La extorsión sigue en aumento en Santander, con un incremento del 2,6 % en lo corrido del año. Comerciantes y ciudadanos enfrentan llamadas intimidatorias desde cárceles y exigencias de “vacunas” que afectan su seguridad y economía. Las autoridades refuerzan estrategias para contener un fenómeno que golpea la vida cotidiana.
El departamento de Santander enfrenta un repunte en los casos de extorsión. Según cifras oficiales, en lo corrido de este año se han denunciado 78 episodios, frente a los 76 registrados en el mismo periodo de 2025. Aunque el aumento parece leve, representa un 2,6 % y refleja la persistencia de un delito que genera miedo y presión en la comunidad.
Barrancabermeja es el municipio más afectado, con 31 casos reportados, seguido por el área metropolitana de Bucaramanga, que concentra 39 denuncias. Dentro de esta, Bucaramanga registra 17 casos y Floridablanca 10, lo que evidencia que las principales ciudades del departamento son blanco frecuente de las estructuras criminales.
Detrás de las cifras hay historias de miedo que rara vez salen a la luz pública. Comerciantes y pequeños empresarios han relatado cómo reciben llamadas en las que se les exige dinero a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familias. En muchos casos, los delincuentes utilizan información personal, mencionando direcciones y nombres de parientes, lo que incrementa la presión psicológica y lleva a las víctimas a considerar el pago inmediato.
“Uno siente que lo están vigilando todo el tiempo. Pensé en pagar porque el miedo es grande”, confesó bajo reserva una comerciante del área metropolitana. Este tipo de intimidación se ha convertido en una estrategia recurrente de las redes criminales, que operan desde centros penitenciarios o mediante alianzas con delincuentes en libertad.
El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que la mayoría de los casos tienen origen en llamadas extorsivas desde cárceles. Para enfrentar el fenómeno, se creó un grupo especial del Gaula dedicado a actividades de prevención y se concentran acciones en sectores comerciales como Provenza, la Plaza Satélite, San Francisco y Cabecera.
Las autoridades insisten en que las víctimas no deben ceder a las exigencias y deben denunciar de inmediato. Sin embargo, la presión psicológica y la falta de confianza institucional hacen que muchos ciudadanos terminen pagando, lo que perpetúa el ciclo delictivo.
La extorsión no solo afecta la economía de los comerciantes, sino también la estabilidad social de las comunidades. El temor constante limita la actividad empresarial y genera un ambiente de inseguridad que impacta la vida cotidiana.
El reto para las autoridades es fortalecer los mecanismos de protección y garantizar respuestas efectivas que devuelvan la confianza a la ciudadanía. Mientras tanto, los comerciantes y ciudadanos de Santander siguen enfrentando un delito que se adapta y persiste, poniendo a prueba la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia.
