La Comunidad Andina de Naciones (CAN) intervino en la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, ordenando a ambos países desmontar en un plazo de diez días los aranceles y restricciones fronterizas que han impuesto desde enero. Las resoluciones señalan que estas medidas vulneran el Acuerdo de Cartagena y afectan el comercio regional.
La tensión comercial entre Colombia y Ecuador, que se ha intensificado desde inicios de 2026, dio un giro con la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El organismo regional emitió tres resoluciones el pasado 7 de mayo en Lima, en las que concluyó que las medidas adoptadas por ambos gobiernos constituyen restricciones ilegales al comercio subregional andino.
En el caso de Ecuador, la CAN ordenó levantar la denominada “tasa de seguridad” aplicada a productos colombianos, que llegó a incrementarse hasta el 100 % en mayo, y que en la práctica funcionaba como un arancel. Además, exigió retirar la disposición que habilitaba exclusivamente el puente internacional de Rumichaca como único punto de ingreso terrestre para mercancías colombianas.
Por su parte, Colombia deberá desmontar los aranceles recíprocos impuestos a productos ecuatorianos como cacao, frutas, calzado y plásticos, así como las restricciones de ingreso por las aduanas de Ipiales y Puerto Asís. Estas medidas fueron adoptadas como respuesta a las decisiones de Quito y también fueron calificadas como incompatibles con el Programa de Liberación Comercial de la CAN.
La guerra comercial comenzó en enero, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la aplicación de la “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas, con el argumento de que Bogotá no ejercía suficiente control sobre el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera. La medida escaló rápidamente: en marzo el arancel subió al 50 % y en mayo alcanzó el 100 %.
Colombia respondió con aranceles recíprocos, restricciones de ingreso terrestre y la suspensión de exportaciones de electricidad hacia Ecuador, lo que agravó las tensiones diplomáticas. La CAN, al analizar el conflicto, concluyó que ambas naciones vulneraron el Acuerdo de Cartagena de 1969, que garantiza la libre circulación de mercancías entre los países miembros.
La decisión del organismo es vinculante y otorga a ambos países un plazo de 10 días hábiles para retirar las medidas, contados desde la publicación en la Gaceta Oficial. Aunque las resoluciones pueden ser apeladas, jurídicamente obligan a desmontar los aranceles y restricciones.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, celebró la decisión y pidió a los gobiernos cumplir con lo ordenado: “La Comunidad Andina le ordena a los gobiernos de Colombia y Ecuador levantar todas las medidas que restringen el comercio. El daño económico es inmenso”.
La resolución también exhorta a ambos países a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y control fronterizo, sin afectar el intercambio comercial. El desenlace de este conflicto será clave para la estabilidad económica de la región y para la credibilidad de los mecanismos de integración andina.
