A dos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el Consejo Nacional Electoral aún no fija fecha para oficializar al presidente electo. Aunque el preconteo da como ganador a Abelardo de la Espriella, el escrutinio nacional sigue abierto entre reclamaciones y revisiones.
La incertidumbre sobre la proclamación oficial del próximo presidente de Colombia se mantiene. Este martes, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, confirmó que el organismo no tiene una fecha definida para declarar formalmente al vencedor de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo, un proceso marcado por la estrecha diferencia entre los dos candidatos.
“No tengo fecha estimada de cuándo podría entregar este resultado, pero esperamos hacerlo con igual o mayor rapidez que hace 21 días”, afirmó Quiroz durante una rueda de prensa previa a la instalación de la audiencia pública de la Comisión Nacional de Escrutinios, escenario donde se resolverán las reclamaciones pendientes y se consolidará el resultado definitivo.
El panorama político sigue tensionado luego de que el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil arrojara como ganador preliminar a Abelardo de la Espriella, quien obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66 % del total. Su contendor, Iván Cepeda, alcanzó 12,7 millones de sufragios, representando el 48,70 %.
La diferencia mínima entre ambos candidatos convirtió esta elección en una de las más ajustadas de la historia reciente del país, lo que incrementó la atención sobre cada fase del escrutinio. Sin embargo, desde el CNE insisten en que los datos preliminares suelen guardar una alta correspondencia con el resultado definitivo.
Quiroz explicó que el sistema electoral colombiano está estructurado en cuatro etapas sucesivas. La primera es el conteo inicial realizado por los jurados de votación al cierre de las urnas. Luego siguen los escrutinios municipales, a cargo de jueces y notarios; posteriormente los departamentales; y finalmente el escrutinio nacional, responsabilidad exclusiva del CNE.
Ese modelo, según el magistrado, responde a un principio “preclusivo”, una figura jurídica que obliga a que cualquier reclamación sea presentada en la etapa correspondiente. En otras palabras, si una irregularidad no fue reportada en el nivel municipal o departamental, no puede ser reabierta posteriormente salvo casos excepcionales.
La explicación cobra relevancia ante la ola de denuncias difundidas en redes sociales, donde usuarios han compartido imágenes de formularios electorales con tachaduras, correcciones y aparentes inconsistencias. Para Quiroz, esos casos debieron ser puestos en conocimiento de jueces y notarios durante los escrutinios territoriales.
Aun así, el presidente del CNE aseguró que el volumen de reclamaciones ha sido bajo frente a las más de 120.000 mesas instaladas en todo el territorio nacional. Gran parte de esas observaciones, afirmó, ya fueron resueltas en fases anteriores, reduciendo la posibilidad de modificaciones sustanciales en la cifra global.
Otro componente clave del proceso son los votos del exterior. Los sufragios de los colombianos residentes fuera del país son consolidados a través de actas elaboradas por consulados y remitidas a la comisión escrutadora nacional, donde también pueden surgir revisiones o reclamaciones adicionales.
En medio de las dudas y señalamientos, Quiroz defendió la legitimidad del proceso electoral y subrayó que estas han sido las elecciones “más vigiladas” de la historia reciente. Jurados, testigos electorales, observadores internacionales, jueces, notarios y organismos de control participaron en todas las fases del procedimiento.
La gran pregunta ahora es cuánto tardará el CNE en cerrar el escrutinio. Aunque no existe una fecha oficial, el antecedente de la primera vuelta ofrece una referencia: entonces, todo el proceso concluyó en menos de una semana y la diferencia entre preconteo y escrutinio fue inferior al 1 %.
Por ahora, Colombia permanece a la espera de una certificación que, más allá de confirmar cifras, tendrá la tarea de disipar las dudas en un país polarizado y bajo máxima vigilancia institucional.
