El ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que la caída de la ley de financiamiento en el Congreso dejó un vacío fiscal de 16,3 billones de pesos, lo que podría justificar una emergencia económica para garantizar la estabilidad presupuestal y la continuidad de programas sociales en 2026.
La Comisión IV del Senado hundió la ley de financiamiento, pieza clave del Gobierno Petro para asegurar recursos en 2026. El presupuesto aprobado previamente incluía explícitamente la necesidad de esta norma, lo que, según Ávila, genera un incumplimiento institucional y un desequilibrio en las cuentas públicas.
El proyecto buscaba recaudar inicialmente 26,3 billones de pesos, cifra que se redujo a 16,3 billones tras ajustes y consensos con el Congreso. Se eliminaron medidas sensibles como el aumento en combustibles y se concentró el esfuerzo tributario en sectores de altos ingresos y el sistema financiero.
El ministro calificó la decisión como “bastante desafortunada” y señaló que “un 75% de la Cámara y un 65% del Senado aprobaron un presupuesto que explícitamente convocaba al Gobierno a presentar esa ley”. Para Ávila, la negativa de un pequeño grupo de senadores desconoce el mandato institucional.
Añadió: “Infortunadamente no tuvo racionalidad y como en la fábula del Quijote, la razón de la sin razón era prácticamente imposible hacer ver a este pequeño núcleo de senadores las implicaciones para la sociedad y para el equilibrio fiscal del país”.
El ministro insistió en que la iniciativa era “la propuesta más progresiva que se ha presentado recientemente”, pues se enfocaba en los más ricos y en el sector financiero, sin afectar a la mayoría de la población.
La justificación de la emergencia económica
Ávila explicó que la caída de la ley constituye un “hecho sobreviniente” que podría habilitar al Gobierno para declarar una emergencia económica, contemplada en el artículo 215 de la Constitución. Esta figura permite expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar crisis graves, aunque bajo límites estrictos de tiempo y control constitucional.
Según el ministro, sin nuevas fuentes de recaudo se verían comprometidos programas sociales, subsidios, inversión regional y el pago de la deuda pública. “Ese pequeño núcleo de senadores pone en riesgo el cumplimiento de las metas y los compromisos sociales”, afirmó.
La propuesta generó un intenso debate. Desde el Congreso, voces como la senadora Angélica Lozano señalaron que la caída de una reforma no constituye un hecho extraordinario ni imprevisible, por lo que no justificaría una emergencia económica.
Analistas y gremios coincidieron en que la salida más viable es un ajuste fiscal con recorte de gasto. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, recordó que los 16,3 billones representan menos del 3% del presupuesto nacional, por lo que no comprometen la sostenibilidad fiscal. “No existe ningún hecho sobreviniente que permita justificar la declaración de emergencia económica”, sostuvo.
La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que recurrir a una emergencia aumentaría la incertidumbre y afectaría la confianza de inversionistas. Propuso, en cambio, una hoja de ruta fiscal basada en austeridad y estabilidad jurídica.
De declararse la emergencia, el Gobierno podría crear impuestos temporales, reasignar recursos del presupuesto, regular sectores estratégicos y precios e implementar programas sociales de emergencia.
Sin embargo, estas facultades solo durarían 30 días y estarían sujetas a revisión de la Corte Constitucional y del Congreso.
La caída de la ley de financiamiento abrió un vacío fiscal que el Gobierno considera grave. Germán Ávila defiende la emergencia económica como salida para garantizar estabilidad y continuidad de programas sociales, mientras analistas y opositores insisten en que la medida carece de justificación constitucional y que la alternativa es un ajuste fiscal responsable.
