Con un llamado al Gobierno, al Congreso y a las entidades territoriales, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, presentó su respaldo al proyecto de Ley Orgánica de Competencias, iniciativa que busca reglamentar la reforma al Sistema General de Participaciones y fortalecer la financiación educativa desde 2027.
La discusión sobre la financiación de la educación pública en Colombia entra en una nueva etapa. Después de décadas de reclamos por la insuficiencia de recursos y por las crecientes brechas entre regiones, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) volvió a poner sobre la mesa un debate que considera determinante para el futuro del país: la aprobación de una Ley Orgánica de Competencias que reglamente la reciente reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP).
El planteamiento de la organización sindical parte de una premisa central: el reconocimiento constitucional del derecho a la educación debe ir acompañado de una estructura financiera que permita hacerlo efectivo en cada municipio del país.
En un documento divulgado por el Comité Ejecutivo, FECODE sostiene que “el SGP constituye la columna de la financiación del derecho a la educación en Colombia”, razón por la cual la reglamentación de la reforma constitucional representa el siguiente paso para convertir los cambios aprobados en resultados concretos para estudiantes, docentes y comunidades educativas.
La organización recuerda que durante la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 promovió la creación de una comisión de alto nivel que reunió al Gobierno Nacional, la Procuraduría General, representantes de municipios, departamentos y ciudades capitales. El propósito fue construir acuerdos técnicos y políticos que permitieran fortalecer el sistema de financiación.
Ese proceso desembocó en la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2024, que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, incrementando progresivamente los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales.
Según explica FECODE, dichos recursos crecerán hasta alcanzar el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación durante un periodo de doce años, contado desde la expedición de la futura Ley Orgánica de Competencias.
El desafío ahora está en reglamentar la reforma
Para la federación, la aprobación del acto legislativo resolvió únicamente una parte del problema. La verdadera transformación dependerá del contenido de la ley que defina cómo se distribuirán los recursos, cuáles serán las responsabilidades de cada nivel de gobierno y cuáles serán las prioridades del gasto público.
El documento señala que la reforma constitucional establece que los recursos adicionales del SGP deberán destinarse progresivamente a garantizar los derechos a la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico.
En ese sentido, FECODE advierte que la futura ley deberá impedir que esos recursos sean desviados hacia otros sectores y asegurar que respondan al cierre de las brechas sociales, económicas y territoriales.
Uno de los objetivos destacados consiste en elevar a rango constitucional la universalización de los tres grados de educación preescolar, nueve años de educación básica, dos de educación media y ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior mediante el fortalecimiento de las instituciones oficiales.
La organización considera que estos cambios representan una oportunidad para corregir desigualdades históricas entre las grandes ciudades y las regiones más apartadas, donde la infraestructura educativa, la cobertura y la permanencia escolar continúan enfrentando importantes limitaciones.
Cinco pilares para transformar el Sistema General de Participaciones
Dentro de la propuesta presentada por FECODE aparecen cinco elementos considerados estratégicos para el éxito de la futura ley.
El primero corresponde al enfoque de derechos, entendido como el eje transversal de toda la reglamentación.
El segundo plantea que el 80% del incremento de los recursos deberá dirigirse a los sectores priorizados de educación, salud y agua potable, con el propósito de garantizar el cierre de las brechas estructurales del sistema educativo público.
El tercer componente propone una definición clara de las competencias entre Nación, departamentos, distritos y municipios, buscando fortalecer el carácter nacional del sistema educativo y brindar estabilidad a la planta docente.
El cuarto aspecto incorpora una distribución de recursos basada en una perspectiva de canasta educativa, orientada a financiar las necesidades reales de cada territorio y reducir las diferencias sectoriales, estructurales y regionales.
Finalmente, el quinto punto enfatiza el fortalecimiento de la autonomía territorial mediante mayores capacidades institucionales, redes locales de participación ciudadana y mecanismos que permitan garantizar los derechos de la población.
En palabras del documento, estos elementos buscan “fortalecer el Estado social de derecho como pilar de la construcción de Nación”, articulando los esfuerzos del Gobierno Nacional con las administraciones territoriales.
El llamado político de FECODE al nuevo Gobierno y al Congreso
El pronunciamiento adquiere una dimensión política al dirigirse expresamente al Gobierno recientemente posesionado y al nuevo Congreso de la República.
FECODE recuerda que durante el primer semestre de 2026 participó en audiencias públicas realizadas en diferentes regiones del país junto con gobernadores, alcaldes y organizaciones sociales para recoger propuestas destinadas a enriquecer el proyecto de Ley Orgánica de Competencias.
Sin embargo, ese primer intento legislativo terminó archivado en su primer debate.
Ahora, la federación destaca que la iniciativa fue nuevamente radicada por el Gobierno Nacional, acompañada del correspondiente aval fiscal, circunstancia que reabre la discusión parlamentaria.
El documento sostiene que “el texto de la ponencia del proyecto de ley orgánica permitirá materializar lo conquistado en el Acto Legislativo 03 de 2024”, al considerar que la reforma al SGP es el resultado de más de dos décadas de debates, estudios y movilización social.
Más allá de los aspectos técnicos, FECODE insiste en que la discusión tiene un profundo contenido social. Para la organización, reglamentar adecuadamente el Sistema General de Participaciones permitirá consolidar la educación inclusiva, fortalecer las escuelas normales superiores, impulsar los institutos técnicos, industriales, agropecuarios y comerciales, además de mejorar la articulación entre la educación media y la superior.
