En medio de una controversia fiscal de alto perfil, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) negó haber iniciado medidas cautelares o procesos de cobro coactivo contra la Refinería de Cartagena (Reficar), aclarando que el proceso aún se encuentra en etapa administrativa.
La aclaración surge tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República que señala presuntas irregularidades fiscales por más de $1,3 billones en el proyecto de modernización de Reficar. Según la Contraloría, estos hallazgos podrían derivar en responsabilidades fiscales para varios exfuncionarios y contratistas involucrados en la ejecución del proyecto.
Sin embargo, la DIAN precisó que, hasta el momento, no se ha determinado un monto definitivo a pagar por parte de Reficar, ni se ha iniciado un proceso de cobro. La entidad explicó que el caso está siendo evaluado dentro del marco del debido proceso, y que cualquier decisión se tomará conforme a la ley tributaria vigente.
Reficar, por su parte, ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades y ha reiterado que actuó conforme a las normas legales durante la ejecución del proyecto. La empresa también ha señalado que aún no ha sido notificada de ninguna sanción o requerimiento formal por parte de la DIAN.
El caso ha generado atención mediática y política, dado que la modernización de Reficar fue uno de los proyectos de infraestructura más costosos en la historia reciente del país, con sobrecostos que superaron los US$4.000 millones. La controversia ha reavivado el debate sobre la transparencia en la contratación pública y la eficacia de los mecanismos de control fiscal.
Expertos tributarios han señalado que, si bien la DIAN tiene la facultad de iniciar procesos de cobro coactivo en casos de evasión o incumplimiento, debe respetar las etapas procesales y garantizar el derecho a la defensa. En este caso, la entidad ha optado por mantener el proceso en revisión administrativa, lo que indica que aún no hay una decisión definitiva.
La opinión pública y los entes de control seguirán atentos a la evolución de este caso, que podría tener implicaciones significativas para la gestión fiscal y la credibilidad institucional en Colombia.
