Una acción de tutela busca suspender el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, que lo llevó a $2 millones. El recurso, presentado por un comerciante y respaldado por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, argumenta que el Gobierno vulneró el debido proceso y desconoció la concertación tripartita.
El reciente aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en $2.000.000 con auxilio de transporte incluido, enfrenta un nuevo obstáculo jurídico. Una acción de tutela interpuesta por el comerciante Alexander Donato Rondón, con el respaldo del exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, busca suspender provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La medida, que representó un incremento del 23,78 %, fue adoptada de manera unilateral por el Ejecutivo tras el fracaso de las negociaciones en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Según los demandantes, esta decisión vulnera el derecho al debido proceso y desconoce el mandato constitucional de concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores.
El recurso señala que el aumento tiene “graves efectos inmediatos” sobre pequeños negocios, el empleo formal y los trabajadores informales. Se advierte que muchas micro y pequeñas empresas no podrán absorber el costo adicional, lo que podría derivar en despidos, reducción de jornadas o incluso cierres.
La tutela también pide una medida provisional para que el decreto quede sin efectos mientras se adopta una decisión de fondo. Los responsables señalados en la acción son la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda.
El anuncio generó una fuerte controversia pública. Mientras sectores empresariales y gremiales respaldan la acción judicial, argumentando que el incremento es insostenible para la economía, otros actores políticos y sociales han criticado duramente la iniciativa. En redes sociales, algunos calificaron la tutela como un acto de “mezquindad y clasismo”, al considerar que se opone a un beneficio para millones de trabajadores colombianos.
El Gobierno, por su parte, ha defendido el aumento como un paso necesario para garantizar un salario digno y mejorar la capacidad adquisitiva de los hogares. El presidente Petro ha insistido en que la medida responde a la necesidad de avanzar hacia un salario mínimo vital y familiar, en línea con su propuesta de reforma laboral.
El aumento del salario mínimo a $2 millones se da en un escenario de presiones inflacionarias y desaceleración económica. Analistas advierten que, aunque la medida busca proteger a los trabajadores, también puede generar tensiones fiscales y afectar la competitividad de las empresas. El debate refleja la dificultad de equilibrar las necesidades sociales con la sostenibilidad económica.
La tutela fue presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir si concede la medida provisional solicitada. De ser aceptada, el decreto quedaría suspendido temporalmente, lo que abriría un nuevo capítulo en la discusión sobre el salario mínimo en Colombia.
El desenlace de este proceso será clave para definir el rumbo de la política laboral del país en 2026 y marcará un precedente sobre la forma en que se deben adoptar decisiones de alto impacto económico y social.
