El Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso la Ley de Financiamiento 2025, una iniciativa que busca cubrir el déficit fiscal proyectado para el próximo año.
A pesar de haber reducido su meta de recaudo, el proyecto enfrenta críticas por su impacto en sectores clave, como el energético, y por el descontento generalizado tanto en el Congreso como en la ciudadanía.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la eliminación del impuesto del 19% sobre las plataformas de juegos de azar en línea, una medida que buscaba recaudar recursos significativos pero que fue descartada ante las dudas legales y el posible impacto negativo en el sector.
En su lugar, se propusieron ajustes como un impuesto progresivo al carbono, que comenzará en $41,000 por tonelada en 2025 y alcanzará $75,000 en 2027. Este impuesto se aplicará parcialmente al diésel y Jet Fuel hasta 2027, año a partir del cual entrará en plena vigencia.
El sector minero-energético es uno de los más afectados por la propuesta. La sobretasa de renta para este sector, que actualmente oscila entre el 5% y el 15%, aumentará a un rango de entre el 7% y el 20% dependiendo de los precios internacionales del crudo.
Según Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, esta medida podría detener la exploración petrolera para 2030, afectando la producción nacional de hidrocarburos y comprometiendo las metas de transición energética.
Desde Ecopetrol, aunque aún no han realizado un análisis completo, se interpreta que el aumento de la sobretasa busca compensar la pérdida de recaudo tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la no deducibilidad de las regalías de la renta.
Desafíos fiscales y oposición política
Expertos como Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, critican el enfoque de corto plazo del proyecto, señalando que no alivia la carga tributaria de las personas naturales y jurídicas, y que incluso el anticipo de la regla fiscal podría incrementar el endeudamiento público.
Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, alertó sobre la insostenibilidad de financiar gastos permanentes con fuentes temporales de ingresos.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se sumó a las críticas afirmando que la reforma no busca aliviar impuestos, sino recaudar $11.5 billones adicionales, trasladando la carga a los hogares y las empresas.
Incentivos y medidas complementarias
Entre las disposiciones más aceptadas está la continuidad del IVA reducido del 5% para vehículos híbridos, en línea con la transición energética, y una reducción gradual del impuesto de renta empresarial, que pasará del 35% al 30% para 2039, y al 27% para pequeñas y medianas empresas.
También se contemplan amnistías tributarias y de multas de tránsito, permitiendo a los infractores reducir en un 50% el valor de la deuda y en un 100% los intereses.
El régimen simple se mantendrá hasta 2026 antes de su eliminación, buscando facilitar una transición fiscal menos disruptiva.
La reforma deberá superar votaciones críticas en las comisiones económicas del Congreso entre miércoles y viernes de esta semana.
Aunque el ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha defendido la inclusión de nuevos impuestos como el de timbre del 1% y ajustes a los dividendos, el clima político sigue siendo tenso, y el éxito de la iniciativa está lejos de estar garantizado.
Con un enfoque mixto de incentivos y medidas tributarias, el Gobierno espera asegurar el equilibrio fiscal. Sin embargo, los cuestionamientos sobre su impacto económico y social persisten, y la viabilidad política del proyecto se definirá en los próximos días.
