Hay decisiones que no solo cambian la economía de un país; cambian la vida de millones de familias. El trabajo por horas puede venderse como una solución al desempleo, pero también puede convertirse en el comienzo de una nueva forma de precarizar el empleo en Colombia.
Por Diego Armando Pérez Mayorga | Las conquistas laborales nunca desaparecen de un solo golpe. Primero cambian de nombre. Después se presentan como inevitables. Más tarde se justifican en nombre del progreso y, cuando la sociedad descubre lo que ha perdido, ya es demasiado tarde para recuperarlo. Por eso, el debate sobre el trabajo por horas merece mucho más que aplausos o rechazos. Merece memoria, responsabilidad y una discusión nacional que vaya más allá de los intereses políticos o económicos del momento.
La historia del trabajo deja una lección que no podemos olvidar: ningún derecho laboral fue un regalo. La jornada máxima, el descanso remunerado, las vacaciones, las prestaciones sociales, la seguridad social y la libertad sindical fueron el resultado de décadas de organización, movilización y sacrificio. Miles de trabajadores alrededor del mundo fueron perseguidos, despedidos, encarcelados e incluso perdieron la vida para que hoy millones de personas puedan ejercer su oficio bajo condiciones más humanas. Olvidar ese pasado sería el primer paso para repetirlo.
En ese contexto aparece el anuncio del gobierno entrante de reglamentar el trabajo y la cotización por horas. Sus defensores sostienen que será una herramienta para formalizar trabajadores que hoy sobreviven en la informalidad y facilitar la contratación en distintos sectores de la economía. Ese propósito no puede desestimarse. Colombia enfrenta uno de los índices de informalidad más altos de la región y millones de personas carecen de cualquier tipo de protección laboral. Toda iniciativa que busque incorporarlas al sistema merece ser analizada con seriedad y sin prejuicios.
Sin embargo, las reformas laborales no deben juzgarse únicamente por las buenas intenciones que las inspiran, sino por las consecuencias que pueden producir. Es natural que las empresas busquen ser más eficientes y reducir costos; esa es la lógica del mercado. El verdadero reto consiste en impedir que esa eficiencia termine trasladando toda la incertidumbre al trabajador y a su familia.
Porque la realidad de una familia no se mide por horas. El arriendo no disminuye cuando se reducen los turnos. Los alimentos no bajan de precio porque una persona solo haya sido llamada algunos días de la semana. Los servicios públicos llegan completos, los colegios cobran la misma matrícula y las obligaciones económicas no esperan a que aparezcan nuevas horas de trabajo. La vida exige estabilidad, aunque el empleo deje de ofrecerla.
Quienes respaldan esta modalidad recuerdan, con razón, que los derechos laborales seguirán existiendo de manera proporcional al tiempo trabajado. Ese argumento tiene sustento jurídico. Sin embargo, la discusión de fondo no consiste únicamente en cuánto vale una hora de trabajo, sino en cuántas horas tendrá realmente un trabajador al finalizar el mes. Porque de poco sirve que las prestaciones se liquiden correctamente si el ingreso total no alcanza para sostener una familia con dignidad.
Ese es el riesgo que hoy preocupa a buena parte del movimiento sindical y a numerosos especialistas en derecho laboral. No porque el trabajo por horas sea, por definición, perjudicial, sino porque una herramienta concebida para formalizar empleo también podría ser utilizada para fragmentar puestos de trabajo que hoy son estables. Ese escenario no puede darse por hecho, pero tampoco puede descartarse sin un debate serio y sin reglas claras que impidan abusos.
Lo verdaderamente preocupante es que esta discusión parece centrarse casi exclusivamente en las necesidades del mercado y muy poco en las necesidades del trabajador. Se habla de productividad, competitividad, costos laborales y crecimiento económico, conceptos indispensables para cualquier país, pero pocas veces se formula una pregunta igual de importante: ¿qué tipo de vida podrá construir un trabajador cuyo ingreso dependa de las horas que el mercado decida comprarle cada semana?
La estabilidad laboral no es un privilegio; es el cimiento sobre el cual millones de familias organizan su existencia. Gracias a ella una persona se atreve a comprar una vivienda, solicitar un crédito, planear la educación de sus hijos o simplemente mirar el futuro con un poco de tranquilidad. Cuando esa estabilidad comienza a debilitarse, el impacto deja de ser únicamente económico y termina afectando el tejido social de toda una nación.
No se trata de defender un modelo laboral inmóvil ni de rechazar cualquier propuesta de modernización. El mundo cambia y las leyes deben adaptarse a nuevas realidades. Pero modernizar nunca puede convertirse en sinónimo de precarizar. Una reforma solo merece llamarse progreso cuando mejora las condiciones de quienes producen la riqueza y no cuando traslada los riesgos del mercado exclusivamente a quienes viven de su trabajo.
Tampoco sería acertado convertir este debate en una confrontación ideológica. La dignidad del trabajo no pertenece a la izquierda ni a la derecha; pertenece a toda sociedad que aspire a ser más justa. Los derechos laborales han sobrevivido a gobiernos de distintas corrientes porque responden a un principio fundamental: quien trabaja merece condiciones que le permitan vivir con dignidad, proteger a su familia y construir un proyecto de vida.
Los sindicatos también tienen una enorme responsabilidad. No basta con rechazar la propuesta; deben presentar alternativas que permitan formalizar a quienes hoy están excluidos sin poner en riesgo la estabilidad de quienes ya cuentan con un empleo. Defender derechos también implica proponer soluciones.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio. Colombia necesita generar más empleo, reducir la informalidad y fortalecer su productividad, pero jamás debería hacerlo sacrificando la tranquilidad de millones de trabajadores. Un empleo digno no se mide únicamente por el número de horas contratadas ni por el salario que aparece en una nómina; se mide por la posibilidad de vivir con estabilidad, planear el futuro y saber que el esfuerzo de hoy abrirá mejores oportunidades para mañana.
La historia juzgará esta reforma no por los discursos que hoy la acompañan, sino por la realidad que vivan los trabajadores dentro de diez o veinte años. Si logra incorporar a millones de colombianos a la formalidad sin destruir el empleo estable, habrá sido un avance importante. Pero si termina convirtiendo el trabajo permanente en una sucesión de jornadas inciertas, el país descubrirá demasiado tarde que la flexibilidad tuvo un costo mucho más alto de lo que imaginó.
Porque los derechos laborales nunca han sido eternos. Se conquistan, se defienden y, cuando la sociedad deja de valorarlos, también pueden perderse. Colombia necesita más empleo, sí, pero necesita, sobre todo, empleo digno. La pregunta que debemos responder antes de celebrar cualquier reforma no es cuántas horas más podrá contratar una empresa, sino qué clase de país queremos construir: uno donde el trabajo permita vivir con dignidad, o uno donde millones de personas vivan esperando que alguien les conceda unas cuantas horas para sobrevivir. Esa respuesta no definirá únicamente el futuro del empleo; definirá el futuro de la dignidad del trabajo en Colombia.
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Vicepresidente junta directiva nacional Asociación Sindical de la Industria del Petróleo y Gas (Asopetrogas)
