Hace unos días antes entró en cada rincón de Colombia una diversidad de inquietudes y opiniones, favorables o contrarias a la implementación de una emergencia económica en Colombia, declarada por el Gobierno Nacional. En medio de tanto discurso y discusión, no está claro si conviene o no ponerla en marcha.
Por : Oswaldo Ríos Carrascal | Las cartas siguen sobre la mesa y estamos pendientes los desprevenidos transeúntes de este país, sobre la decisión definitiva por parte de quienes están estudiando la posibilidad de aprobarla o echarla para atrás, es decir, de abolir el decreto aprobado por el señor Presidente de la República.
¿Qué es una declaratoria de Estado de emergencia?
Según lo planteado en el primer considerando del decreto 1390 de 2025 , acorde con lo estatuido en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia dispuso que cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por periodos hasta de treinta (30) días, que sumados no podrán exceder noventa (90) días en el año calendario.
Por su parte, Minhacienda(2021), sostiene que la Constitución Política de Colombia, cuando se presentan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social o que constituyan una calamidad pública, el Presidente podrá declarar Estado de Emergencia, lo que le permitirá un actuar ágil y eficiente para hacer frente a la situación de crisis y a su vez, minimizar la expansión de los efectos de esta, mediante la expedición de decretos con fuerza de ley.
Echeverry (2026), opina que la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional ha encendido las alarmas en distintos sectores del país. Más allá del debate político, lo que hoy está en juego es el respeto por la Constitución, la separación de poderes y el control democrático sobre decisiones que afectan directamente a todos los colombianos.
Esto es una prioridad, según el autor, resulta urgente y necesario que la Corte Constitucional se pronuncie de manera rápida y de fondo, ejerciendo el control automático que la Constitución le asigna frente a este tipo de decretos excepcionales.
Si bien la emergencia económica fue concebida como un mecanismo extraordinario, reservado para situaciones imprevisibles, graves y sobrevinientes que no puedan ser atendidas a través de los canales institucionales ordinarios. Los problemas fiscales y presupuestales actuales, aunque serios, no son nuevos ni inesperados, y han sido objeto de discusión pública y legislativa durante meses.
Para Echeverry ,la Corte Constitucional es la garante última del orden constitucional. Su intervención oportuna no solo es un deber jurídico, sino una señal de estabilidad institucional para el país. Un pronunciamiento rápido permitiría: Evitar la aplicación prolongada de medidas que podrían ser inconstitucionales; dar claridad jurídica a los ciudadanos y a los actores económicos y reafirmar que los poderes excepcionales no pueden sustituir el debate democrático.
Independientemente de las concepciones o imaginarios que surjan, el decreto de emergencia no debe tomarse como caballito de batalla en medio del rifirrafe que traen consigo las campañas electorales, ni servir de argumento sin suficiente ilustración para quienes confunden o pretenden confundir al grueso de la población, aprovechando los medios de comunicación y las redes sociales para ganar adeptos y generar mas odios y rencores entre unos y otros.
Los pros y los contras deben a analizarse a fondo y debe esperarse el concepto favorable o desfavorable para entonces sí emitir los juicios valorativos que ello demande.
El decreto de emergencia económica (Decreto número 2290, emitido por la Presidencia de la República el 22 de diciembre de 2025), es un documento de 20 páginas, basa entre sus considerandos:
– Que la declaración del Estado de Emergencia autoriza a dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, con materias que tengan relación directa y específica y, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes que dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal.
– Que el artículo 215 de la Carta Política, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, Ley 137 de 1994 y los Tratados Internacionales que reconocen los Derechos Humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción, constituyen el parámetro de control constitucional de los decretos legislativos dictados en el marco del Estado de Emergencia.
-Que la Corte Constitucional ha precisado, entre otras, en la Sentencia C-383 de 2023, los elementos a examinar en la revisión de constitucionalidad de los decretos de declaratoria y los decretos de desarrollo, respecto de lo cual se han decantado los requisitos formales y materiales que integran el examen de constitucionalidad de estos decretos.
Ya en su parte resolutiva decreta:
ARTÍCULO 1o. Declárese el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto.
ARTÍCULO 2o. El Gobierno nacional, ejercerá las facultades a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994, el artículo 1º del presente decreto y las demás disposiciones que requiera para conjurar la crisis.
ARTÍCULO 3o. El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para Ilevarlas a cabo.
ARTÍCULO 4o. Convocar al Congreso de la República para el décimo día siguiente al vencimiento del cese del Estado de Emergencia, según lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución y en el artículo 46 de la Ley 137 de 1994, con el fin de que se realice el control político sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias del Gobierno nacional.
En síntesis, y acorde como Echeverry(2026) analiza, el decreto abre la puerta a decisiones de alto impacto, como la creación o modificación de impuestos y la reorganización del gasto público, sin el debate ni el control político previo del Congreso.
Agrega el citado autor, que esto genera incertidumbre jurídica, afecta la confianza de los ciudadanos y de los sectores productivos, y sienta un precedente preocupante para el equilibrio de poderes. De paso, s, el uso de esta figura para resolver dificultades fiscales estructurales traslada un problema político a un terreno excepcional, con consecuencias que pueden extenderse más allá del corto plazo.
Por ahora, seguimos a la espera con paciencia, de las decisiones que se tomen. Lo cierto es que hay en la actualidad una crisis económica y social que debe solucionarse y el Estado debe garantizar a los ciudadanos las soluciones que convengan en el corto, mediano y largo plazo, sin distingo de intereses particulares, bajo los consensos necesarios y la argumentación que alimente y nutra los pasos a seguir.
_
*Magister en educación, especialista en docencia universitaria, Ingeniero agrónomo
Instagram:@ oswaldorioscarrascal
X : @oswy62
Facebook: Oswaldo Rios Carrascal
Correo electrónico: oswaldorioscarrascal@gmail.com
