El 8 de marzo de 2026, Colombia elegirá a sus representantes en el Congreso y definirá candidaturas presidenciales mediante consultas interpartidistas. La Misión de Observación Electoral advirtió sobre riesgos democráticos, incluyendo violencia política y falta de garantías, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y seguridad del proceso electoral.
Por: Letty Carranza |Las elecciones del próximo 8 de marzo en Colombia no son un evento aislado. Ese día, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, además de participar en las consultas interpartidistas que definirán las candidaturas presidenciales de cara a la primera vuelta del 31 de mayo. Se trata de una jornada clave que marcará el rumbo político del país en los próximos años.
Sin embargo, más allá de la importancia institucional de estos comicios, lo que hoy preocupa a la ciudadanía y a los organismos de control es la fragilidad de las condiciones democráticas en las que se desarrollará la contienda. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido sobre riesgos significativos que amenazan la transparencia y la seguridad del proceso. Entre ellos destacan la violencia política, la falta de garantías para algunos sectores y la persistencia de prácticas que debilitan la confianza en las instituciones.
Uno de los puntos más delicados es la violencia política. En distintas regiones del país, líderes sociales, candidatos locales y militantes de partidos han sido víctimas de amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos. Este fenómeno no solo afecta la vida de quienes participan en la política, sino que también limita la libertad de elección de las comunidades. Cuando un candidato no puede hacer campaña con tranquilidad, la democracia se ve mutilada.
La falta de garantías también se refleja en la desigualdad de condiciones para competir. En algunos territorios, los partidos minoritarios enfrentan obstáculos para acceder a espacios de difusión, mientras que en otros la presión de grupos armados ilegales condiciona la participación. La MOE ha señalado que estas situaciones generan un terreno desigual que favorece a unos y excluye a otros, lo que contradice el principio básico de igualdad en la democracia.
A ello se suma la desinformación, que circula con fuerza en redes sociales y medios digitales. Noticias falsas, rumores y campañas de desprestigio se han convertido en herramientas para manipular la opinión pública. En un país donde la confianza en las instituciones es frágil, la desinformación puede tener efectos devastadores, sembrando dudas sobre la legitimidad del proceso y polarizando aún más a la sociedad.
La pregunta que surge es: ¿qué tan preparada está Colombia para enfrentar estos riesgos? Las autoridades electorales han insistido en que se están tomando medidas para garantizar la transparencia, como el fortalecimiento de la vigilancia tecnológica y la capacitación de jurados de votación. La Registraduría Nacional, por ejemplo, estableció reglas claras para las consultas interpartidistas, incluyendo la unificación de las tarjetas electorales para proteger el secreto del voto.
Sin embargo, la magnitud de los desafíos exige un esfuerzo mucho mayor, que involucre no solo a las instituciones, sino también a la ciudadanía y a los medios de comunicación. La democracia no se defiende únicamente con leyes y decretos; se protege con participación activa y con un compromiso colectivo por la verdad y la justicia.
En este sentido, los ciudadanos tienen un papel fundamental: informarse de manera responsable, exigir garantías y denunciar irregularidades. Los medios, por su parte, deben asumir la tarea de informar con rigor y evitar convertirse en vehículos de desinformación.
El contexto internacional también ofrece lecciones. En varios países de la región, los procesos electorales han estado marcados por la violencia y la manipulación, lo que ha debilitado la confianza en la democracia. Colombia no puede permitirse seguir ese camino. Por el contrario, debe demostrar que es capaz de superar sus dificultades y garantizar elecciones libres, transparentes y seguras.
La columna vertebral de la democracia es la confianza. Sin ella, cualquier resultado electoral será cuestionado y cualquier gobierno carecerá de legitimidad. Por eso, las advertencias de la MOE deben ser tomadas con seriedad y traducirse en acciones concretas. No basta con reconocer los riesgos; es necesario enfrentarlos con decisión y con políticas claras que protejan a los candidatos, a los votantes y a las instituciones.
El reto es enorme, pero también es una oportunidad. Las elecciones de marzo pueden convertirse en un punto de inflexión para fortalecer la democracia colombiana, siempre y cuando se garantice que todos los ciudadanos puedan participar en igualdad de condiciones y sin miedo. La violencia política debe ser combatida con firmeza, la desinformación debe ser enfrentada con educación y transparencia, y las instituciones deben demostrar que están a la altura del desafío.
En última instancia, la democracia no es un regalo ni una concesión; es una construcción colectiva que requiere vigilancia constante. Colombia está llamada a demostrar que, pese a las dificultades, puede avanzar hacia un proceso electoral que inspire confianza y que reafirme el compromiso del país con la libertad y la justicia.
Las elecciones del 8 de marzo no solo definirán quién ocupará las curules en el Congreso o qué candidatos avanzarán hacia la primera vuelta presidencial. El verdadero triunfo será garantizar que cada voto cuente, que cada ciudadano pueda participar sin miedo y que el resultado refleje la voluntad genuina del pueblo colombiano.
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* Topógrafa, Trabajadora Social en formación, Defensora de Derechos Humanos.
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