La tragedia nos recordó que la naturaleza no discrimina categorías municipales, pero nuestras leyes de construcción sí lo hacen. Así es como el modelo actual de curadurías urbanas se concentró solo en las grandes ciudades.
Por: Jaime Peña Robles | Las curadurías urbanas garantizan la revisión de los parámetros de sismorresistencia sobre el papel, pero el colapso estructural ocurre en las obras, y si miramos, el escenario es aún más preocupante considerando que en la provincia colombiana estas instituciones ni siquiera existen.
El reciente terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el Chocó, desnudó la profunda fractura institucional que padece el desarrollo urbano del país, un abismo insalvable entre el rigor técnico de las grandes capitales y la precariedad de los municipios pequeños. Mientras las ciudades principales debaten la eficiencia de sus curadores, el resto del país sobrevive bajo el huérfano amparo de secretarías de planeación sin dientes y sin presupuesto.
La opinión pública suele juzgar el desarrollo urbano como si todo el territorio nacional jugara con las mismas reglas. Se olvida que las curadurías urbanas son un privilegio reservado por ley. El Decreto 1077 de 2015 es taxativo: estas figuras privadas solo operan en municipios con poblaciones superiores a 100.000 habitantes, o en aquellos donde la actividad edificadora sea tan boyante que garantice la autosostenibilidad financiera de al menos dos oficinas.
Esta regla condena automáticamente a los municipios de categorías 4, 5 y 6, la inmensa mayoría de Colombia, a un régimen de vulnerabilidad permanente. Los reportes consolidados de la UNGRD tras la emergencia evidencian una cifra reveladora: de los 472 municipios afectados por el sismo, más del 98% (465), no cuentan con la figura de curador urbano. En estos territorios, la responsabilidad de estudiar, tramitar y expedir las licencias urbanísticas recae exclusivamente en las secretarías de planeación municipal, quienes tienen otra misionalidad.
En las pocas capitales afectadas que sí cuentan con curadurías como Cali o Pereira, la vigilancia del proceso constructivo en la obra es competencia exclusiva de alcaldes, inspectores de policía y oficinas de control físico según el Decreto 1077 de 2015. Es ahí donde el sistema falla, permitiendo que edificaciones con licencia formal sean modificadas ilegalmente con materiales o dosificaciones deficientes o cambiando las condiciones de los refuerzos estructurales que exige la NSR-10.
No obstante, para confirmar con rigurosidad científica esta tesis, habrá que esperar un balance definitivo sobre el tipo de fallas estructurales presentadas en las edificaciones licenciadas por las curadurías. Este informe pericial de patología estructural será el que dictamine de forma inapelable si los daños se debieron a errores de cálculo en el licenciamiento previo, o si como todo apunta, fueron el resultado exclusivo de las malas prácticas y la falta de supervisión durante la fase de construcción y ejecución de la obra en el terreno.
Es conocido por quienes estamos en este mundo de la construcción y el desarrollo urbano, que la NSR-10 requiere una actualización urgente tras más de 15 años de rezago técnico. Pero de nada servirá una norma perfecta en los escritorios si el modelo de validación segrega deliberadamente al territorio.
La lección que nos deja la tragedia no debe ser la de la resignación, sino la de la transformación urgente de nuestro ordenamiento y desarrollo territorial. aColombia tiene el conocimiento técnico y la capacidad institucional para evitar que el próximo sismo se traduzca en luto; lo que le falta es voluntad política para descentralizar la seguridad y conectar las normas con el territorio.La solución estructural para cerrar la brecha de vulnerabilidad requiere en mi humilde opinión, dos reformas inmediatas: una, crear las curadurías regionales y centros técnicos de Apoyo, los cuales operarían como curadurías asociadas para los municipios de categorías 4, 5 y 6, asumiendo la revisión rigurosa de los diseños sismorresistentes y liberando a las secretarías de planeación de una carga técnica para la cual no están estructuradas; y segunda, Institucionalizar el Supervisor Técnico de Obra Público para que los municipios, cofinanciados por la Nación, creando cuerpos especializados de inspectores civiles. No podemos seguir delegando el control de materiales y estructuras a inspectores de policía multifuncionales.
Garantizar la vida de los ciudadanos frente a los rigores de la naturaleza no puede depender del censo poblacional de un municipio o de la rentabilidad de su mercado inmobiliario. Si unificamos la rigurosidad técnica de una curaduría con alcance regional con un control en obra estricto y especializado, Colombia dejará de firmar promesas sismorresistentes sobre el papel para empezar a construir realidades verdaderamente seguras en el territorio.
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*Arquitecto, especialista en gerencia de proyectos, especialista en gestión de la planificación urbana y regional y magister en ordenamiento territorial.
