La Agencia Nacional de Tierras (ANT) alertó sobre una red de estafadores que opera en 25 departamentos del país. Falsos funcionarios exigían pagos entre 300.000 y 2 millones de pesos a comunidades rurales, utilizando documentos falsos y grupos de WhatsApp para engañar a campesinos en procesos de adjudicación.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió una alerta nacional tras detectar la presencia de estafadores que se hacen pasar por funcionarios de la entidad en 25 departamentos de Colombia. Según la denuncia, estas personas han utilizado documentos falsos y grupos de WhatsApp para exigir pagos ilegales a comunidades rurales, prometiendo trámites de adjudicación de tierras que nunca se concretan.
De acuerdo con la información oficial, los montos exigidos oscilaban entre 300.000 y 2 millones de pesos, dependiendo del tipo de trámite que los supuestos funcionarios ofrecían. Las víctimas eran principalmente campesinos que, en su búsqueda de acceder a programas de formalización y adjudicación de tierras, fueron engañados con promesas de soluciones rápidas y seguras.
La ANT aclaró que ningún proceso de adjudicación o formalización de tierras requiere pagos directos a funcionarios ni se gestiona a través de grupos de mensajería instantánea. Todos los trámites deben realizarse por los canales oficiales de la entidad, lo que evidencia que los estafadores aprovecharon la falta de información y la vulnerabilidad de las comunidades rurales para ejecutar sus engaños.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la alerta y aseguró que las autoridades ya trabajan en la identificación de las redes criminales detrás de estas prácticas. “Estamos frente a un delito que afecta directamente a los campesinos y a la confianza en las instituciones. La inteligencia y la fuerza pública están desplegadas para ubicar a los responsables”, señaló.
La situación ha generado preocupación en organizaciones sociales y líderes comunitarios, quienes advierten que este tipo de estafas no solo afectan económicamente a las familias rurales, sino que también debilitan la credibilidad de los programas estatales de tierras. En muchos casos, los campesinos que fueron víctimas de los cobros ilegales quedaron desmotivados para continuar con los procesos legítimos, lo que retrasa los objetivos de formalización y acceso equitativo a la tierra.
La ANT reiteró que los trámites de adjudicación son gratuitos y que cualquier información oficial se publica en sus canales institucionales. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier intento de cobro irregular o suplantación de funcionarios. La entidad también anunció campañas pedagógicas en las regiones más afectadas, con el fin de orientar a las comunidades sobre cómo identificar y evitar este tipo de engaños.
Expertos en seguridad digital señalan que el uso de grupos de WhatsApp para coordinar las estafas refleja una tendencia creciente en el país: el aprovechamiento de plataformas de mensajería para cometer delitos. La facilidad de acceso y la confianza que generan estos espacios entre los usuarios rurales fueron factores clave para que los estafadores lograran su cometido.
