La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidirá este viernes si aprueba la fusión entre Tigo y Movistar, una operación que podría transformar el mercado de telecomunicaciones en Colombia.
La posible integración entre Tigo (Millicom) y Movistar (Telefónica) está en el centro del debate empresarial y regulatorio del país. La negociación, valorada en US$400 millones, contempla que Millicom adquiera el 67,5 % de participación de Telefónica en Coltel (Colombia Telecomunicaciones), compañía que opera bajo la marca Movistar. Además, la multinacional ofreció comprar el 32,5 % restante de acciones, actualmente en manos de la Nación y otros accionistas, donde el Estado colombiano posee un 30 % de participación.
La decisión de la SIC es crucial, pues definirá si se concreta una de las operaciones más relevantes en el sector de telecomunicaciones en los últimos años. El objetivo de las compañías es consolidar su presencia en el mercado y competir con mayor fuerza frente a Claro, el operador dominante.
Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas. WOM Colombia, otro actor del sector, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando frenar la fusión. Según la empresa, la integración entre Tigo y Movistar provocaría un duopolio, ya que la compañía fusionada junto con Claro concentrarían cerca del 90 % del mercado. WOM advierte que esto podría traer consecuencias negativas para los usuarios, limitando la competencia y dejando en desventaja a los operadores más pequeños.
Ante este panorama, WOM ha pedido que, en caso de aprobarse la operación, se implementen medidas regulatorias que garanticen condiciones de competencia justa y eviten la concentración excesiva del mercado. La discusión se convierte así en un pulso entre la necesidad de fortalecer empresas para competir globalmente y la obligación de proteger la pluralidad en el sector.
La decisión de la SIC marcará un precedente en la regulación de las telecomunicaciones en Colombia. De aprobarse, el país enfrentará un nuevo escenario con dos grandes jugadores dominando la mayoría del mercado, lo que podría redefinir tarifas, calidad del servicio y estrategias de inversión. Por el contrario, si se rechaza, se mantendrá el actual equilibrio, aunque con el riesgo de que las compañías involucradas pierdan competitividad frente a sus rivales.
El fallo esperado este 14 de noviembre de 2025 será determinante para el futuro de las telecomunicaciones en Colombia y para millones de usuarios que dependen de estos servicios en su vida cotidiana.
Foto: Cortesía Valora Analitik
