En un país donde una imagen en redes sociales puede pesar más que un análisis completo, estamos cayendo en un error peligroso: simplificar problemas complejos hasta volverlos consignas.
Por: Diego Armando Pérez Mayorga |Hoy, el precio de la gasolina se ha convertido en uno de esos temas donde abundan las conclusiones rápidas, pero escasea el contexto. Y cuando el debate público se construye sobre comparaciones superficiales, lo que se pierde no es solo la verdad, sino la capacidad de entender lo que realmente está pasando.
Por estos días vuelve a circular en redes sociales una imagen que compara el precio de la gasolina entre distintos momentos del país, insinuando que antes era “barata” y ahora es “cara” por decisiones recientes. Es una narrativa sencilla, fácil de digerir y, precisamente por eso, engañosa. No porque los números sean falsos, sino porque están incompletos. Y en economía, una verdad a medias termina siendo una forma de desinformación.
El precio de la gasolina en Colombia no es una cifra que dependa únicamente de una decisión política del momento. Es el resultado de un sistema complejo que combina factores internacionales, fiscales y técnicos. Pero, sobre todo, es el reflejo de una práctica que el país ha utilizado durante años: aplazar decisiones difíciles para evitar costos inmediatos.
En el centro de ese sistema hay un elemento clave que casi nunca aparece en las publicaciones virales: el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, conocido como FEPC.
El FEPC es un mecanismo creado para evitar que el precio de la gasolina suba de manera abrupta cuando el petróleo en el mercado internacional aumenta. Funciona como un amortiguador: cuando el precio real sube mucho, el fondo cubre una parte para que el consumidor no sienta todo el impacto.
Por otro lado, en teoría, cuando las condiciones cambian, es decir, el precio del petróleo baja, ese dinero se recupera. El problema es que ese equilibrio no siempre ocurre, y cuando los precios internacionales se mantienen altos durante largos periodos, el fondo deja de ser un estabilizador y se convierte en un acumulador de déficit.
Eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante varios años, en lugar de trasladar el costo real de los combustibles al consumidor, el país optó por mantener precios más bajos a través de subsidios. Esa decisión evitó un impacto inmediato en el bolsillo de los ciudadanos, pero generó una consecuencia inevitable: una deuda creciente.
Porque la diferencia entre lo que realmente cuesta la gasolina y lo que paga el consumidor no desaparece; alguien la asume. Y en este caso, la asumió el Estado.
Y cuando el Estado asume ese costo, no lo hace en el vacío. Lo hace con recursos que podrían destinarse a otras necesidades del país. Cada peso que se usa para cubrir el déficit del FEPC es un peso que deja de invertirse en infraestructura, en mantenimiento de vías, en salud, en educación o en programas sociales.
Ahí es donde el problema deja de ser técnico y se vuelve tangible: el subsidio no desaparece, simplemente se traslada. Lo que no se paga en la estación de servicio, termina reflejándose en obras que no se hacen, en servicios que no mejoran o en recursos que se vuelven insuficientes para atender otras prioridades nacionales.
Aquí es donde está la clave que muchas imágenes omiten deliberadamente: la gasolina no era realmente más barata, estaba subsidiada. Y ese subsidio no era gratis. Lo que no se pagó en su momento se acumuló como un déficit que, tarde o temprano, tenía que ser corregido. No es un asunto ideológico, es una realidad económica básica: ningún país puede sostener indefinidamente vender combustibles por debajo de su costo real sin afectar sus finanzas.
Lo que hoy se percibe como un aumento fuerte en el precio de la gasolina no es un fenómeno aislado ni repentino, sino el resultado de ese proceso acumulado. Es la corrección de un desbalance que se fue construyendo con el tiempo. Durante años se contuvo el precio, se acumularon subsidios y se generó un déficit significativo.
En algún momento, ese ajuste tenía que hacerse. Interpretarlo únicamente como una decisión actual es ignorar el contexto completo.
A esto se suman otros factores que rara vez aparecen en las comparaciones simplistas: el precio internacional del petróleo, la tasa de cambio del dólar, los costos de refinación, transporte y la situación fiscal del país. Todos estos elementos influyen directamente en el precio final que paga el consumidor. Reducir todo ese entramado a una imagen de “antes y ahora” no es análisis, es simplificación, y una simplificación que conduce a conclusiones equivocadas.
La verdad, aunque incómoda, es bastante clara: no existe gasolina barata sin costo. Si no la paga el consumidor en el momento, la paga el país después, ya sea en forma de deuda, presión fiscal o reducción de recursos en otras áreas. El FEPC permitió suavizar el impacto durante un tiempo, pero también permitió posponer un problema que finalmente tenía que enfrentarse.
Por eso, más que buscar culpables en una comparación superficial, el debate debería centrarse en algo mucho más importante: qué modelo quiere el país frente al manejo de los combustibles. Si se opta por subsidiar, hay que asumir el costo fiscal. Si se opta por precios reales, hay que asumir el impacto directo en el consumidor. No hay soluciones mágicas, solo decisiones con consecuencias.
Lo realmente preocupante no es que existan opiniones distintas, sino la facilidad con la que hoy se comparte información incompleta como si fuera verdad absoluta. Una imagen viral puede instalar una idea en segundos, pero desmontarla requiere contexto, análisis y responsabilidad. Y en medio de una discusión cada vez más polarizada, esa responsabilidad se vuelve aún más necesaria.
Colombia no está simplemente viendo subir el precio de la gasolina. Está enfrentando las consecuencias de haber contenido ese aumento durante demasiado tiempo. Entender eso es fundamental para no caer en narrativas fáciles que pueden sonar bien, pero que no explican la realidad. Porque al final, la economía no responde a imágenes ni a consignas, sino a decisiones acumuladas que, tarde o temprano, siempre pasan factura.
Y ahí está el punto de fondo: no estamos discutiendo simplemente el precio de la gasolina, estamos discutiendo si como país vamos a entender cómo funcionan realmente estos problemas o si vamos a seguir reaccionando a versiones simplificadas de la realidad. Porque cuando una sociedad se acostumbra a explicaciones fáciles, termina tomando decisiones equivocadas. Y esas decisiones, como en este caso, siempre tienen un costo que alguien debe asumir.
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Vicepresidente junta directiva nacional Asociación Sindical de la Industria del Petróleo y Gas (Asopetrogas)
