El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, que ordenaba el traslado de cerca de cinco billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones. Asofondos celebró la decisión, que protege el ahorro pensional de más de 119.000 afiliados mientras se estudia la legalidad de la medida.
El Consejo de Estado decidió suspender de manera provisional el Decreto 415 de 2026, emitido por el Gobierno Nacional, que ordenaba el traslado de aproximadamente COP 5 billones de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La medida, que había generado controversia en el sector financiero y jurídico, se detiene mientras el alto tribunal estudia una demanda que busca tumbar el decreto por presunta violación de la ley.
La decisión fue recibida con beneplácito por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), que destacó el fallo como una garantía para la protección del ahorro de millones de trabajadores. “El Consejo de Estado protege COP 25 billones del ahorro pensional de los colombianos. Dinero que la misma reforma pensional había determinado que serviría para garantizar las pensiones en el futuro”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
El decreto suspendido hacía parte de las medidas transitorias del Gobierno para atender el vacío jurídico generado por la reforma pensional, actualmente en revisión por la Corte Constitucional. Según el Ejecutivo, la intención era asegurar los recursos necesarios para pagar las pensiones de quienes se trasladaron de los fondos privados al sistema público.
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que la norma debía ser analizada con mayor profundidad, pues podría contradecir lo establecido en la Ley 100 de 1993, que regula el sistema pensional colombiano. Dicha ley establece que, cuando un afiliado se traslada de régimen, también debe trasladarse el dinero ahorrado, pero bajo condiciones específicas que el decreto no habría cumplido plenamente.
De acuerdo con cifras oficiales, 119.632 personas se han trasladado de las AFP a Colpensiones, de las cuales 22.472 ya se encuentran pensionadas. El Ministerio de Hacienda ha manifestado su preocupación por la carga financiera que implica asumir el pago de estas pensiones sin haber recibido los recursos correspondientes de los fondos privados.
Asofondos, por su parte, insiste en que la suspensión del decreto evita un riesgo jurídico y financiero para el sistema. “La medida cautelar garantiza que los recursos de los trabajadores permanezcan protegidos mientras se define la legalidad del decreto y la reforma pensional”, señaló Velasco.
El fallo del Consejo de Estado no es definitivo, pero marca un precedente importante en el debate sobre el futuro del sistema pensional colombiano. Mientras tanto, las administradoras privadas y el Gobierno deberán esperar la decisión de fondo que determine si el traslado de recursos es legal o si vulnera los derechos de los afiliados.
La discusión sobre el manejo del ahorro pensional continúa siendo uno de los temas más sensibles en la agenda económica y social del país, especialmente en medio de la incertidumbre por la reforma pensional y las tensiones entre el Ejecutivo y los organismos de control.
