Recibir un nuevo panfleto de un grupo armado ilegal no significa únicamente recibir una amenaza. Significa confirmar que, en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, defender los derechos humanos sigue siendo una actividad marcada por el riesgo, el miedo y la incertidumbre.
Por: José Luis Moreno Álvarez | Durante los últimos años Colombia ha debatido intensamente sobre la seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos; las cifras han ocupado titulares, los informes de organismos nacionales e internacionales se han acumulado y los gobiernos han presentado distintas estrategias para enfrentar una violencia que parece resistirse a desaparecer.
Sin embargo, para quienes habitamos los territorios la realidad rara vez puede resumirse en estadísticas, porque detrás de cada número hay comunidades enteras aprendiendo a convivir con el miedo, organizaciones que modifican su trabajo y familias que viven esperando que el próximo panfleto no lleve sus nombres.
Hace apenas unos días volvió a circular un panfleto atribuido al Bloque Aristides Meza de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; en ese documento aparecen organizaciones sociales y comunitarias como CORPOVIMADH, CORPODSMAG y la Plataforma Internacional de Derechos Humanos, Territorio y Paz, junto con defensores de derechos humanos, representantes de víctimas y líderes sociales del Magdalena Medio.
Todos ellos son señalados como objetivos militares y las amenazas se extienden incluso a sus familias. Lo más grave, sin embargo, no es la existencia de un nuevo panfleto, sino comprobar que se repite el mismo libreto que Colombia conoce desde hace décadas para justificar la persecución contra quienes ejercen liderazgo social.
Estigmatizar a quienes defienden derechos, acompañan a las víctimas o representan a comunidades ha sido, históricamente, el primer paso para intentar silenciarlos. Antes de la violencia física suele aparecer la violencia del señalamiento, esa que busca convertir al defensor en enemigo y al liderazgo social en motivo de sospecha.
Quien nunca ha recibido un mensaje de esta naturaleza podría pensar que se trata únicamente de una hoja de papel o de una imagen difundida por redes sociales; la realidad es muy distinta, porque cada panfleto pretende sembrar temor, fracturar procesos organizativos y convencer a las comunidades de que defender un derecho puede costar la vida.
Ese es precisamente el propósito de quienes recurren a estas prácticas; no necesitan disparar un arma para ejercer control territorial, les basta con instalar el miedo para que una reunión comunitaria se suspenda, un líder decida guardar silencio o una organización limite su presencia por proteger a quienes la integran.
Muchos colombianos esperaban que con el cambio de gobierno esa realidad comenzara a transformarse. La llegada del presidente Gustavo Petro despertó expectativas legítimas entre quienes durante años reclamaron mayor protección para las comunidades y para quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos.
La propuesta de la Paz Total alimentó la esperanza de que los territorios históricamente golpeados por el conflicto empezaran a respirar con mayor tranquilidad; era una expectativa comprensible para quienes han vivido durante décadas entre amenazas, desplazamientos, asesinatos y estigmatización.
Hoy, cuando el país hace un balance de estos cuatro años, resulta difícil afirmar que esas expectativas se hayan materializado plenamente en regiones como Barrancabermeja y el Magdalena Medio. Puede discutirse la política pública, el alcance de las mesas de diálogo o los esfuerzos institucionales desplegados por el Gobierno.
Lo que resulta mucho más difícil controvertir es un hecho evidente: las amenazas continúan llegando y los grupos armados siguen sintiéndose con la capacidad de señalar públicamente a quienes consideran sus enemigos, demostrando que el miedo continúa siendo una herramienta eficaz para ejercer control sobre los territorios.
Tampoco sería justo reducir esta reflexión a una comparación entre gobiernos. Durante la administración de Iván Duque las agresiones contra líderes sociales fueron objeto de constantes cuestionamientos nacionales e internacionales; hoy, después de cuatro años de un gobierno que prometió un enfoque diferente, el problema sigue presente.
Cambiaron los discursos, cambiaron algunas estrategias y cambió la narrativa oficial frente al conflicto; lo que no cambió para muchos defensores fue la sensación de vulnerabilidad, porque las amenazas siguen llegando con una frecuencia que demuestra que la violencia continúa encontrando espacio para imponerse.
La conclusión termina siendo incómoda, pero necesaria: el problema no depende exclusivamente del gobierno de turno. Se trata de una falla estructural del Estado colombiano, incapaz durante décadas de garantizar que quienes defienden derechos fundamentales puedan desarrollar su labor sin convertirse en blancos de organizaciones armadas ilegales.
Barrancabermeja y el Magdalena Medio conocen demasiado bien esa historia; esta región ha soportado distintas expresiones del conflicto armado y ha visto cómo, una y otra vez, los liderazgos sociales terminan siendo estigmatizados, primero mediante señalamientos, después con panfletos y, en demasiadas ocasiones, mediante hechos de violencia irreparables.
Lo más preocupante es que estas amenazas no recaen únicamente sobre personas determinadas. Cada vez que una organización de derechos humanos es intimidada también resultan afectados los campesinos, las víctimas, las mujeres, los jóvenes y las comunidades que encuentran en esos procesos un espacio para reclamar justicia y exigir el respeto de sus derechos.
Por eso el debate no debería concentrarse exclusivamente en cuántos esquemas de protección existen o cuántas reuniones institucionales se realizan; la discusión de fondo consiste en preguntarnos por qué los grupos armados continúan ejerciendo semejante capacidad de intimidación y por qué tantas investigaciones permanecen sin resultados concretos.
Mientras la impunidad siga siendo la regla, las amenazas seguirán repitiéndose con la misma facilidad con la que hoy circulan por teléfonos celulares y redes sociales, mientras las comunidades continúan esperando respuestas que rara vez llegan con la rapidez que exige la gravedad de los hechos.
No escribo estas líneas buscando protagonismo ni pretendiendo convertir una amenaza personal en un hecho excepcional. Las escribo como defensor de derechos humanos y como una de las personas cuyo nombre aparece en ese panfleto, aunque soy consciente de que mañana podría ser el de cualquier otro líder social comprometido con su comunidad.
Ese es el verdadero problema y esa debería ser la principal preocupación del Estado, porque ningún ciudadano debería ejercer la defensa de los derechos humanos preguntándose si el precio de hacerlo será aparecer en la próxima lista de quienes un grupo armado ilegal decidió condenar.
La democracia no se fortalece únicamente con elecciones libres o con grandes discursos sobre la paz; también se mide por la capacidad que tiene un país de proteger a quienes dedican su vida a defender los derechos de los demás, especialmente en aquellos territorios donde la violencia continúa disputándole espacio a la institucionalidad.
La verdadera paz no llegará el día en que dejen de pronunciarse discursos esperanzadores. Llegará cuando ningún defensor de derechos humanos tenga que preguntarse, al despertar, si su nombre apareció nuevamente en un panfleto o si el simple hecho de servir a su comunidad terminó convirtiéndolo en objetivo militar.
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*Representante Legal y Presidente – Plataforma Internacional de Derechos Humanos, Territorio y Paz
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