Encender velitas en conjuntos residenciales durante la celebración del 7 de diciembre podría costar más de $400.000 en multas, según lo establecido por normas de convivencia y el Código de Policía en Colombia
La llegada de diciembre en Colombia trae consigo una de las tradiciones más arraigadas: el Día de las Velitas, celebrado cada 7 de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción. Sin embargo, esta costumbre puede convertirse en un problema para quienes viven en conjuntos residenciales o edificios, ya que encender velitas en zonas comunes puede acarrear sanciones económicas superiores a $400.000.
La medida se fundamenta en el Código Nacional de Policía y Convivencia y en la Ley 675 de 2001 de Propiedad Horizontal, que regulan el uso de espacios compartidos y buscan proteger la seguridad y la tranquilidad de los residentes. Encender velas en pasillos, escaleras, parques internos o áreas comunes representa un riesgo de incendio y puede generar molestias a los vecinos.
Por ello, las administraciones de conjuntos residenciales están facultadas para imponer sanciones económicas a quienes incumplan estas normas. La multa puede superar los $400.000, dependiendo de la gravedad de la falta y de lo estipulado en el reglamento interno de cada copropiedad.
Tradición vs. seguridad
El Día de las Velitas es considerado uno de los momentos más especiales de la temporada navideña en Colombia. Familias enteras se reúnen para encender velas y faroles como símbolo de esperanza y unión. No obstante, en espacios residenciales compartidos, esta práctica se enfrenta a restricciones que buscan evitar accidentes y garantizar la convivencia pacífica.
Las autoridades recuerdan que los ciudadanos pueden mantener viva la tradición en sus hogares, siempre que lo hagan en condiciones seguras y sin afectar a la comunidad. En conjuntos, la recomendación es utilizar alternativas como velas eléctricas o faroles LED, que reducen el riesgo de incendios y cumplen con las normas de seguridad.
La medida ha generado debate entre quienes defienden la tradición y quienes priorizan la seguridad. Algunos residentes consideran que la sanción es excesiva y atenta contra las costumbres culturales, mientras que otros apoyan la norma como una forma de proteger la integridad de las familias y los bienes comunes.
