Santander tiene agua, pero no necesariamente seguridad hídrica. Mientras 14 municipios reciben el servicio durante menos de 18 horas diarias y otros 23 ni siquiera reportan información sobre continuidad, el departamento enfrenta una brecha que demanda más de $3,5 billones y decisiones coordinadas para evitar mayores riesgos.
La discusión sobre el agua en Santander empieza a cambiar de escenario. Ya no se trata únicamente de saber cuántos habitantes están conectados a un acueducto, sino de determinar si el recurso llega de manera continua, si las fuentes que lo producen están protegidas y qué ocurre con el agua después de ser utilizada.
Ese es uno de los principales hallazgos de la Agenda Estratégica del Agua de Prosantander, presentada después de varios meses de investigación técnica, mesas de trabajo y participación territorial. El documento convirtió las problemáticas identificadas en 276 proyectos e iniciativas, de los cuales 112 fueron priorizados porque cuentan con responsable institucional y presupuesto asignado. En conjunto, representan inversiones superiores a $3,54 billones.
El diagnóstico expone una realidad que puede pasar inadvertida detrás de las cifras generales de cobertura. 14 de los 87 municipios de Santander reciben agua durante menos de 18 horas al día, mientras que otros 23 no reportan información sobre las horas de continuidad del servicio. Esto significa que existe una parte del territorio sobre la cual ni siquiera se dispone de información suficiente para dimensionar completamente la problemática.
La situación adquiere mayor importancia durante las temporadas secas. Municipios como Barichara, Los Santos y Vélez aparecen como territorios donde las condiciones climáticas, la disponibilidad de las fuentes y las características de los sistemas de acueducto pueden poner a prueba la continuidad del suministro.
La conclusión es incómoda: tener infraestructura de acueducto no equivale automáticamente a tener seguridad hídrica.
“La seguridad hídrica implica gestionar el agua de principio a fin: proteger las fuentes, garantizar que llegue de manera continua y asegurar que, después de utilizarla, pueda ser tratada antes de regresar al ambiente. Si alguno de estos componentes falla, todo el sistema se ve afectado”, explica Hernán Clavijo, director de la Agenda Estratégica del Agua de Prosantander.
La frase resume el problema central: el agua debe entenderse como un sistema y no como una sucesión de obras aisladas.
El desafío comienza en las fuentes y termina en las aguas residuales
La Agenda del Agua plantea tres grandes frentes de intervención: conservación de fuentes hídricas; acceso y uso del recurso hídrico; y tratamiento de aguas residuales. A estos se suman dos componentes transversales considerados indispensables: gobernanza, y educación y cultura del agua.
El mayor esfuerzo económico está concentrado en el saneamiento. De los más de $3,54 billones identificados para los proyectos priorizados, $1,9 billones están destinados a diez proyectos de tratamiento de aguas residuales. La dimensión de esta inversión responde a una brecha particularmente crítica: cerca del 85 % del agua consumida por los santandereanos termina convertida en agua residual, mientras más del 60 % de los municipios no cuenta con una PTAR operando de manera efectiva.
El dato obliga a mirar el ciclo completo. El problema no concluye cuando el agua sale de un grifo y cumple su función en un hogar, una empresa o una institución. Después comienza otro desafío: evitar que ese recurso, convertido en agua residual, regrese al ambiente sin el tratamiento adecuado.
Por eso aparecen como proyectos estratégicos la PTAR Río de Oro y sus obras complementarias, en el área metropolitana de Bucaramanga, y la culminación y puesta en funcionamiento de la PTAR San Silvestre, en Barrancabermeja.
Pero el saneamiento es solamente una parte de la ecuación.
La Agenda contempla 25 proyectos para acceso y uso del recurso hídrico, con inversiones por $1,5 billones, mientras que la conservación de las fuentes reúne 77 proyectos por $131.302 millones.
La distribución revela una apuesta por intervenir simultáneamente diferentes etapas del ciclo del agua. Proteger las fuentes resulta insuficiente si el servicio no tiene continuidad; aumentar la capacidad de abastecimiento pierde sentido si las aguas residuales continúan contaminando los ecosistemas; y construir infraestructura tampoco resuelve por sí sola los problemas si no existen capacidades institucionales para administrarla.
La seguridad hídrica, en consecuencia, no depende de una sola obra ni de una sola administración.
Depende de que el departamento pueda sostener una política de largo plazo.
112 proyectos ponen a prueba la capacidad institucional
La importancia de la Agenda no está únicamente en el tamaño de la inversión. También está en haber intentado convertir el diagnóstico en una hoja de ruta con responsabilidades concretas.
Las 112 prioridades fueron seleccionadas porque tienen una necesidad identificada y una ruta de avance que incluye responsable institucional, presupuesto y mecanismos de seguimiento, bajo criterios de viabilidad física, técnica y económica.
Ese componente resulta determinante. Santander no necesita únicamente identificar sus problemas de agua; necesita saber quién debe resolverlos, con qué recursos y bajo qué mecanismos se verificará el cumplimiento.
La ausencia de información también aparece como una amenaza. Que 23 municipios no reporten datos sobre continuidad del servicio dificulta conocer con precisión la dimensión del problema y establecer prioridades de inversión. Por eso la Agenda advierte que la seguridad hídrica no puede medirse únicamente por el número de hogares conectados a un acueducto. También debe considerar la continuidad, la calidad del servicio y la capacidad de gestionar adecuadamente las aguas residuales.
Para construir esta hoja de ruta se realizó un recorrido por las siete provincias de Santander, mediante siete nodos territoriales, cuatro mesas técnicas y otros espacios de diálogo. En ellos participaron autoridades, prestadores de servicios públicos, academia, gremios, comunidades y sociedad civil.
Ese proceso introduce otro elemento fundamental: el agua no puede administrarse únicamente desde los centros urbanos.
Las condiciones de un municipio de la provincia Guanentina no necesariamente son las mismas de uno del Magdalena Medio. Las características geográficas, climáticas, ambientales y de infraestructura cambian de un territorio a otro. Una política departamental, por tanto, necesita reconocer esas diferencias sin perder una visión común.
La Agenda tampoco pretende reemplazar las responsabilidades legales de alcaldías, autoridades ambientales o prestadores de servicios públicos. Su propósito es funcionar como un instrumento técnico común para articular prioridades, proyectos, responsables y mecanismos de seguimiento.
Ese punto puede convertirse en la verdadera prueba del proceso. Porque los $3,54 billones identificados son, al mismo tiempo, una oportunidad y una obligación. El reto será conseguir que los proyectos no permanezcan en documentos, presupuestos o anuncios institucionales, sino que lleguen efectivamente a los territorios.
El desafío quedó planteado durante el Segundo Foro Agua y Desarrollo, organizado por Prosantander: avanzar hacia una etapa en la que las prioridades identificadas se traduzcan en decisiones, recursos y soluciones concretas.
