La presidenta de ACOPI, María Elena Ospina, advirtió que el incremento del salario mínimo en un 23,7 % ha golpeado con mayor fuerza a las microempresas, que representan la mayoría del tejido empresarial en Colombia. Además, señaló que la intervención del Consejo de Estado será clave para definir el futuro de la medida.
El reciente aumento del salario mínimo en Colombia, fijado en un 23,7 %, ha generado un intenso debate en el sector empresarial. La Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) expresó su preocupación por el impacto que esta decisión tiene sobre las microempresas, consideradas las más vulnerables dentro del ecosistema productivo nacional.
María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, señaló que el golpe más fuerte lo han recibido precisamente las microempresas, que constituyen más del 90 % del tejido empresarial del país y generan una parte significativa del empleo. Según explicó, estas unidades productivas enfrentan mayores dificultades para absorber el incremento en los costos laborales, dado que sus márgenes de rentabilidad son reducidos y su capacidad de maniobra financiera es limitada.
“Las microempresas son las que más sufren con un aumento de esta magnitud, porque no cuentan con la misma capacidad de adaptación que las grandes compañías. El incremento del 23,7 % representa un desafío enorme para su sostenibilidad”, afirmó Ospina.
La dirigente gremial también se refirió a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que establecía el aumento. Para Ospina, esta intervención abre un espacio de reflexión sobre la necesidad de equilibrar justicia social con viabilidad empresarial. “Es fundamental que las decisiones sobre el salario mínimo tengan en cuenta la realidad de las microempresas, que son las que sostienen gran parte del empleo en Colombia”, agregó.
El debate sobre el salario mínimo ha estado marcado por la tensión entre sindicatos y empresarios. Mientras los trabajadores celebran el incremento como un avance hacia la dignificación laboral y la recuperación del poder adquisitivo, los gremios empresariales advierten sobre los riesgos que implica para la generación de empleo y la estabilidad de las pequeñas unidades productivas.
En este contexto, ACOPI ha insistido en la necesidad de diseñar políticas diferenciadas que reconozcan las particularidades de las microempresas. Entre las propuestas se encuentran la implementación de incentivos fiscales, programas de apoyo financiero y medidas de flexibilización que permitan a estas compañías adaptarse al nuevo escenario sin poner en riesgo su supervivencia.
El caso también pone de relieve la importancia de fortalecer el diálogo social y la concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores. Para Ospina, el reto está en construir acuerdos que permitan avanzar en justicia social sin comprometer la sostenibilidad de quienes generan empleo en condiciones más frágiles.
La decisión final del Consejo de Estado será determinante para el rumbo económico del país en 2026. Mientras tanto, las microempresas esperan que se reconozca su papel estratégico en la economía y que las políticas públicas les brinden herramientas para enfrentar los desafíos que trae consigo el aumento del salario mínimo.
