La Fiscalía General fijó para el próximo 20 de agosto la audiencia de acusación contra Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias, en medio de nuevas revelaciones sobre el caso del apartamento 901 y versiones desmentidas sobre su eventual retorno a Ecopetrol.
En medio de versiones encontradas y rumores sobre su futuro en el sector energético, el nombre de Ricardo Roa vuelve a ocupar el centro de la discusión pública. Mientras en círculos políticos y empresariales se hablaba de un inminente regreso a la presidencia de Ecopetrol, la realidad judicial avanzaba en otra dirección.
La Fiscalía General confirmó que ya fue radicada la solicitud formal ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para la audiencia de imputación contra Roa por el delito de tráfico de influencias. La diligencia quedó programada para el próximo 20 de agosto a las 12 del mediodía.
El caso se centra en las supuestas presiones que Roa habría ejercido dentro del Grupo Ecopetrol para beneficiar a Juan Guillermo Mancera, exintegrante de la Policía Nacional y señalado como intermediario en la compra de un exclusivo apartamento en el norte de Bogotá.
Se trata del conocido expediente del apartamento 901, una investigación que comenzó a tomar forma tras una serie de revelaciones periodísticas hechas en diciembre de 2023 sobre la adquisición de un lujoso inmueble que pertenecía al inversionista ítalo-venezolano Serafino Iacono.
El rastro del apartamento 901
La investigación reveló escrituras, acuerdos privados y una compleja ruta de pagos que hoy están bajo la lupa de las autoridades. Según documentos conocidos por la Fiscalía, la firma Innova Mercadeo y Logística LTDA, propiedad de Mancera, habría cubierto pagos por 1.800 millones de pesos para saldar la deuda del inmueble.
Los desembolsos, de acuerdo con la trazabilidad financiera, se habrían realizado entre marzo de 2023 y febrero de 2024, en al menos seis operaciones distintas. La información fue suministrada por Princeton International Holding, empresa que entregó un listado de consignaciones y transacciones en efectivo que ahora forman parte del expediente.
El punto más delicado del caso está en que, paralelamente a esos pagos, Mancera gestionaba contratos con Ecopetrol a través de su firma Gaxi, lo que para los investigadores configura un posible conflicto de interés y una presunta utilización indebida de influencias.
La Fiscalía sostiene que Roa habría intervenido en varias oportunidades para favorecer al exuniformado dentro de la estructura empresarial del grupo energético, una acusación que el exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro ha rechazado de forma reiterada.
El expediente judicial se fortalece con el testimonio de uno de los principales testigos del caso: Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol.
Ecopetrol, la junta y la tensión política
Mientras la justicia avanza, al interior de Ecopetrol también se libra una disputa silenciosa. Fuentes de la estatal desmintieron de manera categórica la versión que circuló en medios especializados sobre un supuesto reintegro inmediato de Roa a la presidencia de la compañía.
Según esas fuentes, ni en la junta directiva realizada el miércoles ni en la agenda de la sesión prevista para este viernes existía algún punto relacionado con su eventual regreso. La versión fue calificada como “desinformación”.
Sin embargo, el ambiente interno sigue marcado por tensiones políticas. Desde la Casa de Nariño, según fuentes consultadas, se habría estado preparando una estrategia para remover a dos miembros de la junta directiva que se opusieron a la permanencia de Roa tras sus dos procesos judiciales: tráfico de influencias y violación de topes de campaña.
Entre los nombres que habrían estado en la mira figuran Luis Felipe Henao, representante de los fondos de pensiones, y Ricardo Rodríguez Yee.
Ese movimiento, sin embargo, habría quedado congelado tras la reciente victoria electoral de Abelardo De la Espriella, un hecho que reconfigura las fuerzas de poder y podría modificar el tablero político y corporativo de Ecopetrol.
La Fiscalía sostiene que hubo al menos tres reuniones clave en las que Roa habría ejercido presión para favorecer a Mancera. Uno de esos encuentros ocurrió en el restaurante Flora el 26 de agosto de 2024. Otros se habrían desarrollado entre septiembre y octubre de ese mismo año en oficinas de Ecopetrol, tras reuniones de junta de Hocol.
Pero investigaciones periodísticas señalan que serían al menos 15 episodios documentados, todos ya en manos de las autoridades.
Con la audiencia fijada y las tensiones creciendo tanto en los tribunales como en la cúpula petrolera, el caso de Ricardo Roa entra en una etapa decisiva. El proceso judicial no solo pondrá a prueba su defensa, sino que podría tener profundas repercusiones en la gobernabilidad de la principal empresa estatal del país y en el futuro político del petrismo.
