, en ningún caso es la posición de Río Grande.
—
Fuentes consultadas:
Cubrimiento nota periodística de reclamación de Luis Antonio Arias Meneses
