La denuncia del abogado Miguel Ángel Del Río sobre amenazas de muerte con imágenes de cuerpos desmembrados desató una nueva reacción del presidente Gustavo Petro, quien vinculó el hecho con el clima de polarización y recordó advertencias previas sobre discursos del Presidente electo.
La publicación del abogado penalista Miguel Ángel Del Río Malo en la red social X encendió nuevamente las alarmas sobre el deterioro del debate político en Colombia. Del Río denunció públicamente haber recibido mensajes con amenazas explícitas contra su vida, acompañados de fotografías de personas desmembradas, un hecho que calificó como extremadamente grave.
“Debo reportar este número de manera pública -a pesar de la crudeza de sus imágenes- enviada a mi número personal amenazándome con cortarme la cabeza y desmembrando cuerpos. Pongo en alerta a las autoridades sobre estos graves hechos”, escribió el jurista, reconocido por su cercanía a sectores progresistas y por su participación en casos de alto impacto judicial.
El mensaje no tardó en generar reacciones. Una de las más contundentes fue la del presidente Gustavo Petro, quien interpretó la amenaza como una señal de escalamiento de la confrontación política y social en el país.
“Ahora sí se generaliza la amenaza en Colombia”, escribió el mandatario al inicio de su extenso pronunciamiento. En su mensaje, Petro insistió en que había advertido sobre el cambio de una política basada en “el amor y el entendimiento” hacia una lógica de “vendetta”.
El jefe de Estado afirmó que ese sentimiento de retaliación “no solo es contra mí, es contra el movimiento popular que se atrevió a ganar en el 2022 y el que creció y creo ganó en el 2026”, en referencia a la continuidad política del bloque progresista y a la creciente tensión institucional tras las elecciones.
La reacción presidencial reabrió un debate que ya venía tomando fuerza desde las declaraciones del abogado y ahora presidente electo Abelardo De la Espriella, quien meses atrás utilizó la expresión “destripar a la izquierda” en medio de su discurso político, frase que fue duramente cuestionada por sectores de oposición y defensores de derechos humanos.
Aunque De la Espriella sostuvo en su momento que se trataba de una metáfora política sobre desmontar las reformas impulsadas por el petrismo, desde el oficialismo se consideró que ese lenguaje podía alimentar un ambiente hostil y legitimar expresiones violentas.
Ahora, el caso denunciado por Del Río parece conectar con ese antecedente. Petro, sin mencionar directamente a De la Espriella, retomó esa línea argumentativa y advirtió que “de la amenaza se pase al hecho”, planteando que el movimiento popular debe prepararse para responder políticamente.
“La acción bajo el fascismo es la resistencia”, escribió el mandatario, una frase que marca el tono de su mensaje y que refuerza su narrativa de defensa de las reformas sociales frente a lo que considera intentos de reversión.
En su pronunciamiento, Petro fue más allá de la amenaza puntual y conectó la situación con un escenario de eventual ofensiva institucional contra su legado. “Apenas den el primer golpe a una reforma… hay que reaccionar nacionalmente”, sostuvo.
El mandatario enumeró como puntos centrales de esa defensa la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma agraria y la implementación del acuerdo de paz, al advertir que cualquier intento de derogarlas representaría “un golpe de frente al pueblo”.
Particularmente insistió en que la paz no puede ser convertida en objeto de persecución política. “Criminalizar la paz no es sino legitimar la guerra total”, afirmó.
El trasfondo del pronunciamiento muestra que el Gobierno interpreta las amenazas no como hechos aislados, sino como parte de un clima de confrontación más amplio. Petro incluso aseguró que “la amenaza es para paralizar la acción” y llamó a construir una “Gran Alianza por la Vida” para defender las conquistas sociales.
La Fiscalía y organismos de inteligencia podrían entrar a rastrear el origen del número desde el cual se emitieron las intimidaciones. El caso adquiere relevancia no solo por la gravedad de las imágenes denunciadas, sino por el contexto político de alta tensión que vive el país.
