El Ministerio de Hacienda presentó una versión modificada de la reforma tributaria, reduciendo su meta de recaudo y eliminando medidas polémicas, en un intento por salvar el proyecto ante un Congreso dividido y en año electoral.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ajustó su propuesta de reforma tributaria tras una serie de reuniones con las comisiones económicas del Congreso. El nuevo texto, presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el 20 de noviembre de 2025, busca reducir la meta de recaudo de $26 billones a $16,3 billones, e incluso contempla una reducción adicional hasta los $8 billones, en respuesta al ambiente adverso en el Legislativo y a las críticas por el impacto de la iniciativa sobre la clase media y los sectores populares.
La reforma tributaria es fundamental para financiar el presupuesto general de la Nación aprobado para 2026, que asciende a $546,9 billones. Sin embargo, este presupuesto presenta un déficit de $16 billones, lo que obliga al Gobierno a buscar fuentes adicionales de ingreso. Sin la aprobación de la reforma, el presupuesto quedaría desfinanciado en al menos $16 billones, lo que comprometería programas sociales, inversión pública y funcionamiento del Estado.
Entre los ajustes más relevantes, el Gobierno decidió retirar el polémico impuesto al IVA sobre combustibles y limitar el alcance del impuesto a las compras virtuales de bajo valor (las llamadas “nininis”), que ahora solo aplicaría a transacciones superiores a 100 dólares. También se excluyó a la cerveza del esquema de tarifa homogénea del 30 % por grado de alcohol, reduciendo su carga al 15 %, lo que representa un alivio para el sector cervecero.
Se mantienen, sin embargo, los impuestos al patrimonio, el incremento progresivo del impuesto de renta y los gravámenes a productos como cigarrillos, vapeadores y licores, que aportarían cerca de $4,1 billones al recaudo total.
El camino legislativo de la reforma ha estado plagado de tropiezos. El primer debate, previsto para el 19 de noviembre, fue aplazado por un error administrativo: la mesa directiva de la Cámara no expidió la resolución que autorizaba la sesión conjunta de las comisiones económicas, lo que impidió la presentación formal del proyecto por parte del ministro Ávila.
Además, el proyecto ya enfrenta una ponencia de archivo radicada por la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), quien argumentó que la reforma “afecta directamente a los más pobres y a la clase media” y que el Gobierno pretende recaudar hasta $26 billones, pese a haber anunciado una cifra menor. En el Senado, sectores de oposición también preparan su propia ponencia de archivo, lo que podría hundir la iniciativa si una sola comisión la rechaza.
Ante la posibilidad de que la reforma no prospere, desde la oposición se ha planteado una alternativa inspirada en el Plan de Renovación de la Administración Pública (PRAP) de 2003, que implicaría un recorte del gasto público equivalente a 1,5 puntos del PIB, es decir, unos $16 billones. Esta propuesta cuenta con respaldo de sectores uribistas y de otros partidos que consideran inviable aprobar nuevos impuestos en un año electoral.
Desde el oficialismo, la representante Olga Lucía Velásquez propuso un proyecto de ley de reactivación económica que otorgue beneficios a contribuyentes morosos, como mecanismo para aumentar el recaudo sin imponer nuevas cargas fiscales. “El alivio tributario beneficiaría a todas las personas que tienen deudas con el Estado”, explicó.
El ambiente político no es favorable para el Gobierno. La baja asistencia a las reuniones con los ponentes, la falta de respaldo en al menos tres de las cuatro comisiones económicas, y la presión de los partidos por evitar medidas impopulares en año electoral, configuran un escenario adverso. El senador Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) anunció que al menos once congresistas firmarán una ponencia de archivo, argumentando que “el bolsillo de los colombianos se reventó”.
El ministro Ávila ha intentado tender puentes con los legisladores, pero enfrenta el reto de conciliar intereses diversos en un Congreso fragmentado. La próxima sesión conjunta, prevista para el martes 25 de noviembre, será decisiva: si una sola comisión archiva el proyecto, la reforma se hunde.
La reforma tributaria ajustada por el Gobierno Petro busca responder a las exigencias del Congreso y a las tensiones sociales por el costo de vida. Sin embargo, su futuro es incierto. Entre ponencias de archivo, propuestas alternativas y un clima político enrarecido, el Ejecutivo enfrenta el desafío de financiar su agenda sin agotar el capital político ni agravar la desconfianza ciudadana. El desenlace de este pulso fiscal marcará el rumbo del último tramo del mandato presidencial.
