Camacol alertó que un proyecto de decreto del Gobierno podría introducir un esquema de control de precios en la vivienda, especialmente en la de interés social, con riesgos de menor oferta, mayor incertidumbre jurídica y posibles alzas futuras en los valores de inmuebles y arriendos.
El gremio de la construcción encendió las alarmas frente a lo que considera un giro en la política de vivienda del Gobierno nacional. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) sostiene que un borrador de decreto, actualmente en discusión, alteraría las reglas de formación de precios en el mercado inmobiliario y podría afectar de manera directa la viabilidad de proyectos, en particular los dirigidos a hogares de menores ingresos.
Durante una rueda de prensa, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, cuestionó que desde el Ejecutivo se sugiera la existencia de “conductas abusivas” en el sector. A su juicio, ese diagnóstico no solo carece de sustento empírico, sino que desconoce la dinámica propia de la actividad constructora, caracterizada por ciclos largos, variaciones de costos y un alto peso de pequeñas y medianas empresas.
Herrera insistió en que la construcción de vivienda es una de las principales herramientas para cerrar el déficit habitacional y dinamizar la economía. “No aceptamos que se hable de conductas abusivas. Este es un debate de política pública que debe darse con evidencia”, señaló el dirigente gremial, al advertir que un mensaje de desconfianza puede terminar afectando la inversión y el empleo.
Uno de los puntos más críticos del borrador, según Camacol, es la obligación de definir el precio de la vivienda en pesos desde etapas tempranas del negocio, como la separación o la promesa de compraventa, sin permitir ajustes posteriores hasta el momento de la escrituración. Para el gremio, esta exigencia desconoce que los costos de obra evolucionan a lo largo del desarrollo del proyecto y que la normatividad vigente permite pactar mecanismos objetivos de actualización.
“La vivienda no es un bien de consumo inmediato. No se puede tratar como un producto de estantería”, afirmó Herrera, al explicar que el marco legal colombiano —basado en el Código Civil y el Código de Comercio— habilita la libre pactación del precio, ya sea como valor fijo o mediante fórmulas previamente acordadas entre las partes.
Camacol recordó, además, que la vivienda de interés social (VIS) tiene un régimen especial que debe definirse en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, advirtió que el proyecto en discusión podría alterar los topes y afectar políticas urbanas sensibles, como los programas de renovación en grandes ciudades, donde los costos del suelo y de construcción son más altos.
Para respaldar su posición, el gremio presentó cifras del propio mercado: de las cerca de 74.000 viviendas VIS entregadas a noviembre de 2025, más del 60% se comercializaron por debajo de 135 salarios mínimos, un nivel inferior al máximo permitido. A juicio de Camacol, estos datos muestran que los precios finales no están necesariamente anclados al techo normativo y que existe competencia dentro del segmento.
Costos en alza y riesgos constitucionales
El contexto económico agrega presión al debate. Camacol estima que los costos de construcción de un proyecto nuevo podrían incrementarse entre 10% y 15%, impulsados, entre otros factores, por el aumento del salario mínimo y de los insumos. En un sector donde cerca del 90% de las empresas son pymes, la rigidez contractual podría traducirse en proyectos que dejan de ser viables o que nunca llegan a ejecutarse.
El gremio también expresó preocupación por el régimen de transición planteado en el borrador, al considerar que introduce incertidumbre para iniciativas ya en marcha. “Cambiar las reglas de juego a mitad del camino eleva el riesgo y afecta la seguridad jurídica”, advirtió Herrera.
Desde el punto de vista legal, Camacol señaló una “línea roja” en la Constitución. El artículo 334 permite la intervención del Estado en la economía, pero establece que el control de precios no puede ser discrecional ni carecer de condiciones claras. “Vamos a demostrar que el Gobierno pretende imponer controles de precios de forma ilegal; esto no es Cuba”, afirmó el presidente del gremio, en una de las frases más contundentes del encuentro.
Más allá del debate jurídico, Camacol insistió en los efectos económicos que, según la evidencia internacional, suelen acompañar a los controles de precios: reducción de la oferta, distorsiones en el mercado y, paradójicamente, incrementos en los valores de la vivienda nueva, usada y de los arriendos. Un escenario que, advirtió el gremio, terminaría golpeando a los mismos hogares que se busca proteger.
El llamado final de Camacol fue a abrir un espacio de discusión técnica y basada en datos, en el que se evalúen alternativas para mejorar el acceso a la vivienda sin desincentivar la producción. “La política habitacional necesita reglas claras y estabilidad. Sin eso, el riesgo es frenar la oferta y agravar el problema que se quiere resolver”, concluyó Herrera.
