La ambiciosa propuesta de “paz total” del gobierno Petro enfrenta desafíos significativos, marcados por divisiones internas en grupos armados y la complejidad de múltiples mesas de negociación. Aunque el concepto de abarcar todas las violencias en un solo marco es innovador, su implementación plantea riesgos y obstáculos evidentes.
Mientras se conmemoran ocho años del Acuerdo de Paz con las FARC, el Gobierno avanza con un Plan Marco de Implementación y un Plan de Choque para acelerar el cumplimiento del acuerdo.
Sin embargo, emergen problemas: la Segunda Marquetalia muestra fracturas internas, el ELN parece esquivo y declara su negativa a negociar con este Gobierno, y las disidencias lideradas por Iván Mordisco exhiben tensiones violentas.
La Ley de Paz Total, aprobada por el Congreso, otorga al Ejecutivo facultades para negociar tanto con actores armados políticos como con estructuras criminales. Este enfoque busca superar el modelo de paz parcelada, pero su ambición de abordar múltiples conflictos simultáneamente parece desafiar la capacidad operativa del Gobierno.
Diez mesas activas, que incluyen al ELN, disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y bandas urbanas en ciudades como Buenaventura y Medellín, evidencian la magnitud de la tarea.
La historia colombiana demuestra que los avances en la paz han sido graduales. Entre 1990 y 2016, se lograron diez acuerdos que desmovilizaron a más de 71,500 combatientes. Este modelo escalonado permitió consolidar resultados tangibles, como la Asamblea Constituyente de 1991 y el Acuerdo de Paz con las FARC en 2016.
Para alcanzar metas realistas, el Gobierno debe priorizar procesos con grupos como Comuneros del Sur, la ex Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Este enfoque permitiría presentar avances concretos antes de 2026, dejando bases sólidas para futuras administraciones.
Controlar la “explosión” de la paz total, enfocándose en objetivos alcanzables, es clave para transformar esta ambiciosa promesa en una realidad tangible para Colombia.
