La investigación por la desaparición de bienes del alumbrado público de Bucaramanga, revelada por Corrillos en 2024, desata el debate sobre la designación del exalcalde Bucaramanga y abre un nuevo frente político para el Gobierno de Abelardo De la Espriella.
La designación de Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda enfrenta su primera prueba política antes de llegar al cargo. El denominado escándalo de la chatarra del alumbrado público de Bucaramanga, revelado por Corrillos en la investigación periodística “Así desaparecieron los ‘inservibles’ del Alumbrado Público de Bucaramanga”, vuelve al centro del debate nacional luego de que los organismos de control avanzaran en las investigaciones sobre la presunta pérdida de bienes públicos.
El caso, liderado por el periodista y analista político Juvenal Bolívar, pasó de ser una controversia administrativa local a convertirse en un asunto de interés político nacional, precisamente cuando el nombre del exalcalde de Bucaramanga comenzó a sonar para asumir una de las carteras más importantes del próximo Gobierno: el Ministerio de Vivienda.
El escándalo tomó mayor fuerza luego de que la Contraloría de Bucaramanga adelantara un proceso de responsabilidad fiscal contra Beltrán y otros funcionarios por la posible pérdida de luminarias, postes, estructuras metálicas y elementos pertenecientes al sistema de alumbrado público de la ciudad.
Inicialmente, las estimaciones del posible detrimento patrimonial estaban alrededor de los 21.000 a 23.000 millones de pesos, pero nuevas revisiones documentales, inventarios y verificaciones técnicas llevaron la cifra analizada por los organismos de control a superar los 46.600 millones de pesos.
La discusión central del caso no está en el valor de la chatarra comercializada como simple metal. El verdadero cuestionamiento está en que los llamados “inservibles” no serían únicamente residuos metálicos, sino bienes públicos adquiridos con recursos del Estado que tenían valor patrimonial, administrativo y operativo.
El escándalo gira alrededor de una pregunta fundamental: ¿cómo desaparecieron bienes públicos que debían estar inventariados, almacenados y bajo custodia institucional?
La investigación penal busca establecer quién tenía la responsabilidad sobre estos elementos, qué controles existían, cómo fueron retirados del inventario oficial y por qué terminaron sin una trazabilidad clara.
Para Juvenal Bolívar, director de Corrillos y autor de la investigación periodística, el problema supera el debate sobre una venta de materiales reciclables. “El país debe entender que aquí no estamos hablando de kilos de hierro o aluminio. Estamos hablando de bienes públicos que tenían un valor patrimonial y cuya desaparición plantea preguntas profundas sobre los controles administrativos de Bucaramanga”, explicó.
Según el analista, el impacto político del caso está determinado por el momento en que ocurre: “El mayor desafío para Jaime Andrés Beltrán no es solamente jurídico; es político. Una persona que aspira a dirigir un ministerio debe llegar con absoluta confianza ciudadana, especialmente cuando la entidad que va a liderar maneja miles de millones de pesos en contratación y programas sociales”.
Investigación penal abre un nuevo escenario
Mientras avanza el proceso fiscal que ya dio putadas sobre la gravedad del asunto, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una investigación penal para determinar si existieron conductas que puedan configurar delitos contra la administración pública.
Aunque hasta el momento no existe una imputación de cargos contra Beltrán derivada de este caso, el proceso podría avanzar hacia esa etapa si los investigadores encuentran elementos suficientes que permitan establecer responsabilidades individuales.
Entre las conductas que eventualmente podrían ser analizadas dentro de una investigación penal de esta naturaleza están delitos como peculado por apropiación, si se establece que bienes públicos fueron apropiados ilegalmente o desviados para beneficio particular; peculado culposo, si se determina que por negligencia o falta de cuidado se permitió la pérdida del patrimonio estatal y omisión de control o incumplimiento de deberes funcionales, si se prueba que funcionarios responsables no ejercieron las acciones necesarias para proteger los bienes públicos.
La Fiscalía deberá establecer si existió una acción irregular, una omisión administrativa grave o simplemente fallas acumuladas de diferentes administraciones.
Beltrán ha cuestionado el enfoque del escándalo
Frente a los señalamientos, Jaime Andrés Beltrán ha rechazado que exista responsabilidad directa de su administración en la desaparición de los elementos y ha insistido en que el problema viene de procesos acumulados durante varios gobiernos.
Hace unos meses, en declaraciones públicas, el exalcalde afirmó: “Debe hablarse con la verdad y no con titulares escandalosos. Hay que revisar toda la historia del alumbrado público y no señalar solamente a una administración”.
Beltrán también ha sostenido que los problemas relacionados con inventarios y almacenamiento de elementos del alumbrado público no nacieron durante su gobierno, sino que corresponden a una situación que debe analizarse desde una perspectiva institucional.
Sin embargo, sus críticos sostienen que, independientemente del origen histórico del problema, el debate político se concentra en quienes tenían responsabilidades de liderazgo cuando el caso salió a la luz pública.
El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció públicamente la llegada de Beltrán a su equipo de Gobierno, una decisión que ahora queda bajo observación por el impacto del proceso judicial y fiscal.
En su cuenta de X, De la Espriella destacó la trayectoria política del exalcalde y defendió su incorporación al Gobierno: “En el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán impulsará una política orientada a que más familias colombianas accedan a una vivienda digna, con mejores ciudades, agua potable y desarrollo para todos los territorios”.
Pero la controversia plantea una primera prueba política para el mandatario electo: mantener la designación implicaría defender la presunción de inocencia y esperar los resultados judiciales; modificarla enviaría un mensaje de mayor rigor frente a cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos públicos.
Para Bolívar, la decisión tendrá una lectura nacional: “El presidente De la Espriella enfrenta una primera prueba de coherencia. Si su Gobierno plantea una lucha frontal contra la corrupción, cada nombramiento estará sometido al estándar de transparencia que prometió durante la campaña”.
El antecedente Vitalogic vuelve al debate
La investigación del alumbrado público también revive el papel que han tenido investigaciones periodísticas sobre Bucaramanga en los últimos años. El caso recuerda el escándalo de Vitalogic, una investigación sobre un contrato tecnológico relacionado con residuos sólidos que posteriormente tuvo consecuencias judiciales para el exalcalde Rodolfo Hernández.
Ese antecedente convirtió a Corrillos en un medio con amplia presencia en el seguimiento de asuntos relacionados con contratación pública y administración municipal.
Bolívar sostiene que la importancia del caso actual está en la necesidad de establecer responsabilidades: “Así como ocurrió con otros procesos que comenzaron como alertas periodísticas y terminaron en escenarios judiciales, la investigación del alumbrado público obliga a responder una pregunta esencial: ¿quién tenía la obligación de proteger esos bienes y por qué desaparecieron?”.
El caso dejó de ser una discusión administrativa municipal. Ahora se convirtió en un factor político que puede influir en la conformación del próximo gabinete nacional.
Para Jaime Andrés Beltrán, el desafío será demostrar que no tuvo responsabilidad en los hechos investigados. Para Abelardo De la Espriella, el reto será demostrar que sus decisiones de Gobierno están alineadas con los principios de transparencia y control del patrimonio público.
Mientras la Fiscalía define el rumbo de la investigación penal y los organismos fiscales avanzan en la determinación del posible detrimento, el expediente de los “inservibles” del alumbrado público se transforma en una de las primeras pruebas políticas del nuevo Gobierno.
Un caso que comenzó como una denuncia sobre chatarra terminó convertido en un debate nacional sobre responsabilidad pública, confianza institucional y lucha contra la corrupción.
