La solicitud de la interventoría para que Aguas de Barrancabermeja estudie la declaratoria de siniestralidad del contrato de la PTAR San Silvestre marca un momento decisivo. La discusión ya no gira únicamente alrededor de una obra paralizada, sino sobre la posibilidad de establecer responsabilidades frente a uno de los proyectos públicos más importantes y costosos de la ciudad.
Por: Pedro Severiche Acosta | Cuando una interventoría recomienda estudiar la declaratoria de siniestralidad de un contrato, no está realizando un trámite de rutina. Está advirtiendo, con fundamento en el seguimiento técnico, que existen hechos que ameritan una evaluación formal. En este caso, once requerimientos enviados desde octubre de 2025 al contratista para presentar un plan de trabajo y reactivar las obras no produjeron resultados.
La PTAR San Silvestre fue concebida como una solución histórica para el saneamiento ambiental de Barrancabermeja. Su objetivo es reducir la contaminación de las fuentes hídricas y mejorar la calidad de vida de miles de habitantes. Sin embargo, hoy el proyecto simboliza los riesgos que enfrenta una obra pública cuando los cronogramas dejan de cumplirse y las soluciones nunca llegan.
La preocupación aumenta al revisar la inversión comprometida. Ya se han destinado más de 200 mil millones de pesos, una cifra que representa un enorme esfuerzo para las finanzas públicas. Detrás de esos recursos están los impuestos de los ciudadanos, que esperan resultados y no estructuras inconclusas.
Cada mes de inactividad incrementa la incertidumbre. No solo se retrasan los beneficios ambientales para la ciudad, sino que también crecen los riesgos de deterioro de las obras ejecutadas y los costos asociados a una eventual reactivación. El tiempo, en este tipo de proyectos, casi siempre termina costando más dinero.
La solicitud de la interventoría cambia el enfoque del debate. Ya no se trata solamente de encontrar mecanismos para reiniciar los trabajos, sino de establecer si hubo un incumplimiento contractual que pueda dar lugar a la declaratoria de siniestralidad, la efectividad de las garantías e incluso la caducidad del contrato, siempre respetando el debido proceso.
Es importante aclarar que la siniestralidad no ha sido declarada. Lo solicitado es que la entidad competente estudie si existen los fundamentos jurídicos y técnicos para iniciar ese procedimiento. Esa diferencia es esencial, porque cualquier decisión deberá estar sustentada en pruebas y ajustarse estrictamente a la ley.
Lo que sí resulta evidente es que la inacción ya no puede ser una opción. Las entidades públicas tienen la obligación de proteger el patrimonio colectivo y actuar con oportunidad cuando un contrato presenta señales persistentes de incumplimiento. Permitir que la parálisis continúe solo profundizaría el daño económico y la pérdida de confianza ciudadana.
Barrancabermeja necesita una PTAR funcionando, no una obra convertida en símbolo de retrasos y litigios. La decisión que adopte Aguas de Barrancabermeja será determinante para el futuro del proyecto y enviará un mensaje sobre la capacidad institucional para defender los recursos públicos. Al final, lo que está en juego no es únicamente un contrato, sino la credibilidad del Estado frente a una inversión superior a los 200 mil millones de pesos y la esperanza de una ciudad que sigue esperando una solución ambiental largamente prometida.
_
Comunicador Social y Periodista
