El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que uno de sus primeros decretos creará un bloque especializado para enfrentar la extorsión y la violencia urbana. La iniciativa surge tras la crisis de seguridad registrada en Barranquilla y Soledad, donde comerciantes cerraron negocios por amenazas criminales.
La lucha contra la extorsión y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana comenzaron a perfilarse como uno de los ejes centrales del gobierno que encabezará Abelardo de la Espriella a partir del próximo 7 de agosto. El mandatario electo confirmó que una de sus primeras decisiones será expedir un decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia con la que busca responder al incremento de las actividades de organizaciones criminales que afectan especialmente a comerciantes y habitantes de varias ciudades del país.
El anuncio se produce en un momento en el que distintos sectores económicos han manifestado preocupación por el aumento de las extorsiones, los atracos y los homicidios, fenómenos que han impactado con mayor fuerza a ciudades como Barranquilla y su área metropolitana.
“El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana“, afirmó el presidente electo, al presentar la que será una de las primeras medidas de su administración para enfrentar la delincuencia organizada.
Convocatoria a alcaldes para construir estrategia conjunta
De la Espriella explicó que el nuevo esquema de seguridad no será diseñado únicamente desde el Gobierno Nacional, sino que buscará incorporar las necesidades particulares de los gobiernos locales. Por ello anunció una convocatoria dirigida a los alcaldes de las principales capitales del país con el propósito de consolidar una estrategia integral.
“Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia“, manifestó.
Con este planteamiento, el mandatario electo pretende coordinar acciones entre la Fuerza Pública, las autoridades territoriales y los organismos especializados en inteligencia e investigación criminal para atacar las estructuras dedicadas a la extorsión, uno de los delitos que más afecta a pequeños y medianos comerciantes.
El mensaje concluyó con una frase que resume el enfoque de su futura administración frente al orden público: “No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra Patria“.
La propuesta hace parte del paquete de cerca de 90 decretos que, según ha anunciado el mandatario electo, serán expedidos durante los primeros meses de gobierno con el propósito de responder a las problemáticas más urgentes del país.
El miedo paraliza el comercio en Barranquilla y Soledad
El anuncio presidencial coincide con una situación de alta tensión registrada durante el fin de semana en Barranquilla y Soledad, donde numerosos establecimientos comerciales permanecieron cerrados por temor a posibles retaliaciones de grupos criminales.
Desde las primeras horas del sábado, el silencio reemplazó el habitual movimiento comercial en varios sectores del municipio de Soledad y de la capital del Atlántico. Tiendas de barrio, talleres, negocios de repuestos y pequeños establecimientos decidieron no abrir sus puertas, pese al llamado de las autoridades para mantener la normalidad y al despliegue de unidades de la Policía Nacional, el Ejército y el Gaula.
La decisión estuvo motivada por la circulación de panfletos y mensajes amenazantes difundidos a través de aplicaciones de mensajería instantánea, en los que presuntas estructuras criminales intimidaban a los comerciantes para suspender sus actividades económicas.
Aunque las autoridades investigan el origen y la autenticidad de dichos mensajes, el impacto fue inmediato. El temor terminó imponiéndose sobre las garantías de seguridad ofrecidas por el Estado.
“Lo mejor es no jugar con candela, uno sabe cuándo las vainas son en serio“, expresó un comerciante del sector de repuestos automotrices, quien prefirió mantener cerrado su establecimiento para evitar posibles ataques.
El episodio volvió a evidenciar la capacidad de intimidación que conservan las organizaciones criminales en algunas regiones del país y refuerza el debate sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de inteligencia, judicialización y presencia institucional para proteger a la ciudadanía y garantizar el normal desarrollo de la actividad económica.
