El procurador general, Gregorio Eljach, trazó un balance crítico sobre el gobierno de Gustavo Petro, defendió la legitimidad de las elecciones presidenciales y aseguró que la democracia colombiana superó una de sus pruebas más complejas en años.
La transición política en Colombia, tras la elección presidencial que llevó a Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, ha abierto un nuevo escenario de análisis sobre el comportamiento de las instituciones durante los últimos años. En ese contexto, las declaraciones del procurador general, Gregorio Eljach, adquieren un peso especial por la radiografía que hace de la relación entre el poder Ejecutivo y la estructura institucional del país.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que el proceso electoral reciente representó “un evento inédito en la política electoral colombiana”, marcado por tensiones, desconfianza y temores sobre una posible alteración del orden democrático. Según Eljach, la llamada Paz Electoral surgió precisamente como una respuesta institucional a ese ambiente de incertidumbre.
“Hace un año se hablaba de que el presidente Petro no iba a hacer elecciones, que de pronto la propuesta de una constituyente era para cambiar el régimen político”, recordó el procurador, al describir el clima político que antecedió a los comicios. En su análisis, estas hipótesis alimentaron un escenario de alta preocupación entre empresarios, líderes sociales y organismos de control.
La estrategia de Paz Electoral, articulada entre la Procuraduría, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, buscó blindar el proceso democrático. Para Eljach, el resultado fue contundente: “hubo elecciones en tranquilidad, no hubo violencia, no hubo sangre”.
Ese mensaje tiene una lectura política clara. Más allá de celebrar la normalidad electoral, el procurador deja entrever que existió un riesgo latente de desestabilización institucional. Su afirmación de que “siempre estuvo a prueba la institucionalidad” sintetiza la percepción de un Estado que tuvo que activar sus contrapesos frente a las tensiones promovidas desde el propio Ejecutivo.
Eljach fue enfático al negar cualquier irregularidad en los comicios. “No hubo fraude, no hubo trampa”, afirmó, cerrando la puerta a las versiones que durante meses circularon desde sectores cercanos al petrismo y que cuestionaban la labor de la Registraduría. En ese punto, el procurador defendió la legalidad de los resultados y subrayó que todas las herramientas jurídicas estuvieron disponibles para quien quisiera impugnarlos.
Uno de los aspectos más delicados de sus declaraciones tiene que ver con la actitud del presidente Petro tras la derrota de su candidato, Iván Cepeda. Eljach calificó como “lamentable” la demora del mandatario en reconocer el triunfo de De la Espriella y consideró que esa conducta hace parte de un patrón reiterado.
“Es una actitud sistemática, permanente, de erosionar la credibilidad y la legitimidad de las instituciones electorales”, aseguró.
La frase tiene un peso simbólico y político considerable. No es común que el procurador general formule una crítica tan frontal al jefe de Estado. Más aún cuando se trata de un señalamiento sobre el respeto a las reglas democráticas.
Desde una perspectiva institucional, la lectura de Eljach sugiere que durante el cuatrienio Petro hubo un pulso constante entre el Ejecutivo y otros poderes públicos. La propuesta de una eventual constituyente, los debates sobre la consulta popular y las críticas recurrentes a órganos de control y tribunales son presentados como episodios de esa confrontación.
El procurador, sin embargo, considera que el sistema resistió. “La justicia fue ejemplar en su actitud, como un dique de contención frente a cualquier tipo de desbordamiento”, dijo.
Esa expresión revela el papel que, a juicio de Eljach, jugaron las altas cortes y las instituciones autónomas para evitar rupturas del equilibrio democrático. En su visión, el sistema de pesos y contrapesos funcionó.
Pero el balance del procurador no se limitó al plano electoral. También hizo una evaluación severa de algunas de las principales banderas del gobierno Petro, especialmente en salud y seguridad. “Hay déficit de logros, sin duda”, señaló.
La crítica más dura se centró en la política de paz total, emblema central de la administración saliente. Para Eljach, aunque esa estrategia tuvo respaldo legal y político, sus resultados fueron deficientes. “Es una política de gobierno y no de Estado”, advirtió, dejando claro que el nuevo gobierno no tiene obligación de continuarla.
Los argumentos del procurador se apoyan en indicadores preocupantes: expansión territorial de grupos armados, incremento de cultivos ilícitos y mayor control criminal sobre comunidades. “El aumento de territorio que no domina plenamente el Estado es una evidencia”, afirmó.
Este diagnóstico coincide con las críticas que desde distintos sectores se han hecho a la política de negociación con grupos armados ilegales. Eljach incluso fue más allá al señalar que “el incremento en el dominio sobre población civil” demuestra que la estrategia fortaleció a organizaciones criminales en lugar de debilitarlas.
Otro punto de controversia fue su referencia a los movimientos de funcionarios dentro del Ejecutivo, en particular el caso de Felipe Harman, quien salió temporalmente del Gobierno para hacer campaña y luego regresó.
Eljach fue categórico: “Eso es feo, desagradable y afrentoso contra la sociedad”.
Aquí el procurador no cuestiona únicamente la legalidad de esos actos, sino su dimensión ética. Su mensaje es claro: la legitimidad política no se sostiene solo en el cumplimiento formal de las normas, sino también en la percepción pública sobre el uso del poder.
De cara al gobierno entrante de De la Espriella, Eljach planteó un tono de cooperación institucional, aunque reiteró la autonomía de la Procuraduría. “Somos control al poder, no a las personas”, dijo.
Ese matiz es relevante porque marca la línea que seguirá el Ministerio Público en la nueva administración: acompañamiento, pero con independencia.
El inicio del empalme entre el gobierno saliente y el entrante será clave para medir la calidad de esa transición. Eljach insiste en que debe hacerse con información “veraz y oportuna”, un mensaje que apunta tanto a la transparencia administrativa como a la necesidad de garantizar continuidad estatal.
En el fondo, las declaraciones del procurador reflejan una conclusión central: la democracia colombiana, pese a la polarización y los intentos de deslegitimación, logró sostenerse.
La llegada de De la Espriella abre una nueva etapa, pero el debate sobre el legado institucional de Petro seguirá vigente. Eljach deja planteada una tesis contundente: que el verdadero triunfo de este proceso no fue únicamente la elección de un nuevo presidente, sino la demostración de que las instituciones, aun bajo presión, siguen siendo el principal sostén del sistema democrático colombiano.
