La Corte Constitucional de Colombia reafirmó que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) están obligadas a garantizar el servicio de cuidador a personas en situación de alta dependencia, cuando sus familias no pueden asumir esa responsabilidad por razones económicas o materiales. Así lo establece la Sentencia T-319 de 2025, que marca un precedente clave en la protección del derecho al cuidado integral.
El fallo aclara que el servicio de cuidador no debe confundirse con el de enfermería. Mientras este último implica procedimientos clínicos especializados, el cuidador se encarga de acompañar a la persona en sus actividades cotidianas, promoviendo su autonomía y bienestar en el entorno domiciliario. Esta distinción busca evitar interpretaciones restrictivas que limiten el acceso a este apoyo esencial.
En el caso analizado, la Corte ordenó mantener el servicio de cuidador por jornadas de doce horas diarias, además de realizar una valoración médica interdisciplinaria para evaluar la inclusión de la persona en un programa de atención domiciliaria. También exigió seguimientos periódicos para garantizar la pertinencia del servicio.
La Corte subrayó que el cuidado de personas dependientes es una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y las EPS. Por ello, instó al Gobierno Nacional y al Congreso a formular una política pública de cuidado con enfoque de corresponsabilidad, que combine apoyo institucional, redes comunitarias y participación familiar.
El tribunal advirtió que, pese a avances normativos, persisten vacíos estructurales que generan cargas desproporcionadas sobre ciertos hogares, especialmente aquellos con personas mayores o con discapacidad. En este contexto, el cuidado no puede seguir siendo una carga exclusiva de las familias, sino que debe abordarse como un asunto de política pública y salud social.
La sentencia enfatiza que el servicio de cuidador forma parte del derecho fundamental a la salud y debe ser prestado sin dilaciones injustificadas, con base en valoraciones clínicas, sociales y económicas. Esta decisión cobra especial relevancia ante el envejecimiento acelerado de la población colombiana, que incrementará la demanda de servicios de apoyo.
Con este pronunciamiento, la Corte busca consolidar un sistema de salud más equitativo y humanizado, en el que las personas dependientes reciban atención digna, continua y ajustada a sus necesidades.
