La Corte Suprema de Justicia formalizó una investigación contra el exsenador liberal Miguel Ángel Pinto Hernández por el presunto delito de acceso carnal violento agravado. El proceso judicial, que involucra hechos ocurridos hace más de una década, agita el escenario político nacional.
La carrera política de Miguel Ángel Pinto Hernández atraviesa su momento más crítico. El exsenador del Partido Liberal, quien durante 12 años ocupó una curul en el Congreso de la República, enfrenta hoy una investigación formal de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por un presunto caso de abuso sexual agravado.
La decisión del alto tribunal se produjo luego de que el despacho del magistrado Misael Rodríguez recopilara evidencias testimoniales y documentales que, según la Corte, sostienen la hipótesis de que el excongresista habría abusado de su posición de poder para someter sexualmente a una mujer que trabajaba bajo su subordinación.
El caso se remonta a hechos ocurridos entre septiembre de 2009 y junio de 2010. Según la denuncia, durante aproximadamente diez meses, la víctima habría sido forzada a sostener encuentros sexuales en medio de una relación marcada por la subordinación laboral.
La Corte sostiene que Pinto “habría aprovechado su situación de superioridad” para instrumentalizar sexualmente a la mujer, una afirmación que constituye el eje central de la investigación.
Este lunes, el exsenador compareció ante el magistrado Rodríguez en diligencia de indagatoria, en la que rindió versión libre sobre los hechos. La sesión se extendió durante cerca de cuatro horas y estuvo marcada por la negativa de la defensa de aplazar la audiencia.
El abogado Jaime Lombana, quien lidera la defensa de Pinto, había solicitado la reprogramación argumentando que no podía asistir presencialmente por encontrarse fuera del país. No obstante, el despacho judicial negó la petición y autorizó la participación virtual de la defensa, manteniendo en firme la diligencia.
Al término de la audiencia, Pinto sorprendió con una declaración tajante al ser interrogado sobre la identidad de la denunciante. “No la conozco, ni idea quién es”, afirmó ante los medios, una frase que rápidamente encendió el debate público y político.
Minutos después, rodeado de su equipo jurídico, el exsenador reiteró su inocencia. A la pregunta de si se declaraba inocente frente a las graves acusaciones, respondió con contundencia: “Pero absolutamente”.
El excongresista también sugirió que las acusaciones podrían estar relacionadas con disputas políticas, aunque evitó profundizar en esa línea. “Eso es parte de los debates políticos, de la democracia y las posiciones políticas”, manifestó.
El caso adquiere un matiz aún más complejo por coincidir con la salida oficial de Pinto del Senado. El pasado 9 de junio, la plenaria aceptó su renuncia, efectiva desde este 23 de junio, cerrando así un extenso ciclo legislativo. La coincidencia temporal entre la renuncia y la citación judicial ha despertado interpretaciones políticas y jurídicas sobre el futuro inmediato del proceso.
Aunque Pinto ya no ostenta investidura parlamentaria, el expediente sigue bajo análisis de la Corte Suprema debido a la naturaleza y contexto en que ocurrieron los hechos denunciados.
Ahora, el magistrado instructor deberá evaluar el material probatorio, la declaración del exsenador y las demás evidencias para determinar si el caso escala a una nueva fase procesal o si se adoptan otras decisiones judiciales.
Por ahora, el país observa con atención un expediente que no solo pone en entredicho la trayectoria de uno de los dirigentes liberales más visibles de Santander, sino que también reabre el debate sobre el abuso de poder, la violencia sexual y la responsabilidad de los servidores públicos frente a este tipo de señalamientos.
Mientras la justicia avanza, Miguel Ángel Pinto insiste en su inocencia. La Corte, entretanto, tendrá la última palabra.
