La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre el aumento de minas antipersonal en el Bajo Cauca y el Catatumbo, regiones que concentran el mayor número de víctimas en Colombia durante 2026. La entidad pidió acciones urgentes para proteger a la población y garantizar asistencia integral a los afectados.
La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta por la grave situación de violencia que golpea al Bajo Cauca antioqueño y al Catatumbo, donde se ha registrado un incremento en el uso de minas antipersonal por parte de grupos armados ilegales. Según el Ministerio Público, estas dos regiones concentran el mayor número de víctimas a nivel nacional en lo corrido de 2026.
En un comunicado, la entidad condenó el uso indiscriminado de estos artefactos explosivos, recordando que están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados sobre la población civil. “Las minas antipersonal son armas prohibidas y su utilización constituye una táctica criminal de control territorial que impone terror, confinamiento y riesgos inminentes a la vida e integridad de las comunidades”, señaló la Procuraduría.
Los datos recopilados indican que durante el primer trimestre de 2026, las víctimas por minas antipersonal en estas regiones superan las cifras de otros departamentos, lo que refleja la magnitud del problema. La práctica, además de generar miedo, limita la movilidad de los habitantes, afecta la economía local y dificulta el acceso a servicios básicos.
La Procuraduría requirió al Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en articulación con alcaldías y gobernaciones, para que implementen de inmediato actividades de educación en el riesgo de artefactos explosivos. Asimismo, pidió asegurar la aplicación estricta de la ruta de asistencia integral a víctimas, que incluye evacuación, extracción, atención prehospitalaria, hospitalaria y procesos de rehabilitación.
El Ministerio Público también hizo un llamado urgente para prevenir graves violaciones de los derechos de la población civil y de la Fuerza Pública, que enfrenta riesgos constantes en operaciones de control territorial. La entidad aseguró que mantendrá una estricta vigilancia preventiva sobre las autoridades responsables de la política de acción integral contra minas antipersonal, con el propósito de garantizar una respuesta estatal oportuna y efectiva.
La situación en el Bajo Cauca y el Catatumbo refleja la persistencia del conflicto armado y la reconfiguración de las estrategias de los grupos ilegales, que recurren a métodos de intimidación y control social para mantener su influencia en los territorios. Organizaciones de derechos humanos han advertido que el uso de minas antipersonal constituye una de las formas más crueles de violencia, pues afecta principalmente a campesinos, niños y comunidades indígenas.
La Procuraduría concluyó que la prioridad debe ser proteger a las comunidades y garantizar la no repetición de estos hechos, reforzando la presencia institucional y la coordinación interinstitucional para enfrentar esta amenaza.
