La medida afectaría a 35.000 personas, prohibiendo actividades económicas como la minería en municipios clave como California, Vetas y Suratá.
Más de 40 organizaciones sociales, campesinas, mineras, agropecuarias y comunales de Soto Norte han declarado “desobediencia civil” en rechazo a la implementación de una Zona de Reserva Temporal por parte del Ministerio de Ambiente.
Los líderes locales advierten que la decisión generará desplazamientos forzados, exacerbando problemáticas sociales en el área metropolitana de Bucaramanga. Según Holmes Valbuena, presidente de la Fundación Firmes Santurbán, estas políticas
“profundizan la crisis social y económica al ser impuestas desde Bogotá, sin diálogo ni concertación con las comunidades afectadas”.
Además, las organizaciones aseguran que la prohibición impactará sectores como la agricultura, la ganadería, el turismo y la construcción, actividades que sostienen la economía local.
Como parte de su protesta, las comunidades han anunciado:
- Marchas, plantones y protestas.
- Tutelatones y recolección de firmas.
- Declarar como personas no gratas a activistas y políticos que apoyen las zonas de reserva inconsultas.
También han denunciado que las decisiones del Ministerio de Ambiente violan el Acuerdo de Escazú, al no incluir procesos participativos con las comunidades afectadas.
Propuestas de las comunidades
Para buscar soluciones, las organizaciones han propuesto tres acciones inmediatas:
- Instalar una mesa técnica con las comunidades de Soto Norte, como lo sugirió la Procuraduría General en junio de 2024.
- Cumplir con el Acuerdo de Escazú, garantizando un ordenamiento territorial participativo.
- Convocar una mesa pública de concertación en 2025 con actores gubernamentales y locales.
Las comunidades han hecho un llamado urgente al Ministerio de Ambiente para revisar la medida de la Zona de Reserva Temporal. Exigen un proceso transparente que considere las necesidades de quienes habitan y trabajan en Soto Norte.
El conflicto entre las políticas ambientales y los derechos de las comunidades locales sigue escalando, evidenciando la necesidad de un diálogo efectivo para evitar mayores tensiones en la región.
