El Gobierno de Gustavo Petro radicará el 20 de julio una nueva reforma tributaria con la que espera recaudar $21,8 billones en 2027. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que el Ejecutivo enfrentó una “asfixia fiscal” causada por decisiones legislativas y judiciales durante el cuatrienio.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que el próximo 20 de julio presentará ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de reforma tributaria, considerado por la administración saliente como una herramienta indispensable para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas durante los próximos años.
El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el denominado “empalme ante el pueblo”, una jornada televisada por RTVC en la que el Ejecutivo expuso el balance de su gestión y explicó las razones que, según el Gobierno, justifican la necesidad de una nueva iniciativa fiscal.
De acuerdo con el ministro, la reforma tendrá un carácter progresivo y buscará incrementar los ingresos permanentes del Estado. La meta oficial es obtener un recaudo adicional de $21,8 billones en 2027, cifra que aumentaría hasta $32,7 billones en 2028, $34,9 billones en 2029 y $37 billones en 2030.
“El Gobierno presentará el 20 de julio la propuesta de reforma tributaria que atienda esta coyuntura de dificultades fiscales y que permita tener los ingresos para atender todas las responsabilidades que le corresponden al Estado”, afirmó Ávila.
El ministro insistió en que la situación fiscal actual no obedece exclusivamente a decisiones del Gobierno Petro, sino a una combinación de factores estructurales y coyunturales que redujeron el margen de maniobra presupuestal. En ese contexto, sostuvo que el Ejecutivo fue víctima de una estrategia de “asfixia fiscal”, producto de decisiones del Congreso de la República y de las altas cortes que limitaron la entrada de nuevos recursos.
Según explicó, la no aprobación de dos proyectos de reforma tributaria impulsados por el Ejecutivo, así como la declaratoria de inexequibilidad de algunas medidas adoptadas durante emergencias económicas, representaron un impacto acumulado cercano a los $61,9 billones.
El Gobierno defiende el manejo de la deuda y atribuye las presiones al gasto inflexible
Uno de los apartados centrales de la exposición estuvo dedicado a la evolución de las finanzas públicas y al comportamiento de la deuda del Gobierno Nacional.
Ávila rechazó las afirmaciones según las cuales el endeudamiento habría aumentado de forma descontrolada durante el gobierno de Gustavo Petro.
“No es cierto que la deuda haya crecido en el cuatrienio del presidente Gustavo Petro”, aseguró el funcionario al presentar una serie de indicadores históricos sobre la evolución del endeudamiento público.
De acuerdo con las cifras oficiales expuestas por el Ministerio de Hacienda, la deuda pública equivalía al 33,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012. Posteriormente aumentó de manera sostenida hasta alcanzar el 60,7% del PIB en 2021, porcentaje con el que el actual Gobierno recibió las finanzas nacionales.
Durante la presentación también se indicó que la relación deuda/PIB descendió hasta 53,4% en 2023, posteriormente subió a 59,3% en 2024 y se proyecta que cierre alrededor del 57,9% en 2026.
El ministro comparó el comportamiento de la deuda entre distintos gobiernos. Según los datos oficiales, durante el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos la deuda pública aumentó un 71%, mientras que durante el gobierno de Iván Duque el incremento alcanzó el 76,97%. En contraste, sostuvo que durante la administración Petro el crecimiento habría sido de 43,97%, porcentaje que calificó como significativamente inferior.
No obstante, distintos analistas económicos recuerdan que el fuerte incremento registrado durante el gobierno de Iván Duque estuvo condicionado por la pandemia de covid-19. Entre 2020 y 2021 el Estado debió financiar programas de emergencia económica, sanitaria y social mediante el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), mecanismo que movilizó cerca de $40 billones para atender subsidios, vacunación, fortalecimiento hospitalario y programas de apoyo a empresas y trabajadores.
Otro de los argumentos expuestos por el ministro fue la creciente rigidez del presupuesto nacional. Según las cifras presentadas, el gasto inflexible pasó del 87,5% del presupuesto en 2024 al 93,1% en 2025, hasta alcanzar el 93,7% en 2026.
Esto significa que el Gobierno dispone de un margen muy reducido para realizar nuevas inversiones o responder a contingencias. En términos absolutos, el gasto obligatorio asciende a $512,4 billones, mientras que el gasto discrecional apenas alcanza $34,5 billones, equivalente al 6,3% del presupuesto nacional.
Ávila sostuvo que el desfase entre ingresos y gastos es una situación estructural del Estado colombiano y no un fenómeno originado durante el actual cuatrienio.
La próxima reforma enfrentará un complejo panorama político
El anuncio de una nueva reforma tributaria se produce en un contexto especialmente complejo para las finanzas públicas colombianas.
Durante los últimos meses, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Fedesarrollo y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) han advertido sobre la necesidad de fortalecer los ingresos permanentes del Estado para garantizar la sostenibilidad de las cuentas fiscales y preservar la confianza de los mercados internacionales.
El CARF ha señalado que Colombia enfrenta importantes desafíos para cumplir la Regla Fiscal, especialmente por el aumento del déficit y la necesidad de estabilizar el nivel de endeudamiento. Asimismo, Fedesarrollo ha insistido en que cualquier reforma tributaria deberá ampliar la base gravable, reducir exenciones y generar ingresos permanentes sin afectar significativamente el crecimiento económico.
El Banco de la República también ha advertido que la estabilidad macroeconómica depende de una política fiscal creíble que permita mantener controlado el déficit y preservar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
Aunque el Gobierno saliente sostiene que la reforma busca corregir desequilibrios acumulados durante varios años, la iniciativa deberá enfrentar un escenario político diferente en el nuevo Congreso y bajo una nueva administración presidencial.
El Ministerio de Hacienda insiste en que el proyecto constituye una respuesta a un problema estructural de las finanzas públicas y no únicamente a las necesidades presupuestales del Gobierno saliente. El trámite legislativo que comenzará el 20 de julio marcará uno de los primeros grandes debates económicos del nuevo Congreso y definirá el rumbo de la política fiscal colombiana durante el próximo cuatrienio.
