Los hijos de la tradición reformista colombiana… ¿Continuidad o ruptura? El legado político de las nuevas generaciones familiares en Colombia. De la plaza pública al establecimiento: una reflexión sobre las herencias políticas en Colombia. Legados en disputa: memoria, poder y coherencia política en las nuevas generaciones.
Por: María Velásquez | Apellidos, poder y memoria, en una Colombia distinta a los años 40-60-90, motivan hacer un recorrido y un primer análisis de las decisiones políticas y trayectorias de figuras como los descendientes de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, Horacio Serpa Uribe y Carlos Pizarro Leongómez. Desde una perspectiva sociológica interesante podría partir de la siguiente pregunta central:
La historia enseña que los grandes cambios geopolíticos no solo modifican las fronteras del poder internacional; también transforman las disputas ideológicas y los proyectos políticos al interior de las naciones. Colombia no escapa a esta realidad. Mientras el mundo asiste al declive relativo de la hegemonía unipolar estadounidense y al surgimiento de un escenario multipolar protagonizado por actores como China, Rusia, India y los países agrupados en la BRICS, en Colombia emerge un debate de fondo: ¿siguen vigentes los ideales democráticos y constitucionales consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991 o asistimos a una restauración conservadora y autoritaria?
La pregunta no es menor. La Constitución de 1991 nació como una apuesta civilista. Fue el resultado de un amplio consenso nacional que buscó superar décadas de exclusión política, violencia bipartidista y conflicto armado. Su espíritu se edificó sobre pilares fundamentales: la democracia participativa, el pluralismo político, la descentralización, la protección de los derechos humanos, la diversidad cultural y la prevalencia del interés general. Sin embargo, tres décadas después, dichos principios continúan siendo objeto de disputa.
Desde una perspectiva sociológica, Colombia vive una profunda tensión entre dos proyectos de sociedad. Por un lado, sectores democráticos reivindican la ampliación de derechos, la justicia social, la participación ciudadana y el cumplimiento integral del pacto constitucional. Por otro, persisten sectores políticos y económicos que conciben la democracia exclusivamente como un mecanismo electoral, subordinado a los intereses del mercado y de las élites tradicionales.
Esta tensión no es nueva. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos advertía que muchas democracias latinoamericanas padecen una “democracia de baja intensidad”: sistemas donde existen elecciones periódicas, pero donde amplios sectores sociales permanecen excluidos de las decisiones fundamentales sobre la economía, el territorio y el modelo de desarrollo. En Colombia, el debate sobre la tierra, la transición energética, la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la protección ambiental y las reformas sociales expresa precisamente esa disputa.
La actual reconfiguración geopolítica también ha venido acompañada del ascenso global de movimientos nacionalistas, ultraconservadores y autoritarios. Desde diversas latitudes, emergen discursos que apelan al miedo, la inseguridad, el castigo y la polarización como instrumentos de movilización política. Estos fenómenos encuentran terreno fértil en sociedades afectadas por la desigualdad, la incertidumbre económica y la crisis de representación institucional. Colombia no está aislada de esta tendencia.
En un contexto de desinformación digital, crisis económica y persistencia de la violencia, resurgen narrativas que exaltan el orden por encima de las libertades, la seguridad por encima de los derechos y la autoridad por encima de la deliberación democrática. Paradójicamente, estas propuestas suelen reivindicar la defensa de la institucionalidad mientras cuestionan principios esenciales del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991.
La historia latinoamericana demuestra que cuando la seguridad se convierte en argumento absoluto, la democracia corre el riesgo de reducirse. La reacomodación geopolítica obliga a Colombia a definir su lugar en el mundo. ¿Continuará reproduciendo un modelo económico altamente extractivista y dependiente, o avanzará hacia un proyecto de desarrollo soberano, sostenible e incluyente? ¿Fortalecerá la integración regional latinoamericana o profundizará la fragmentación política continental?
¿Asumirá la transición energética como una oportunidad histórica o persistirá en esquemas tradicionales de acumulación económica? Estas preguntas no son exclusivamente económicas; son, ante todo, democráticas. Porque la verdadera fortaleza de una nación no reside únicamente en sus indicadores macroeconómicos, sino en la capacidad de sus instituciones para garantizar derechos, reducir desigualdades y construir consensos sociales duraderos.
La democracia colombiana sigue siendo una obra inacabada. La vigencia de la Constitución de 1991 dependerá menos de los discursos y más de la capacidad de la sociedad para defender sus principios fundamentales frente a cualquier intento de regresión autoritaria, venga de donde venga. La coyuntura internacional puede modificar alianzas, mercados y correlaciones de fuerza globales. Pero ninguna transformación geopolítica sustituirá la tarea esencial de toda democracia: garantizar dignidad, participación, pluralismo y justicia social.
En tiempos de incertidumbre mundial, quizá el mayor desafío para Colombia no sea escoger entre Oriente u Occidente, entre globalización o soberanía, sino decidir si está dispuesta a profundizar su pacto democrático o resignarse a administrar sus históricas exclusiones. Porque, al final, las constituciones no se defienden únicamente en los tribunales; se defienden diariamente en la conciencia crítica de la ciudadanía.
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*Socióloga – Lideresa social-política- feminista – Gestora social, Consejera nacional – Distrital
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